La Decana de la Facultad de Agronomía, la Ing. Agrónoma Marcela Gally, se pronunció oficialmente contra la modificación de la Ley de Basura Cero (Ley N° 1854) que habilita la incineración, y a favor del fortalecimiento de las cooperativas de recuperadores urbanos y la implementación del principio de responsabilidad extendida al productor.
Por Ignacio Di Toma Mues
El 24 de abril las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Ambiente y Espacio Público de la Legislatura firmaron el dictamen del proyecto que modifica la Ley de Basura Cero y habilita la incineración.
Dos días después, el 26 de abril, la Decana de la Facultad de Agronomía, la Ingeniera Agrónoma Marcela E. Gally, junto a la Ingeniera Agrónoma Carina Álvarez de la Secretaría de Desarrollo y Relaciones Institucionales, firma un documento en oposición a esta reforma.
La resolución explícitamente apoya el actual texto de la Ley 1854, de “Basura Cero”, e invita al Gobierno de la Ciudad a invertir recursos en políticas públicas para reducir la generación de residuos evitables; mejorar la separación de residuos en origen y la recolección diferenciada; fortalecer a las cooperativas de recuperadores urbanos y fomentar la industria del reciclado.
También recomienda desarrollar la infraestructura y las políticas necesarias para recuperar los residuos orgánicos para reducir genuinamente la disposición final de residuos.
En los considerandos de la resolución dan cuenta que “el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo sobre la revisión de la Directiva sobre Energías Renovables, plantea la armonización de las políticas energéticas y de economía circular de la Unión Europea, excluyendo el apoyo financiero a la incineración de residuos sólidos urbanos mixtos”.
Y agregan que “la prohibición a incinerar (presente en el texto actual de la Ley de Basura Cero) busca garantizar que los recursos destinados al manejo de residuos se inviertan precisamente en los circuitos de recuperación, reciclado y compostaje”.
Además hacen hincapié en que “los requerimientos mínimos de toneladas para incinerar podrían desincentivar la promoción del reciclaje”, y en otra parte del documento señalan los peligros en cuanto a la contaminación y los daños a la salud.
“Para que la recuperación energética sea viable se debe incinerar materiales con mayor potencial energético, en su mayoría plásticos, que son los más dañinos para la salud al quemarse, y que pueden ser reciclados”.
Advierten a su vez que debe aplicarse el principio precautorio “ya que no hay estudios contundentes que demuestren la inocuidad de esta tecnología”
Y enumeran los agentes contaminantes que pueden encontrarse en los gases de combustión, entre ellos: dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, monóxido de carbono, metales pesados, y dioxinas y furanos.
“Según la Organización de la Salud – explican – las dioxinas constituyen un grupo de componentes químicos que son contaminantes ambientales persistentes de elevada toxicidad y pueden provocar problemas de reproducción y desarrollo, afectar al sistema inmunológico, interferir con hormonas y, de ese modo, causar cáncer”.
Asimismo proponen que debe conformarse una ley de Responsabilidad Extendida del Productor “de forma que aquellos que insertan los envases en el mercado, deben hacerse cargo de los costos y la gestión de esos residuos”.
Por último, indican que “existen 6500 trabajadores vinculados al sistema formal de recuperación y la incineración de residuos reduce la cantidad de puestos de trabajo si se la compara con el reciclaje”.