La Legislatura porteña aprobó a fin de año dos proyectos de ley que otorgan más responsabilidades a los frentistas y a las empresas de servicios con respecto al arreglo de veredas. Asimismo, la administración porteña creó la subsecretaría de Vías Peatonales, para centralizar políticas públicas sobre reparación de aceras.
Por Juan Manuel Castro
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires introduce cambios a la normativa de arreglos de vereda y fija más responsabilidades a los frentistas y a las empresas de servicios. Además, creó la subsecretaría de Vías Peatonales, a cargo de Clara Muzzio, dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
El secretario de Atención y Gestión Ciudadana, Facundo Carrillo, dijo: “Esta área centraliza el presupuesto de arreglos de veredas, son 2.200 millones de pesos al año. Va a dar permisos a cualquiera que quiera intervenir en las veredas”.
Este sistema de permisos alcanza incluso a las Comunas: “Sea la Comuna que tiene que cortar raíces o un árbol o un vecino que quiere arreglar su vereda. Esta área va a tener una planilla con la planificación de trabajos para que las empresas de servicios trabajen en la misma fecha y compartan costos”.
Además, en tiempo récord, menos de dos meses, el Poder Ejecutivo envió varios proyectos de ley para reformar la dinámica en el arreglo de veredas (contemplado en la Ley N° 2.634 de 2007) y consiguió que la Legislatura los apruebe.
“Las obras de apertura en la vía pública en el ámbito de la Ciudad entorpecen tanto el tránsito vehicular como peatonal. Sumado a ello, el profuso número de incumplimientos al régimen de aperturas vigente ha dado origen a un sin fin de reclamos ante la Administración Pública”, diagnosticó el Gobierno porteño.
Por un lado, se avaló el proyecto que tiene por objetivo generar mayor coordinación entre las diferentes entidades involucradas, tanto públicas como privadas.
En los fundamentos se indica que se crea el Registro de Personas Autorizadas para Aperturas en la Vía Pública “de modo que los sujetos no comprendidos en éste – sea por no haber cumplimentado los requisitos para su inclusión o por haber sido excluidos en virtual de algún incumplimiento – no se encontrarán habilitados para solicitar el mentado permiso de aperturas en el espacio público. De igual manera y a los fines de avanzar acorde con un criterio de unicidad y coordinación entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas prestatarias de servicios públicos u otros sujetos que soliciten permisos, se instaura la obligatoriedad de estas últimas de presentar sus planes de obra ante la Administración”
El otro proyecto aprobado fundamenta: “El 75% de la ciudadanía desconoce su responsabilidad de mantenimiento y reparación de la vereda y, por otro, estriba en la falta de capacidad del frentista para asumir los costos que derivan de su obligación”.
Y tiene “por finalidad regular la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas y/o aceras, que deben estar adaptadas a las necesidades de los peatones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Se dispone la obligación primaria del propietario frentista en cuanto a la construcción, mantenimiento, reparación y reconstrucción de las veredas, excepto para los casos de aperturas y/o roturas realizadas por empresas prestadoras de servicios públicos, para las intervenciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para las roturas ocasionadas por raíces de árboles y para todo lo relativo a la construcción de vados y rampas para personas con movilidad reducida”, afirma la iniciativa.
“A esto se suma un segundo mecanismo de control que instaura la obligación en cabeza del propietario frentista de dar aviso a la Administración de la obra que fuera a realizar para lo cual deberá informar, entre otras cuestiones, el plazo estimado de la obra, la ubicación y la superficie y volumetría afectada. Por su parte, se establece de manera más diáfana la mecánica administrativa a través de la cual se canaliza la ejecución de las obras que, siendo en principio responsabilidad del frentista, ejecuta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: se dispone la fiscalización por parte de la Administración, un procedimiento de liquidación de la deuda y el deber de imponer la sanción pertinente establecida en el Régimen de Faltas (todo ello sujeto a los pormenores que se establezcan por la vía reglamentaria)”, suma la ley.
“Además, se propone que la Administración (porteña) establezca un sistema de facilidades financieras para que los responsables puedan ejecutar estas obras, lo cual resulta atendible en función de que las mismas insumen importantes erogaciones. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a crear un programa a través del cual se incentive y promueva la reparación y el mantenimiento de las veredas, concientizando sobre la importancia de su correcto estado para una mejor calidad de vida de los ciudadanos”, agrega la norma votada en la Legislatura.
“Para generar consecuencias jurídicas en relación con las obligaciones dispuestas en el proyecto que se auspicia se proponen una serie de modificaciones e incorporaciones al Régimen de Faltas. Entre ellas, se crearon las faltas por ejecución de las obras en contravención con la normativa vigente y por falta de aviso; se incorporó la responsabilidad del guardián del inmueble y del administrador del consorcio de propietarios cuando no cumplieren en notificar a los propietarios frentistas de la intimación cursada por el GCBA”, alerta el proyecto.
La Fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) habían criticado estos proyectos: “No garantizará veredas accesibles y seguras. Sólo garantizará una interminable gestión de reparaciones deficientes y muy rentables para los contratistas privados que el Gobierno designe, tal como viene sucediendo a lo largo de los últimos 10 años. Sólo que de aprobarse el proyecto oficial, los frentistas se convertirían en clientes cautivos de estos contratistas. Una ciudad con veredas inseguras e inaccesibles, no es moderna, inclusiva ni amigable”.
Estas organizaciones apoyaron el proyecto de ley presentado por los entonces legisladores Marcelo Ramal, Laura Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Adrián Camps (PSA) para declarar la emergencia en la conservación de veredas y vados. (leer nota: “Pedimos que el Estado garantice que todos podamos circular libremente y sin lastimarnos”)