Inédita medida de fuerza de los jueces
condiciona iniciativa oficial
Un paro de empleados y jueces, sin antecedentes, marca el pulso del enfrentamiento del Poder Judicial con el Gobierno. Hasta ahora fue una batalla sorda que amenaza con convertirse en una guerra sin cuartel. Para algunos, no quieren perder su status. Para ellos, el Gobierno pretende dominarlos. Puntos oscuros de los convenios que terminarán en los propios tribunales y con lobby en el Congreso. Una deuda de la Constitución porteña cuya implementación había sido largamente demorada.
Por Gabriel Morini
El viernes 3 de febrero, el hall del Palacio de Tribunales ofreció una postal inédita: cientos de miembros del Poder Judicial – entre jueces, fiscales, secretarios, y empleados judiciales – abarrotaron el epicentro de la actividad de la justicia para mostrar su rechazo a la iniciativa del Gobierno de traspasar parte de la justicia penal ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.
La “asamblea” que se realizó en la que tomaron la palabra varios de los principales (e influyentes) magistrados fue un hecho nunca visto en la historia. Marcó el termómetro de la pelea que atraviesa hoy a los tribunales y que escapa de los expedientes abiertos contra miembros del actual y el anterior gobierno.
Fue solo el primer paso de una estrategia que se desplegará en los próximos meses con el objetivo de hacer naufragar el plan y torcerle la mano a la Casa Rosada. Es la guerra menos pensada, cuyas réplicas son, por el momento, inimaginables.
El convenio – del que aún no se conoce la letra final porque está guardado bajo siete llaves – fue firmado el 19 de enero en plena feria judicial entre el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
Allí se establecía que algunos juzgados vacantes de la justicia penal ordinaria pasaran a formar parte de la estructura judicial porteña. Esto significa que los denominados “juzgados nacionales” dejaran ese status híbrido por el cual solo intervienen en determinados delitos acotados a la jurisdicción metropolitana y pasaran a ser parte de la Ciudad Autónoma, atendiendo la manda constitucional que señaló que esa jurisdicción y sus habitantes tengan que tener una justicia que le sea propia.
Desde hace años los magistrados y los empleados de la justicia – agrupados en varios gremios – han resistido la sola idea de la migración. Pero ahora se toparon con la decisión política concreta del Gobierno que por primera vez, comparte signo partidario a nivel local y nacional.
A favor de la iniciativa oficial se encuentra casi toda la clase política que señala la vigencia (y demora) en la implementación de aquello que había sido pensado – tal como ahora lo es la policía – para dotar a la Ciudad de su condición jurídica, asimilándola a una provincia más.
Señalan desde el Gobierno que lo único que mueve a los magistrados es no perder su status y mutar en jueces “municipales”. Del otro lado, las objeciones se plantean en las diferencias en cuanto a estabilidad que cuentan unos y otros jueces, lo que incluye un sistema disciplinario más laxo para iniciar juicios políticos.
Y un dominio del partido de gobierno en el Consejo de la Magistratura local, lo que por el sistema de alianzas que existe, les generaría menos obstáculos a la hora de poder nombrar a esos magistrados locales, tal como ha venido sucediendo en los fueros que ya son porteños como el contencioso administrativo y tributario, y el penal correccional y de faltas. Todos ellos no reportan a la Corte Suprema, sino al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad.
En el medio los empleados resisten también cualquier modificación en escalafones y condiciones de trabajo. Uno de los argumentos en contra que exhibe fortaleza es la posibilidad de que como estado federal, el gobierno central pueda intervenir la Ciudad en un caso extremo.
Con ello, quedarían suspendidos todos los integrantes del Poder Judicial local. Eso no sucede con la actual configuración de la justicia nacional que como forma parte del Poder Judicial de la Nación, queda excluida de esa posibilidad.
Otra batalla es el asunto presupuestario, sobre el que los jueces trabajarán en los próximos meses para intentar asustar a los Senadores de las distintas provincias, que deberían ceder una parte de los fondos (que de todas formas no perciben en sus distritos) para que la Ciudad pase a administrar una jugosa caja para solventar el pase de los tribunales.
“Se dicen que la Justicia, con esta medida, va a ser más cercana y eficiente, pero eso no es cierto. Yo pregunto cómo se va a construir una Justicia mejor con los mismos recursos y el mismo número de personas a cargo de la misma cantidad de expedientes. Nosotros siempre estuvimos en este lugar, cercano de los ciudadanos”, dijo la presidenta de la poderosa Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Díaz Cordero, quien fue la única oradora del acto ocurrido a cuatro pisos de los despachos de los integrantes de la Corte Suprema.
No les permitieron a los organizadores utilizar el micrófono de ceremonial de la Corte. Un gesto que denotó la ausencia de apoyo al reclamo por parte del máximo tribunal que fue quien sentó el antecedente para que el macrismo se abocara de lleno al traspaso.
“Nos reunimos hoy – agregó – porque amamos la Justicia y queremos dar las mejores respuestas al ciudadano. Nadie trabaja seis horas. Magistrados, funcionarios y empleados trabajamos a destajo. Nosotros queremos cambios; no somos retrógrados. Pero debemos reafirmar la necesidad de proteger la Constitución Nacional y la independencia de la Justicia”, lanzó.
Fue un grito de guerra velado antes de lo que podría ser un aluvión de amparos ante lo que consideran un intento de desguace de los tribunales. Las suspicacias rodean lo que será el futuro sistema de nombramientos, donde se señala al hombre fuerte de la justicia porteña y actual presidente de Boca Juniors, Daniel “Tano” Angelici.
El oficialismo aprovecha la medida para asestar un golpe a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó por la vía de manotearle un gran grupo de fiscales que hoy le reportan y que con la migración pasarían a estar por fuera de su estructura.
Allí hay un dilema constitucional por resolver. El Ministerio Publico (las fiscalías y la defensa) son organismos autónomos. Ni siquiera integran al Poder Judicial. Desde el oficialismo, replican que ese aspecto es correcto por lo que no están a tiro de convenio, pero que esa autonomía no puede estar por encima de la intención de los constituyentes cuando diagramaron la estructura que debía tener la Ciudad. El huevo o la gallina, esa discusión será judicializada.
Los jueces contestan que si fueran jueces municipales no habría razón para que se los convoque a reemplazar a jueces federales tanto en juicios como en subrogancias. Cierto es que dada la multiplicidad de vacantes, los juicios por delitos de lesa humanidad no podrían avanzar si no se convocara jueces nacionales para actuar como federales. Esos movimientos de piezas fueron heredados desde años de trabas y funcionamiento alterno del Consejo de la Magistratura.
Otra discusión es el tipo de delitos a migrar. Entre ellos, cuestionados por algunos miembros de la oposición está el hecho de que los que son contra la administración pública pasen a ser competencia de los jueces locales. Magistrados nombrados por el macrismo pasarían a juzgar delitos de presunta corrupción que puedan involucrar a sus funcionarios. A su favor, sucede lo mismo en cada provincia argentina, aunque la Capital Federal siempre ha sido la caja de resonancia de los principales conflictos a nivel político.
La CGT, los abogados laboralistas y todo el fuero nacional del Trabajo se ha opuesto a su propio traspaso. Ven una intención del Gobierno en desarticular ese fuero que el presidente calificó de parcial por sus fallos a favor de los trabajadores y en contra de las empresas. Por ahora, su convenio para desintegrarse no fue firmado ante la hostilidad del sindicalismo con el que el Ejecutivo mantiene una constante tensión.
Otra cuestión a analizar será el convenio en sí mismo. La Casa Rosada recurrió a esa herramienta en la que señala que para evitar una modificación de la Ley Cafiero, se utilizaba parte de su articulado para… modificar la Ley Cafiero.
Es decir, la posibilidad que contempla esa norma para generar convenios interjurisdiccionales que permitan emparcharla. Nunca se reunieron las voluntades para darle de baja definitivamente, dado que es el principal obstáculo a la hora de migrar cuestiones sensibles a la Ciudad.
Pese a que no se note, este es hoy el punto que mantiene en vilo a todo el Poder Judicial y cuya derivación es hasta hora insospechada.