A más de un año de que se aprobara el cambio en la Ley de Basura Cero para habilitar la incineración de residuos en la ciudad, el proyecto está paralizado. ¿Es un problema económico? ¿O es el repudio social y las elecciones que dilatan el plan de quemar residuos?
Por Agustina Cavalanti
Eva Duarte de Perón decía “donde existe una necesidad nace un derecho”, para el Gobierno de Rodríguez Larreta donde existe una necesidad nace un negocio. Sin embargo, ya pasaron 16 meses desde que en la Legislatura porteña se aprobó el cambio en la Ley de Basura Cero (Ley N° 1854) para habilitar la incineración de residuos en la Ciudad de Buenos Aires y el proyecto aún está en foja cero.
Según especialistas, es un problema meramente económico: la construcción de las instalaciones que propone el Ejecutivo tiene un costo aproximado de entre 300 y 600 millones de dólares cada una.
“Está paralizado porque evidentemente fue un proyecto traído de los pelos. Un proyecto que se quiso meter en lo que se llama sistema de participación público-privada, vale decir, llamar a inversores internacionales que se hagan cargo de todo el proceso. Este proyecto de incineración se hizo antes de la crisis económica y, por supuesto, la crisis lo está hundiendo porque estamos hablando de inversiones multimillonarias de dólares, algo muy alejado de la Argentina”, expresó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Y advirtió que existen presentaciones judiciales para imposibilitar que la ley avance y alentar a que los proyectos queden archivados.
Por su parte Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la Cooperativa “El Álamo” de Villa Pueyrredón, también se manifestó respecto a la paralización de la nueva normativa. “Es un proyecto público-privado donde el privado pone plata con la tranquilidad de que va a tener un retorno suculento. Es decir, todo lo que para la sociedad parece algo progresista, detrás hay un negocio, hay una licitación, hay un grupo económico a fin al gobierno de turno, que levanta la plata con pala”.
En ese contexto, Montoya explicó que el año pasado, después de haberse aprobado el proyecto de modificación de la Ley Basura Cero, se dio el primer “sacudón económico” y como consecuencia, inestabilidad a la hora de invertir.
“Después obviamente juega que hubo un movimiento social importante. Si se efectiviza el cambio de gobierno nacional en octubre, espero que la ley se pueda limitar. Y digo espero porque también es cierto que la línea no es una línea exclusivamente macrista, es una línea que se viene imponiendo en todo el continente. Intentaremos frenarlo para el país”, aseguró.
La nueva ley sancionada en mayo de 2018 – con 36 votos a favor de Vamos Juntos (34), Gen (1) y Mejor Ciudad (1), y 22 en contra de la oposición – plantea modificar el concepto de Basura Cero a basura que se reduce progresivamente con la implementación de tecnologías que mejoren “la eficiencia en la gestión de residuos, entre ellas, la valorización energética”.
De este modo, presentan una nueva noción basada en tecnología de origen europeo para incinerar residuos y “reducir al 10 por ciento sus volúmenes y generar energía”. Para lograrlo proponen importar de Europa “hornos de avanzada tecnología para aplicar el sistema denominado termovalorización”, una forma de combustión que genera energía.
“La incineración es sin duda la peor de las fórmulas que se podría utilizar, por muchos motivos: primero por el impacto que genera en términos de salud y de calidad de vida. En segundo lugar, porque la incineración no disminuye la basura, produce energía. Por lo cual necesita cada vez más basura para quemar. Es decir, sucede todo lo contrario: lejos de ir hacia un proceso virtuoso de disminución y reciclado, necesita conseguir cada vez más residuos”, explicó Napoli.
Según argumentaron en la legislatura porteña, la termovalorización es la oxidación total de los residuos a altas temperaturas, en hornos específicos, que reducen en un 90 por ciento el volumen de los desechos y cuyas cenizas pueden ser reutilizadas en la industria de la construcción. La tecnología deberá cumplir los estándares de eficiencia energética definidos por la Unión Europea y la norma propuesta también establece mecanismos para el control ciudadano de posibles contaminaciones.
Pero Nápoli aseguró que “la energía que se va a producir al final del ciclo es sumamente cara, tal como lo hemos demostrado en muchos estudios, casi una tercera parte más cara que la energía más cara que se produce en el sistema eléctrico”.
Y afirmó: “En algunos lugares de Europa los incineradores funcionan porque Europa no tiene territorio para incorporar rellenos sanitarios, y además el tratamiento de la basura es muy distinto. No es lo mismo controlar incinerables en Europa con los niveles de control que tienen, que instalarlo en un país como la Argentina, donde los controles ambientales están a la vista: no existen”.
En cuanto a la prórroga de plazos, la ley legitima la reducción progresiva de la cantidad de residuos que se permiten depositar en los rellenos sanitarios y, a su vez, establece nuevas metas a cumplir: “De un 50% para el 2021, de un 65% para el 2025 y un 80% para el 2030, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2012. Se prohíbe para el 2028 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”.
“El objetivo que originalmente tenía la Ley de Basura Cero era modificar progresivamente el envío de basura a rellenos sanitarios y avanzar en un proceso de reciclado consistente. Nunca se logró” señalo Nápoli, de la organización ambientalista FARN.
Y agregó: “Por lo tanto, decidieron tomar el atajo y evitar que ese proceso se lleve adelante, que se mande menos basura a los rellenos y se opte por la incineración de los residuos. Por eso la modificación de la ley permite la reutilización de lo que son los residuos descartables del reciclado. En ese sentido, decimos que el descarte de reciclables sucede por encima del 50 por ciento de la basura que se tira. Estamos en una fórmula realmente compleja”.
Por otra parte, uno de los artículos de la nueva norma establece que se mantendrá el trabajo actual de los recuperadores urbanos. Resalta: “La Ciudad fijará un cronograma gradual de recuperación de materiales reciclables y aprovechables provenientes del circuito de recolección diferenciada, cuyas funciones seguirán siendo prestadas por los recuperadores urbanos”.
Alicia Montoya, de la Cooperativa “El Álamo”, contó que “recientemente en nuestro centro verde nombraron una empresa para que haga el mantenimiento y la limpieza, lo que vamos a rechazar formalmente porque esto significa un costo muy grande para el Estado y además desplaza trabajo de la Cooperativa. Todos son negocios. ¿Para qué necesitaría una cooperativa contratar una empresa de limpieza? Claramente es una cuestión de negocios”, enfatizó.
Otro de los requisitos legales (art.52° bis) es que “los residuos sólidos urbanos podrán ser pasibles de valorización energética cuando estos no hayan podido previamente ser recuperados y/o reutilizados en los centros de selección, acondicionamiento o tratamiento” y que “se deberá garantizar la protección de la salud de las personas y del ambiente”.
“Las tecnologías son muy variadas y muy diferentes en términos de costos. Uno de los impactos más importantes son las emisiones gaseosas, muchas de ellas producen dioxinas y furanos, sustancias químicas tóxicas, agentes cancerígenos. Para controlar las dioxinas y furanos hay que colocar filtros que son muy costosos, tan costosos como los proyectos. Por otra parte, se generan cenizas volantes: vale decir que no es que se terminan los rellenos sanitarios, sino que sustituimos rellenos sanitarios de basura por rellenos sanitarios de cenizas volantes que al mismo tiempo son residuos peligrosos, entonces el proceso no es tan sencillo como lo cuentan”, reveló Nápoli.
Además, según indicó el director de FARN, si bien nunca se hicieron pliegos de licitación, existen estudios que señalan dónde se instalarán las plantas de incineración.
“Estos estudios hablaban de predios en zonas muy cercanas a sectores vulnerables. De hecho, en Capital Federal uno iba a ser instalado cerca de Villa Riachuelo. El impacto que pueden generar estas plantas es directo”, aseguró.
Quemar basura es, sin duda, una idea obsoleta que el Gobierno de la Ciudad toma para negociar y encontrar una solución a la mala gestión de residuos que existe en el distrito más rico del país. Cuándo lo retomarán, qué tecnología utilizarán y por ende qué impactos generará no lo sabremos hasta el día que los pliegos estén a la vista.