Por un (gran) puñado de pesos
De un lado el presidente Alberto Fernández; del otro el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. En el medio el monto que se lleva por coparticipación la Capital Federal. Como en la cinchada, cada uno tira para su lado y cree tener las de ganar.
Por Fernando Casasco
La “bomba” llegó cuando Alberto Fernández estaba a punto de cumplir el primer mes a cargo del gobierno nacional. Con las arcas estatales diezmadas por la crisis económica heredada del anterior gobierno, se supo que la Casa Rosada pretendía restarle al menos un punto porcentual del monto de coparticipación que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, lo que equivale a unos 35 mil millones de pesos solamente durante 2020.
En realidad decir que a la Ciudad “le corresponde” tal o cual porcentaje de coparticipación es partir de un equívoco. Según la ley 23.458 de coparticipación vigente y que debería haber sido modificada según la reforma de la Constitución Nacional (de la cual se cumplieron ya 25 años), el monto que la Nación destina automáticamente a la Ciudad es del 1,4% del total de impuestos coparticipables.
La discusión es larga: siempre se dijo que la Ciudad “cede” solidariamente su coparticipación, cuando genera entre el 22% y el 25% de los recursos coparticipables. Pero ese discurso no tiene en cuenta la situación privilegiada de la ciudad, único distrito del país que puede cobrar impuestos provinciales (ingresos brutos, inmobiliario) y tasas municipales (ABL, publicidad callejera, etc.).
Además, muchos de esos ingresos provienen de personas que no viven en la Ciudad y la recorren por razones laborales, sanitarias o de turismo; o de grandes empresas que están distribuidas en todo el país, pero tributan principalmente en el distrito donde tienen sus sedes centrales. Asimismo, gran parte de los servicios públicos son brindados o concesionados por la Nación.
Ese 1,4% de coparticipación fue aumentado por decreto por Mauricio Macri hasta el 3,75%. En ese momento se acordó que era la compensación que la Ciudad recibía a cambio del traspaso de la policía. Pero luego del pacto fiscal con las provincias, en busca de achicar el rojo fiscal, el entonces jefe de estado redujo el guarismo al 3,5%, nuevamente mediante simple decreto.
Pero ante la posibilidad de una nueva baja unilateral decretada por el Gobierno nacional cundió la alarma y las especulaciones políticas no se hicieron esperar: muchos advirtieron la posibilidad de un “castigo” a la Ciudad de Buenos Aires, por estar gobernada por un hombre del riñón del derrotado macrismo a nivel nacional.
Los macristas más rancios hablaron de “látigo y billetera” o de “extorsión”. Otros afirmaban que se trataba de un “ajuste de cuentas” por la negativa de Juntos por el Cambio a votar la ley tributaria que el gobernador Axel Kicillof envió a la legislatura bonaerense.
“Está todo bien con la Ciudad, estamos conversando. No sé por qué la noticia se difundió de ese modo. Estamos hablando. Todos saben que tenemos que ajustar y ordenar cuentas, ya lo hablé con el jefe de gobierno porteño. Él lo entiende y vamos a trabajar juntos”, se apresuró por aclarar el Presidente en declaraciones a la prensa.
El jefe de gobierno también puso paños fríos a la disputa desde sus redes sociales: “Quiero ratificar una vez más mi vocación de seguir manteniendo un diálogo constructivo e institucional con el gobierno nacional. Hay muchos temas que tenemos que coordinar y trabajar en conjunto”, argumentó Rodríguez Larreta.
Los gestos de distensión se multiplicaron, pero los nubarrones en la relación no se despejan. Pendiente de la negociación con los acreedores privados, el Gobierno nacional aún no define su proyecto de Presupuesto 2020 y postergó su presentación para marzo. En él deberán definirse los números que el Estado nacional coparticipará a las provincias y a la Ciudad autónoma.
De ambos lados se esgrimen razones y números que buscan darle razonabilidad a las distintas posturas. La Nación afirma que mediante la suspensión del pacto fiscal, el Gobierno de la Ciudad está habilitado a congelar la baja de algunos impuestos (como Ingresos brutos), de lo cual puede percibir los ingresos menguantes en materia de coparticipación. Desde la Ciudad se afirma que una baja del 1% de los fondos que recibe llega al 7,5% del presupuesto porteño para 2020, previsto en 480 mil millones de pesos.
Las autoridades porteñas destacaron que el “zarpazo” equivale a un 52% del gasto en salud o el 40% del presupuesto en educación. Lo que no dicen es que esas dos materias no tuvieron mayor participación en el presupuesto porteño en los últimos años, desde que se aumentó la tasa que la Nación le coparticipa, sino más bien lo contrario.
Entre 2011 y 2019 el porcentaje del presupuesto dedicado a Educación en la Ciudad se redujo más de 10 puntos: del 27,8 al 17,3%. Salud también se mantendrá el año próximo con las cifras que traía, en torno al 14,6% del presupuesto general.
En cambio sí hubo mayor parte del presupuesto destinado a la Seguridad. En 2016 se creó la Policía de la Ciudad – que fusionaba la extinta Policía Metropolitana con la superintendencia de la Policía Federal que estaba a cargo de las comisarías porteñas -, con una dotación estimada en 24.000 efectivos, pero con proyección de ampliarlos a 27.000. El Gobierno de la Ciudad presupuestó para el área 75.820 millones de pesos para este año, con una mejora del 45% en términos reales (sin tener en cuenta la inflación) respecto al año pasado.
Este punto suscitó la polémica a partir del cambio de administración nacional. El Ministerio del Interior, a cargo de Eduardo Wado De Pedro, investiga si el número de policías que pasaron de la Federal a la Ciudad fue “inflado” para recibir más fondos.
“Se informó que habían sido 20.500, pero en realidad habrían sido 19.500. Esa diferencia de 1000 policías habría permitido recibir un dinero adicional que no correspondía”, dijeron voceros del gobierno nacional a Página 12. La cifra se ubica en torno a la friolera de 127.000 millones de pesos desde la creación de la nueva fuerza.
Otra cuenta que sacan en la Casa Rosada es el aporte extraordinario que hizo en materia de obras que destinó a la Ciudad el Gobierno nacional durante el periodo 2015-2019. Según datos del Ministerio de Economía, sólo durante 2019 la ciudad autónoma recibió el 23,36% del gasto ejecutado por la Nación hasta el 26 de diciembre del año pasado. Si el cálculo se realiza solamente entre los 24 distritos (restando las obras interprovinciales o binacionales) la proporción correspondiente a la ciudad se eleva al 32,54%.
Muchas de esas obras hoy son tangibles para los porteños: los viaductos ferroviarios del Mitre y del San Martín o el Paseo del Bajo (aún con todas las fallas estructurales y dudas sobre los métodos de licitación que se le pueden hacer). Sin embargo, a la hora del pago aparecen algunos datos que generan suspicacias. Luego de las elecciones y días antes de abandonar el cargo, el ex presidente Macri cedió a la Ciudad 31 inmuebles por cifras cercanas a los 16 mil millones de pesos.
Esto fue posible gracias a un decreto de Macri que habilita al Estado Nacional a dar en forma de pago inmuebles “declarados innecesarios y/o sin destino” a las provincias, “a fin de cancelar deudas, afrontar compromisos de asistencia económico financiera o extinguir cualquier otra obligación de carácter pecuniario”.
Supuestamente los terrenos cedidos a la Ciudad son para obras de mejoras que tenía a su cargo la Nación. Pero ahora la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) puso la lupa sobre este sospechoso movimiento, el cual se estima que será aprovechado por la administración porteña para generar nuevos negocios inmobiliarios.
Otra caja que la Nación transfirió a la Ciudad es la de los juegos de azar, que el año pasado aportó unos 5.700 millones de pesos a las arcas porteñas. Todos estos números se ponen sobre la mesa. Por ahora, ambas partes conservan las formas y buscan la vía de la negociación. Si llegado el caso, el Presidente Fernández decide la baja compulsiva, las consecuencias políticas no tardarán en presentarse.