Alrededor de 70 organizaciones ambientales, vecinales, sociales y políticas, rechazaron el fallo que habilitó el tratamiento de las leyes que crean los nuevos códigos urbanístico y de edificación sin la realización previa de una audiencia pública. Emitieron un comunicado en el que fundamentaron su oposición a estos proyectos elaborados por el Ejecutivo porteño.
(EBVP) La jueza porteña Andrea Danas levantó la precautelar con la que había ordenado la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley de los nuevos códigos urbanístico y de edificación, proyectos que finalmente serán debatidos en la sesión del próximo jueves 6 de septiembre en la Legislatura.
“Lo harán sin que los ciudadanos hayan participado en su elaboración y sin considerar la Propuesta Urbano Ambiental Vecinal y la Carta del Derecho a la Ciudad elaborada en múltiples talleres barriales” aseguraron un conjunto de asambleas y organizaciones vecinales que rechazan la aprobación y el contenido de ambos códigos.
Cabe destacar que estas organizaciones se presentaron ante la justicia para reclamar la convocatoria a una audiencia pública antes del ingreso de estos proyectos a la Legislatura, tal como lo establece el artículo 63 de la Constitución de la Ciudad en materia de normas de planeamiento urbano y edificación.
La jueza consideró, para fundamentar su resolución, la información brindada tanto por el Ejecutivo y como el Legislativo, en cuanto a que se realizaron encuentros vecinales en cada comuna, reuniones en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura con la participación vecinal, y que estos proyectos serán sometidos al tratamiento de doble lectura, con una instancia de audiencia pública no vinculante.
La magistrada consideró que “no podría considerarse vulnerado el derecho de genuina participación ciudadana” y se limitó a ordenar a la Legislatura que “una vez fijada la fecha para la convocatoria a la audiencia pública, en un plazo de cinco días informe la fecha, hora, lugar, medios y espacios de difusión utilizados para la misma. Asimismo, una vez realizada, deberá informar el resultado de su celebración”.
En los considerandos del fallo nada expresó sobre la violación al artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, que es taxativa en cuanto a la obligatoriedad del llamado a una audiencia pública previo al tratamiento en la Legislatura de proyectos de esta naturaleza.
Ante esta situación, un conjunto de asambleas y organizaciones vecinales emitieron un comunicado en rechazo a la aprobación y el contenido de ambos códigos.
“La ciudad es de todos y todas. Es inadmisible que sea utilizada como materia prima para el negocio de unos pocos. En la ciudad, las políticas urbanas son decididas por los grandes inversores y el mercado inmobiliario que la ponen al servicio de sus intereses especulativos. La inversión pública y las plusvalías urbanas, que son fruto del esfuerzo colectivo de generaciones, están siendo apropiadas por grandes empresarios y propietarios inmobiliarios. La mezquindad y la codicia de los grupos inmobiliarios no pueden ser la guía de nuestra planificación urbana” expresaron.
Y concluyeron: “debe iniciarse un nuevo proceso con una evaluación y diagnóstico participativo de lo que ocurrió en la ciudad en las últimas dos décadas y su estado actual, que supere la planificación monopolizada por intereses económicos que no respeta la democracia participativa y las comunas. Solicitamos que se garantice nuestro derecho constitucional a la Democracia Participativa, a una Planificación Urbana Ciudadana y peticionamos el inicio urgente del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental”
En este comunicado detallaron en ocho puntos los porque de su postura:
1. Son códigos que desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios. Ambos códigos están netamente orientados a aumentar la capacidad constructiva de las parcelas, legalizar los permisos de obras ilegales otorgadas en la última década, garantizar seguridad jurídica y judicial a las desarrolladoras inmobiliarias e incrementar el precio del suelo y, consecuentemente, de las viviendas y de los alquileres, aumentando las inequidades producidas por el mercado inmobiliario.
2. El tratamiento parlamentario dado a estos códigos es inconstitucional. La Legislatura y el Poder Ejecutivo no cumplieron con la convocatoria y realización de la audiencia pública obligatoria, tal como lo establece el art. 63 de la Constitución de la Ciudad. Esta audiencia pública debió realizarse “antes del tratamiento legislativo” y geográficamente en cada comuna. Tampoco hubo participación real de los consejos consultivos comunales ni de los vecinos en las diversas reuniones convocadas por el GCBA y la Legislatura. Estas tuvieron un mero carácter formal para dar apariencia de participación ciudadana, faltando al mandato constitucional de organizar la ciudad como una Democracia Participativa.
3. Facilitarán la demolición de la ciudad, de sus distintas identidades barriales y de su diversidad cultural.
4. Profundizarán el colapso actual de los servicios públicos (agua, cloacas, luz, gas, salud, educación, transporte, etc.). Aumentarán la densidad demográfica de la ciudad sin brindar ninguna herramienta urbanística nueva para que la infraestructura de servicios públicos acompañe dicho crecimiento.
5. Destruirán en forma continua y progresiva el patrimonio histórico cultural de la Ciudad, al transformar el derecho colectivo de su preservación en un recurso económico al servicio de la especulación inmobiliaria.
6. Intensificarán la expulsión de los habitantes de la ciudad de aquellos habitantes de recursos bajo y medios, transformándola en un espacio para ricos y para quienes adquieran propiedades bajo criterios puramente rentísticos.
7. El código de edificación excluye y pone en situación de riesgo a niños, personas mayores y con discapacidad tanto en los espacios privados como públicos.
8. En síntesis, estos códigos lejos de servir al Bien Común están diseñados como instrumentos para los negocios del blanqueo, la timba financiera y la fuga de capitales dolarizados.
Firmaron el documento alrededor de 70 organizaciones, entre ellas Vecinos autoconvocados por las Casas Bajas de Villa Pueyrredón, Agrupación vecinos autoconvocados de Villa Pueyrredón y Agronomía “Salvemos al barrio”, Movimiento Comunero, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Asociación por la Justicia Ambiental, Buenos Aires Sostenible, Sociedad Argentina de Lucha Contra el Sedentarismo, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Fundación Rumbos, Vecinos Agrupados de Caballito.