Presupuesto porteño 2018 y Pacto Fiscal |
La aprobación de la ley de presupuesto pasó sin problemas por la Legislatura. La oposición volvió a criticar el destino de los gastos decidido por el macrismo. Cómo juega la relación con la Nación a la hora de la recaudación y de la marcha de la economía porteña.
Por Fernando Casasco
Un trámite, una formalidad. La Legislatura porteña acaba de aprobar la denominada “ley de leyes” para 2018: el Presupuesto. El oficialismo ni se despeinó para conseguir los 32 votos afirmativos, gracias a los legisladores propios del interbloque “Vamos Juntos”, 13 votos en contra del Frente para la Victoria, la izquierda y otros y 14 abstenciones, entre ellas las del bloque Evolución, que responde a Martín Lousteau y la UCR porteña.
Más allá de lo que ocurrió con este presupuesto hace rato que el macrismo no tiene problemas para avanzar con las normas que se propone en el recinto legislativo. La situación será aún más evidente a partir del recambio de diciembre, cuando asuman los diputados electos en octubre.
Lo paradójico es la escasez de voces que denuncien la existencia de una “escribanía” en el Palacio de Perú 160, que solo refrenda las decisiones del Ejecutivo, como otrora se denunciaba respecto al Congreso Nacional: o es que para algunos hay escribanías buenas y escribanías malas.
Algunos datos duros del presupuesto: el total de gastos para el año próximo será de 222.383 millones de pesos, con un aumento del 19,4% respecto del 2017. Unos $ 158.000 millones se obtendrán por impuestos propios de la Ciudad, $ 56.000 millones por la coparticipación federal y más de $ 17.000 millones corresponden a fuentes y aplicaciones financieras.
La iniciativa oficial pronostica un aumento de precios del 12 % anual (mientras que estimaciones privadas hablan de un índice de precios superior al 15%) y un incremento del producto bruto de la Ciudad de un 3,5 %.
A remuneraciones del personal se destinará casi $ 103 mil millones, lo que implica un crecimiento anual para sueldos del 13,6%, en línea con las pautas de contención de los aumentos en paritarias dictadas desde el gobierno nacional.
El oficialismo destaca que en materia de gastos, más de la mitad (52,9%) se aplicará a lo que se denomina “servicios sociales”: más de $ 40.000 millones para Educación (18,4%); Salud, $ 35.000 millones (15,7 %); Promoción Social, $ 19.000 millones, entre otros.
De todos modos, el mayor crecimiento se da en el área de Seguridad, con $ 34.629 millones (15,6%). Además, el Presupuesto prevé un aumento del 56% en el pago de intereses de la deuda, hasta el 4,5% del total del presupuesto (en 2008 era sólo del 1%)
La oposición denunció que la partida para Educación suma una caída de casi un 20% respecto al total en los últimos diez años. La legisladora de Evolución Natalia Fidel remarcó que “Educación y Salud crecieron en términos reales a un ritmo que es de apenas un tercio del registrado por el Gasto Total entre 2007 y 2017 (34% más para educación y 39% más para salud contra el 105% de crecimiento del gasto total), a la vez que también disminuyeron su participación en el total”.
Todo esto se da mientras año a año se denuncia la falta de vacantes escolares – para 2018 se estima que serán más de 11 mil niños los que no podrán ir a escuelas públicas – y se pretende implementar una reforma de la escuela secundaria de la cual siguen sin darse mayores datos.
También se pone en duda que las retribuciones puedan competir contra las estimaciones inflacionarias. Según el legislador kirchnerista José Cruz Compagnoli, el presupuesto del año próximo “es claramente el más salvaje que tuvo la Ciudad. Todas las partidas crecen por debajo de la inflación, lo único que crece por encima son los intereses de la deuda”. Carlos Tomada, también del FPV, enfatizó que las estimaciones del presupuesto “no son realistas y por la trayectoria fiscal del PRO podemos suponer que esto va a provocar que haya déficit fiscal y nuevo endeudamiento”.
Un pacto para recaudar
La Ley Tarifaria y el Código Fiscal se aprobaron en la misma sesión, con una mayoría más amplia: 43 votos afirmativos, 15 negativos y una abstención. En materia tributaria, la ley prevé un incremento promedio del 20% del ABL, estableciéndose un tope del 23,4%. Un “alivio” para los vecinos porteños, acostumbrados a diez años de aumentos muy por encima de la inflación.
Pese a que no es el impuesto que los porteños sienten más directamente, el 55% de la recaudación tributaria de la Ciudad es por Ingresos Brutos: en 2018 los ingresos por este tributo deberían sumar unos $ 112.000 millones.
Pero este dato entra en colisión con el pacto fiscal que recientemente la Ciudad de Buenos Aires, junto a otras 22 provincias (solamente no lo hizo San Luis), firmaron con el gobierno nacional: en él las provincias asumieron el compromiso de reducir impuestos distorsivos (ingresos brutos y sellos) por el 1,5% del PBI en los próximos 5 años.
El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta calificó de histórico el acuerdo y afirmó que los gobernadores “se comprometieron a ir bajando los impuestos e ir generando políticas de empleo”.
En la Ciudad el pacto implica en 2018 una reducción de Ingresos Brutos para las industrias (que sólo representan el 10% del total del gravamen); dejar sin efecto el concepto de “extraña jurisdicción”, a fin de eliminar las diferencias entre aquellas que tienen establecimiento en la Ciudad y aquellas que no; además de elevar de $ 24 millones a $ 75 millones los topes de facturación anual para considerar exenta a la actividad industrial. Larreta precisó que sólo para el año próximo se estima en impuestos una “baja de más de tres mil millones de pesos”.
Una discusión paralela es los cambios en la Coparticipación y el famoso Fondo del Conurbano: en el 2018 la Nación cederá $ 45 mil millones, compuestos por $ 40 mil millones para Provincia de Buenos Aires y $ 5 mil millones para el resto de las jurisdicciones. Los cambios en el reparto federal de los impuestos a las ganancias y al cheque dejaron un “saldo” a favor de la Ciudad de alrededor de $ 6.000 millones, fondos que con el esquema anterior no recibía.
Es por ello que la firma del pacto exige “reducir el porcentaje de participación de la Ciudad en los impuestos coparticipables (que fue elevada por el gobierno de Mauricio Macri del 1,4 al 3,75%) de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las jurisdicciones”.
En los temas económicos, las soluciones suelen ser sencillas: lo que se le da a alguien, se le saca a algún otro. Según un informe de Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), debido a los cambios en la coparticipación, el costo de los ingresos extra que recibirán las provincias saldrá de una reducción de los subsidios en los servicios públicos en el Área Metropolitana.
El “Consenso Fiscal” libera recursos en favor de quienes son las responsables de los roles públicos más importantes (las provincias) y “pone fin al aberrante mecanismo por el cual con esfuerzos de todos los argentinos se financian los servicios públicos de la región metropolitana”, señala el documento.
Detrás del discurso de la equidad lo que queda claro es que habrá un ajuste: los aumentos a los servicios de luz, gas y agua que pagan porteños y bonaerenses del conurbano seguirán a toda marcha, a los que el próximo año acompañará el transporte.
Si a esto se suma que, mediante la reforma previsional que por estos días se debate en el Congreso, los jubilados y beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH) recibirán aumentos por debajo de lo que establecía la ley de movilidad jubilatoria, el bolsillo de gran parte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires se verá sensiblemente afectado. Ergo, el nivel de actividad caerá y con ello la recaudación.
De todos modos, las autoridades locales apuestan a que el descenso de impuestos a la industria, sumado al “boom” que disfruta la construcción, gracias al alto nivel de crédito (y de endeudamiento), compensen las pérdidas y aumenten el empleo (en las últimas mediciones el desempleo rondó el 10%). Un objetivo que para muchos suena algo iluso.