Bien Común presentó en el Centro Cultual Nunca Más de Villa Pueyrredón el proyecto de ley que propone incorporar inmuebles ociosos a la Ciudad con el objeto de garantizar el acceso a la vivienda. La iniciativa es de autoría del legislador Gustavo Vera, candidato a Jefe de Gobierno por este espacio político. Actualmente se encuentra en la Comisión de Vivienda para su tratamiento.
El miércoles 11 de febrero se presentó y debatió en el Centro Cultural Nunca – localizado en Villa Pueyrredón – el proyecto de ley para la incorporación de inmuebles ociosos públicos y privados a la Ciudad con el objeto de garantizar el acceso a la vivienda.
Estuvieron presentes el legislador de Bien Común, Gustavo Vera, autor de la ley y candidato a Jefe de Gobierno, junto a Ezequiel Conde candidato a Comunero de la 12 por este espacio político y la docente Alicia Montoya del equipo técnico de la Cooperativa de cartoneros El Álamo.
Gustavo Vera abrió el encuentro expresando que este proyecto pone en el centro al hombre “porque el derecho a la propiedad privada tiene que armonizarse con el derecho al acceso a la vivienda y hay que buscar un equilibrio entre los dos derechos de manera tal que uno no pise al otro, pero priorizando siempre al hombre”.
Por otra parte detalló que existen en la ciudad 375 mil inmuebles ociosos, de los cuales 250 mil son viviendas y destacó la contradicción de esta situación con la de tener alrededor de medio millón de personas en situación de emergencia habitacional.
“En cualquier país capitalista: Alemania, Holanda, Francia, y ciudades como Nueva York – no estoy hablando ni de Cuba o Corea del Norte – si vos tenés viviendas en estado ocioso durante mucho tiempo pagás impuestos adicionales para fondos de vivienda” y puntualizó que tanto en Alemania como en Holanda, al igual que en la ciudad de Nueva York, el estado expropia temporalmente la vivienda para su alquilar. No obstante, aclaró, el dinero es para el propietario.
“En cambio en esta ciudad a este gobierno inmobiliario lo único que le importa es acrecentar sus negocios, obviamente hay una política expulsiva, tal es así que el próximo censo va a dar la misma población que en 1960, es una política de expulsión de los sectores más pobres y de clase media trabajadora que no tienen acceso a la vivienda” remarcó Gustavo Vera.
La presentación del proyecto y la evaluación de los datos estadísticos de la ciudad en materia de vivienda lo realizó la docente Alicia Montoya.
Montoya mencionó – entre otros datos – que el 10 % de la población porteña vive en villas de emergencia; el 3,3 % vive en condiciones de hacinamiento y destacó que las comunas de la ciudad con mayores problemas de vivienda están localizadas en la zona sur.
Por otra parte dio a conocer datos oficiles de la evolución del valor del m2: en el 2005 era de 774,7 dólares y en el 2012 ascendió a 1.850,7. También hizo hincapié en que el decil más pobre necesita el ingresos familiar de 804 meses para comprar una vivienda mientras que el decil más rico apenas 54 meses.
Un dato relevante es que en el periodo que va del año 2000 al 2010 se construyeron 20 millones de m2 residenciales, equivalentes a más de 330.000 viviendas de 60 metros cuadrados, sin embargo el hacinamiento y el déficit habitacional crecieron en ese mismo periodo.
Gustavo Vera explicó que el GAFI (organismo internacional para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo) había intimado a nuestro país a combatir el lavado que – en mayor medida – se lleva a cabo a través de las inversiones en la construcción.
Lineamientos del proyecto
El proyecto de ley tiene como objeto incorporar inmuebles ociosos para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la vivienda. En este sentido la ley establece la función social y ambiental de la propiedad, define la figura de inmueble ocioso y fija los mecanismos para su caracterización.
Por otra parte crea una oficina de bienes inmuebles de la ciudad, define sus funciones y crea un registro público de titulares y usos de los bienes inmuebles de la ciudad.
A su vez fija los deberes de los propietarios, inquilinos y ocupantes de las propiedades, y crea un impuesto al inmueble ocioso y un fondo para políticas de vivienda.
Un punto importante del proyecto es la implementación del régimen de alquiler social. Si el propietario de una vivienda ociosa cede su uso para este régimen estará eximido del pago del impuesto especialmente creado por esta norma.
La iniciativa además establece que el Ejecutivo de la ciudad podrá declara la utilidad pública y sujeto a la ocupación de todo inmueble que haya permanecido ocioso por el plazo de un año. Su destino será el alquiler social.
La Oficina de Bienes determinará la ocupación o uso temporario por un término máximo de tres años y la indemnización que cobrará el propietario se deberá deducir – de haberlas – la deudas que surjan por impuestos, tasas, contribuciones o multas.