Protesta social y ocupación de la vía pública |
Dureza en los índices económicos y sociales. Dureza en la protesta de los sectores excluidos y en los que pelean para no caer en la miseria. Dureza de los funcionarios que pretenden que la presión social no se exprese en cortes de calles. Una compleja combinación de factores para una realidad a la que los funcionarios de la Nación y de la Ciudad no le encuentran solución.
Por Fernando Casasco
Datos estadísticos que se conocieron durante el último mes:
*El Índice de Desocupación en la Ciudad de Buenos Aires subió al 8% al término del cuarto trimestre del año pasado, creciendo 1,2% respecto al 6,8% del período octubre-diciembre de 2015. Además se conoció que el trabajo en negro en la Capital Federal aumentó 4,3 puntos porcentuales en el cuarto trimestre del 2016 en forma interanual, al pasar de 21,2% al 25,5% (1)
*El Producto Bruto Geográfico (PBG) de la Ciudad de Buenos Aires (el total de la actividad económica) cerró 2016 con una caída del 2,6 %, la mayor de los últimos doce años y un 0,3% mayor al descenso del PBI nacional. La caída interanual del cuarto trimestre, del 2,9%, fue impulsada por las bajas del 4 % en Producción de bienes y del 3,3 % en la de Comercio y servicios (2)
*Según los datos de fin de 2016 difundidos por el INDEC, se encuentra bajo la línea de pobreza el 9,5% de la población porteña. Sin embargo, apenas cruzando la Avenida General Paz, los guarismos se estiran hasta el 34,6%, con un fuerte repunte en el último año (3)
Estos guarismos de la situación social no tienen ni siquiera comparación con los de la crisis 2002-2003, cuando la pobreza llegó al 57,5% de los argentinos (octubre 2002), con un 27,5% de indigentes. En ese entonces, en la Ciudad de Buenos Aires se registraba un 21,2% de pobres y en el Gran Buenos Aires llegaban al 64,4% de la población. Con los criterios actuales del INDEC, esos números hubieran sido aún superiores.
De todos modos, la situación no deja de ser preocupante y así se refleja en las calles. El mes de marzo fue particularmente conflictivo en las arterias y plazas porteñas, en las que se produjeron las manifestaciones más masivas desde la llegada de Mauricio Macri al poder: marcha de docentes al Ministerio de Educación el 6 de marzo; marcha de la CGT y la CTA al Ministerio de Producción el 7; marcha a Plaza de Mayo por el Día Internacional de la Mujer el 8; marcha nacional docente a Plaza de Mayo el 22; acto de los organismos de Derechos Humanos y partidos políticos por el Día de la Memoria el 24; marcha de las dos CTA a Plaza de Mayo el 30. A ello hay que sumarles las manifestaciones de movimientos sociales y piqueteros, sindicatos y organizaciones de izquierda en varias arterias céntricas de la ciudad.
La consultora Diagnóstico Político registró que los piquetes y cortes de calles crecieron 442% en los primeros 15 días del mes de marzo en la Ciudad de Buenos Aires. Según el informe publicado por el diario Ámbito Financiero, sólo en esa quincena hubo 62 interrupciones de tránsito, contra 14 de febrero y 53 del mismo mes de 2016.
Mientras una parte de la sociedad hace escuchar sus reclamos en contra de la política económica del gobierno nacional y sus consecuencias sociales, otra parte se queja por los constantes cortes de calles y reclama su derecho a circular. Dos derechos en pugna, de difícil resolución, que hacen entrar en colisión también visiones internas de las propias administraciones nacional y porteña.
El propio presidente Mauricio Macri hizo sonar su molestia por las protestas callejeras. “Los piquetes y los paros ya no dan resultados, venimos de 20 años de eso”, afirmó en uno de los pocos momentos durante el que se sintió a gusto en la cena televisada que compartió con Mirtha Legrand en la quinta de Olivos. Además, el Jefe de Estado aseguró que la de los cortes de calles “no es una imagen que ayude” a la llegada de inversiones extranjeras.
Mientras tanto, en la coalición gobernante juegan al juego del “gran bonete” para definir a quién le cae la responsabilidad de “poner orden” en la calle. En ese sentido, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se atajó frente a las posibles consecuencias de un desalojo violento de los piquetes: “Vamos a actuar. Cuando actuemos no entremos en la paranoia de la Argentina. Si actuamos porque actuamos, y si no actuamos porque no actuamos. Actuar con decisión puede tener ciertas consecuencias, pero esas consecuencias no significan que vaya a haber un muerto”, sostuvo Bullrich en el programa La Cornisa, en América TV.
La ministra sabe que está sentada sobre un volcán. Teme no sólo que haya “excesos” en el accionar de las fuerzas de seguridad, sino que alguna “mano negra” pueda poner en jaque su propia continuidad en el gobierno. No se trata de ser conspirativo, sino solamente atar cabos: fue Bullrich la encargada de implementar el traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad, lo que motivó la inquina de sectores internos de la fuerza.
Además, su ministerio se encuentra “loteado”, entre los sectores que responden directamente al PRO, como el secretario Eugenio Burzaco; y los de partidos aliados, como la propia ministra o el secretario Gerardo Millman (ex GEN, de Margarita Stolbizer). Un “error” grave en el manejo de la calle podría generar un efecto cascada sobre los funcionarios.
La “cara buena” frente a los movimientos sociales la muestra, en cambio, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Su actitud acuerdista impidió mayores manifestaciones piqueteras a fin del año pasado y logró la sanción de la Ley de Emergencia Social.
Pero luego la norma se perdió en los vericuetos administrativos del gobierno nacional y tardó en implementarse, lo que provocó nuevos piquetes. Mientras tanto, funcionarios de la Jefatura de Gabinete consultaron a especialistas en la resolución pacífica de conflictos para analizar los posibles pasos a seguir ante el agravamiento de la situación.
Desde Balcarce 50 también se mira con recelo la actitud del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Por lo bajo los funcionarios nacionales afirman que si se cumplió con la promesa de cederle la policía, ahora es el mandatario porteño el que debe actuar.
En el mismo programa de Mirtha, Macri se encargó de “mandarlo al frente”: “Horacio está tomando cartas en el asunto. Hay que encontrar un equilibrio. Lo que vivimos en estos últimos 15 días es un desborde”, remarcó.
Pero Larreta, siempre atado a la biblia macrista de la “pesada herencia”, pide tiempo para empezar a actuar: “No podemos pretender, después de más de 12 años de libertinaje total (…), pasar a un corte cero de un día para el otro”, declaró a Radio Mitre.
Y marcó sus propios límites, al señalar que frente a grandes manifestaciones como la de la CGT “hay un derecho a manifestarse que es constitucional y tenemos que respetar”, mientras que subrayó que con las organizaciones sociales “apostamos al diálogo”.
“Estamos evitando hoy muchos cortes de 20 o 30 personas”, señaló y agregó: “Lo que no podemos permitir es situaciones de violencia cuando agreden a policías, cuando agreden a personas”, al tiempo que negó diferencias con el presidente Macri.
Tal vez pensando en cómo estar preparados ante la posibilidad de tener que reprimir piquetes, el pasado 3 de febrero el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, a cargo de Martín Ocampo, llamó a licitación para comprar “equipamiento antidisturbio” para la policía.
Además de carabinas, municiones, fusiles de asalto, cascos, escudos protectores, chalecos, la licitación incluye la compra de 200 “lanzadores less lethal weapon” (“armas menos letales”), un tipo de armamento “calibre 68 para control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos”.
Esto valió un pedido de informe del diputado Gabriel Fuks, quien reclama al Ejecutivo que explique de “qué tipo de arma se trata y bajo qué protocolo antidisturbio está pensado ser utilizada”.
La calle está dura y se endurece día a día. Frente a esta situación, de no hacerse palpables los “brotes verdes” económicos que los funcionarios insisten en anunciar, el Estado piensa a su vez endurecerse para hacerle frente a las demandas que crecen.
1, 2 | Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires
3 | Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos