Luego del fallo de la Corte,
llegan las audiencias públicas
Tras la resolución del Máximo Tribunal que definió que el tarifazo no podría aplicarse a usuarios residenciales se abrió la puerta a otro tipo de reclamos colectivos para quienes no fueron incluidos en el fallo, pero atraviesan situación crítica. La resolución judicial que tenga esa cadena de amparos condicionará el futuro político y económico del primer gran obstáculo de la era Cambiemos. Las audiencias públicas en el ojo de la tormenta mientras que el Poder Ejecutivo alista su plan para consensuar un aumento que pase el filtro de la opinión pública. El gran secreto: ¿Cuánto se le paga a las empresas que producen gas?
Por Gabriel Morini
La causa judicial iniciada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en los tribunales de Córdoba marcó el pulso del día después de quienes fueron excluidos del fallo de la Corte Suprema de Justicia que anuló el tarifazo del gas dispuesto por el gobierno nacional.
La presentación tuvo los principales rasgos requeridos para que nuevas decisiones judiciales contemplen a los pequeños y medianos empresarios, además de comerciantes, impactados por el aumento de las tarifas en el suministro de gas, algo que el máximo tribunal declaró ilegal – aunque sin decirlo – subrayando que sin audiencias públicas conforme marca la Constitución, no es posible modificar el precio que el usuario paga por un servicio público.
Al cierre de esta edición, la causa prosperaba sin prisa pero sin pausa, luego de haber sido declarada “admisible” por el Juez Federal N° 3 Hugo Vaca Narvaja. Algo similar intentó la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) que agrupa a 10 mil pymes de todos los rubros. Siguen el camino que marcó la Corte.
El fallo del 18 de agosto marcó no solo un revés político para la administración de Mauricio Macri en materia tarifaria, sino que tuvo consecuencias a nivel económico y repercusiones judiciales, en una batalla que se extendió por más de dos meses.
En síntesis, el tribunal que habita el cuarto piso del Palacio de Talcahuano consideró que las audiencias son obligatorias para los aumentos; que el precio de gas en producción también deberá ser evaluado en audiencias si el costo no lo fija el mercado; que debe designarse un Defensor del Pueblo de la Nación; y que no podrán estar disociados – pese a no ser vinculante – lo que se discuta en las audiencias de la decisión que finalmente el Ejecutivo lleve adelante. “Gradualismo” se convirtió en una palabra clave en esta materia.
Sin embargo, al mismo tiempo que la Corte daba un cachetazo al gobierno en el primer gran fallo de trascendencia en la era Macri, circunscribía los alcances de su decisión a los usuarios residenciales de todo el país. Y a nadie más.
¿Por qué? Porque afirmó que para un fallo general se debían atender los preceptos doctrinarios que definen una clase, para que fuera aplicable una acción de clase, como se conoce a los planteos judiciales que refieren a una comunidad de intereses homogéneos de un grupo extendido de personas.
¿Eran los mismos los intereses de la Unión Industrial Argentina (UIA) que los de una jubilada del conurbano? Para la Corte no. Esos casos extremos contrastan con quienes quedaron por fuera de los alcances del fallo: un comedor, una pyme de menos de diez empleados, cuyas cuentas se desbarataron con los aumentos, o un club de barrio o un pequeño comercio, mostraron aristas más incómodas de la decisión por la imposibilidad de reconocer diferencias en la situación comprometida en la que quedarían.
Muchas pequeñas empresas anunciaron que con los nuevos costos no podrían continuar. Por eso se armaron nuevas acciones de clase que debieran prosperar en el corto plazo.
El motivo es simple: del fallo de la Corte surge la primera contradicción. Con la decisión quedaron vigentes dos cuadros tarifarios. El previo al 1 de abril para usuarios residenciales, sin los aumentos. Y uno aumentado, aunque no queda claro con qué valores.
Si los considerados inicialmente por el gobierno, un parche del 400 o 500% según correspondiere con el que intentó arreglar el desaguisado judicial, o el que evalúe de cara a las audiencias públicas. De cualquier forma, habría dos tratamientos.
Los residenciales no tendrían que pagar los aumentos, debería facturárseles solamente de acuerdo a lo que venían pagando antes del tarifazo, no habría retroactivo y si hubieran pagado de más, eso se convertiría en crédito a favor de cada consumidor.
Para los no residenciales el panorama era sombrío no porque no tuvieran razón en el reclamo, sino que por el encuadre de la acción de clase quedaban desprotegidos.
La invitación de la Corte a litigar de manera independiente desalentó a muchos que leyeron un aval al tarifazo para el 76% del total de los consumidores. Aunque parcialmente cierto, la sentencia de la Corte tiene los elementos para que como un terremoto, existan réplicas de menor intensidad. Pero réplicas al fin.
Ese camino se multiplicó a lo largo del país. En el mismo sentido, los preparativos oficiales para la audiencia pública también corren riesgo de judicialización. Asociaciones de consumidores advirtieron al ENARGAS y al Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren que los nueve encuentros previstos para el 16 de septiembre en varias ciudades del país para analizar la suba del gas no cumplen con los requisitos mínimos que solicitó la Corte en el fallo que anuló la suba tarifaria.
La clave está en que el principal déficit en la convocatoria es que el gobierno no puso hasta ahora a disposición de los usuarios ningún tipo de información vinculada a la situación del sector de la producción (precio del gas en boca de pozo), mientras que los datos del transporte y distribución aparecen de a cuentagotas.
Este es el secreto que la administración central busca guardar bajo siete llaves. ¿Cuánto cobrarán quienes “invierten” en el sector de perforación? El gobierno fijó el precio unilateralmente de lo que pagaría, algo que, en la práctica, también se hizo durante todo el kirchnerismo.
Sin embargo, aplicó el grueso del aumento, un 70% de lo que deben pagar los usuarios, a ese sector y planeaba excluirlo de cualquier discusión pública. Es, si se quiere, el principal revés de la Corte: si se aplica un precio de mercado y se paga de una forma ligada a oferta y demanda (compulsa, licitaciones, etc) no deberá someterlo a tironeos. Si lo decide de buenas a primeras aplicando un criterio propio, deberá abrir los números al público. Es considerada la madre de todas las batallas, porque allí radica un fenomenal negocio que lejos de ser deficitario provoca ganancias extraordinarias.
De cara a la audiencia que se planeaba para mediados de este mes, tampoco hay estudios sobre el impacto del aumento tarifario sobre distintos segmentos de la población. Ante la presión de las entidades y de otros espacios políticos Aranguren, recibió a las asociaciones de usuarios con la difusión de un plan previo: un promedio de un 203% de aumento, según el sector impactado.
La idea es llegar con un precio mayormente aceptado antes de la audiencia. Fijarlo, en concreto y esperar que el proceso sea solo un trance hacia la definitiva efectivización del aumento. Diez meses después de lo que debió haber sido, en el plano del desgaste, un error político que en Cambiemos se siguen reprochando.
Un sector del gobierno – en plenas internas en la materia y de improvisaciones sobre la marcha – promete que los cuerpos del expediente van a estar disponibles antes de la fecha señalada, pero al ritmo que las entidades perciben, existe la posibilidad de que recién el día de la audiencia aparezca toda la información, lo cual anula las posibilidades de debate real y reduce la convocatoria a una formalidad.
Una simple pantomima, algo que la Corte dejó bien claro – para ojos entrenados y no tanto – que no debiera suceder. Desde que anunció los aumentos, con vigencia al 1 de abril, el gobierno aplicó un crudo aumento que no tuvo parámetros en algunos casos. Recién el 7 de julio, cuando la Cámara Federal de La Plata obturó el camino con un fallo de peso que anulaba la cuestión a nivel nacional, el Ejecutivo inició el camino para desandar sus propios pasos. Allí tuvo que disponer de nuevos topes para amortiguar la presión. Hasta el mismo 18 de agosto, parte de la Casa Rosada se esperanzó con un fallo salvador que validara los aumentos. El sector bien informado no tenía expectativa alguna y se preparaba para lo peor. El presidente estaba en un término medio.
El futuro del tarifazo comenzará a dibujarse a partir de la resolución de los primeros amparos. A la par, el gobierno deberá ser lo creativo que no fue para llevar adelante las audiencias con celo de cumplir con su finalidad original. De otra forma, deberá preparase para un nuevo tsunami judicial.