PANORAMA JUDICIAL |
A tres años, la tragedia sigue sin esclarecerse |
Un pedido de indagatoria de la fiscal del caso abarca a 32 personas entre funcionarios de la Ciudad y empresarios ligados a la firma cuyo depósito ubicado en Barracas se prendió fuego el 5 de febrero de 2014. Intencional, según las pericias recopiladas en el expediente, se suma como telón de fondo la desaparición de miles de documentos ligados a entidades bancarias bajo la mira por presunto lavado de dinero. El Grupo Macri también con sugestivas pérdidas en el incendio que le costó la vida a 10 bomberos y rescatistas. El Gobierno porteño desoyó alertas sucesivas sobre el galpón y los familiares de las víctimas apuntan a Juan José Gómez Centurión.
Por Gabriel Morini
El incendio de un galpón de la firma Iron Mountain en Barracas apunta a ser uno de los misterios nunca esclarecidos de la Argentina. A más de tres años de la muerte de diez bomberos y rescatistas solo hay dos elementos confirmados que atraviesan la trama: el incendio fue intencional y millones de documentos sensibles de bancos investigados por lavado de dinero se consumieron entre las llamas.
Cronológicamente, todo sucedió antes de que estallaran a nivel local e internacional escándalos contra entidades por ser responsables de delitos económicos. Sin condenas, sin responsables en la mira y con muchos interrogantes de lo que en realidad sucedió.
Coincidente con el tercer aniversario, la fiscal Romina Monteleone, quien investiga la causa por el delito de estrago en lo sucedido el 5 de febrero de 2014, solicitó al juez en lo Criminal de Instrucción, Pablo Ormaechea que cite a indagatoria a 32 personas involucradas, entre ellas funcionarios del gobierno porteño y de la Superintendencia Federal de Bomberos.
El ex titular de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión, actual titular de la Aduana, quien no pudo explicar ante la Legislatura porteña cómo se extravió el expediente de habilitación de la firma, no fue citado, pese a que los familiares de las víctimas lo señalan como uno de los responsables de mayor jerarquía en la cadena de irregularidades que derivaron en un siniestro intencional, con antecedentes internacionales de idénticas características. Además, acusan al actual funcionario nacional de Cambiemos de haberlos amenazado y de haber cargado la culpa de las muertes a las propias víctimas.
En la nómina que aguarda una resolución en el escritorio del juez figuran los funcionarios Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi, pertenecientes a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos de la Ciudad, ya que, según consignó la fiscal, el primero estaba obligado a “verificar que el depósito siniestrado reuniera condiciones aceptables de seguridad” y el segundo “tenía el deber legal de recibir los informes y denuncias”.
Además, fueron citados funcionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control porteña, Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, que habían inspeccionado el lugar en distintas oportunidades sin consignar ninguna anomalía. Esto, pese a las denuncias del inspector Edgardo Castro que denunció severas irregularidades en todo el procedimiento de habilitaciones, especialmente sobre Iron Mountain, que ya estaba denunciada.
La fiscal Monteleone también pidió la indagatoria del jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas Luis Alberto Cogo, del director de Industrias y Otros Locales Roberto José Chiesa, de la directora general de Fiscalización y Control Vanesa Ileana Berkowski (que había estado vinculada al caso Beara*, incluso con escuchas telefónicas incluidas) y de la Jefa del Departamento de Programación Operativa Silvia Miriam Hers.
También se pretende indagar a los encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar, y a Gastón Luis Laugle, Patricia Moroni y Jorge Andrés Salazar, de la Dirección de Administración y Gestión Operativa. Ningún funcionario de primera línea está convocado.
La fiscal a su vez apuntó al gerente general de Iron Mountain, Guillermo Eduardo Lockhart, y los directivos de la firma, Pedro Meierhold, Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo; además del encargado de Seguridad e Higiene Héctor Eduardo García. Y al apoderado Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, quien – según la fiscal – habría sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina para conseguir la habilitación del depósito.
“En la propagación del incendio objeto de la pesquisa incidieron una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”, sostuvo en su dictamen.
Las llamas causaron el derrumbe de un muro que cayó sobre los bomberos de la Policía Federal Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; los del cuartel Vuelta de Rocha, Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, y los integrantes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.
Los familiares continúan quejándose de la lentitud de la justicia en avanzar. Se tardó más de un año en determinar que el incendio no había sido accidental, sino intencional.
Los bancos Patagonia, JP Morgan y HSBC, La Caja Seguros, Jumbo y Cervecería y Maltería Quilmes fueron los que más documentación perdieron en el siniestro, según un informe de la Procelac (fiscalía antilavado), lo que derivó en una causa penal por presunto lavado de activos contra algunas entidades bancarias.
El mismo día, el juez federal Sergio Torres ordenó el allanamiento de la sede central de Iron Mountain a pedido de la AFIP por presunto delito de lavado de dinero. El expediente quedó radicado en el fuero penal económico sin avances sustanciales.
En la lista de personas que se consideran vinculadas al hecho, la fiscal pidió que sea citado a indagatoria el empleado de la empresa “Segurplus S.A”, Oscar Godoy – quien se desempeñaba como personal de seguridad del depósito, en el momento del siniestro – por “haber contribuido con su obrar imprudente a incrementar el riesgo” del incendio, dado que “conocía perfectamente que cuando la central de alarmas instalada en el local arrojaba una alerta en algún sector del depósito debía dirigirse de inmediato hacia ese lugar con el objeto de constatar que no hubiera un proceso ígneo en marcha”.
La fiscalía pidió la indagatoria del ingeniero Christian W. Castiñeiras, en su calidad de Director Técnico de la empresa “Climate, Controls & Security S.A.” (ex Kidde Argentina S.A.) quien debía garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio dispuestas en el depósito – rociadores y alarmas – y de los técnicos Luis Fontanello y Martín Arriguez, quienes realizaban los controles periódicos del referido sistema y no asentaron las evidentes irregularidades.
En el aire quedó flotando si habría existido connivencia entre la empresa y algunos clientes importantes para incendiar el depósito. A todo esto, y como desprendimiento de la investigación de la unidad fiscal antilavado, hubo un hallazgo que disparó otra causa penal que podría haber revelado casos de corrupción con ramificaciones internacionales.
La firma Sideco Americana, de la actual familia presidencial, aportó a la Comisión Nacional de Valores una planilla con datos sobre el contenido y ubicación de las cajas incendiadas. Uno de los campos había sido identificado como “KN100010183DNE-0013”, pero lo que más llamó la atención a los técnicos de la CNV fue su membrete: “Perú (Coima Gral. Egesur Electr.)”. Luego aparecería otra caja sospechosa relacionada con los Panamá Papers. También incendiada.
Hace dos años, se presentó en la Legislatura un informe realizado por el diputado porteño del Frente para la Victoria (FPV) Gabriel Fuks, que reveló que hubo 15 controles que fueron desoídos por la comuna durante los últimos años.
La información fue aportada por la propia administración PRO ante los pedidos de informes que presentaron un total de nueve legisladores. El gobierno porteño respondió a ellos con una sola respuesta en el que se enumeran las evaluaciones negativas que formularon diversos organismos porteños: la Dirección General de Fiscalización y Control de la Agencia Gubernamental de Control Comunal, controlada por el jefe de Gabinete de Ministros, Horacio Rodríguez Larreta, y la Dirección General de Control de Obras y Catastro, bajo la órbita del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, luego eyectado también de la Secretaría de Obras Públicas a nivel nacional.
Además cuestionaron la seguridad del depósito la Dirección de Defensa Civil, dependiente del sector de Emergencias, que reportaba al entonces titular de la cartera de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, cuyo poder también controla otro sector clave: la Dirección General de Administración de Infracciones, que interpretó, en todos los casos, que no había que aplicar las multas que pidieron los otros sectores.
Sumaron pronunciamientos negativos la Agencia de Protección Ambiental, bajo el control del ministro de Ambiente y Espacio Público, Edgardo Cenzón, y la Dirección General de Protección del Trabajo, controlada entonces por Francisco Cabrera.
*| El 10 de setiembre de 2010 ocurrió la tragedia del boliche Beara, ubicado en Scalabrini Ortiz 1638, que se cobró la vida de dos adolescentes.