La justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad suspender la demolición de la Escuela Taller del Casco Histórico, ubicada en La Boca. La cautelar rige hasta tanto esté designada en forma efectiva una nueva sede. La acción de amparo es promovida por alumnos y ex alumnos con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Por Ignacio Di Toma Mues
La jueza Romina Tesone suspendió la demolición de la Escuela Taller del Casco Histórico hasta tanto el Gobierno de la Ciudad no haga efectiva la habilitación de una nueva sede. Esta situación se da en el marco de la obra “Proyecto Corredor Metrobús del Bajo” y su extensión hacia el barrio de la Boca.
Los amparistas, alumnos y ex alumnos patrocinados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, solicitaron que la nueva sede esté ubicada en el casco histórico de la ciudad. Y que se restablezca el turno nocturno.
Los demandantes destacan que la escuela abarca “técnicas y antiguos oficios ligados a la preservación del patrimonio cultural. Así surgieron las cinco ramas de especialización que permiten la restauración edilicia, la producción de elementos ornamentales, la restauración de objetos y muebles, la restauración y producción de instrumentos musicales y el restauro y conocimiento de técnicas de arte urbano”.
La Escuela Taller, que depende de la Dirección General Caso Histórico, bajo el área de Patrimonio Cultural, tenía dos sedes: Brasil 200 y Moreno 301, que fue cerrada en 2009. Esta medida trajo aparejada la pérdida del turno nocturno.
La demanda se inició en agosto de 2019. Antes del fallo se realizaron dos audiencias (en septiembre y en octubre) entre las partes y el tribunal. En esas instancia el Gobierno de la Ciudad explicó que la nueva sede de la escuela taller estará ubicada en un nuevo edificio (a construirse) en el anexo del Espacio Cultural del Sur, en Plaza España, barrio de Barracas.
La obra del nuevo edificio tendría un plazo de entrega de siete meses, pero actualmente está paralizada por una orden judicial.
Y como plan de contingencia ofreció el edificio de la calle Alsina 963, que actualmente se encuentra ocupado por dependencias de la administración del Ejecutivo porteño, que serían relocalizados.
La magistrada, señaló que “en principio- y sin perjuicio de lo que corresponde determinar al momento de dictar sentencia definitiva – se verifica que el caso comprende al derecho a la educación y al mantenimiento del patrimonio cultural local”.
En lo que atañe a la protección del patrimonio urbano – advirtió la jueza Tesone – la Constitución de la Ciudad en su artículo 32 garantiza la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la Ciudad y sus barrios.
Y respecto a la educación, citó el artículo 23 de la Carta Magna que garantiza “un sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente al desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática”.
“En tal orden, en principio, – aseguró la jueza – resultaría violatorio de tales directivas la interrupción indefinida, sin tener asegurado el reinicio de las clases en la Escuela Taller del Caso Histórico”.
Por otro lado, explicó que “no existe discrepancia entre las partes en torno a la legalidad de los actos que disponen la demolición del edificio. En efecto, ello no es objeto de cuestionamiento por parte de la actora. El punto actual de conflicto reside en el hecho de resolver si el Gobierno de la Ciudad ha asegurado la continuidad de la escuela para el caso de que efectivamente se lleve a cabo el desmantelamiento del inmueble de la Avda. Brasil 220”.
La jueza Tesone concluyó que, de las presentaciones realizadas por el Gobierno de la Ciudad, y de lo expuesto en las audiencias, “se corrobora que la continuidad de los estudios de los amparistas para el año 2020 no se encuentra garantizada con el grado de certeza necesario para tener por debidamente tutelados y asegurado el goce de sus derechos”.
Y agregó que “habilitar la demolición implicaría privar absolutamente de un espacio físico acondicionado para el dictado de clases que brinda la institución y que conllevaría la absoluta falta de garantías en torno a la continuidad durante el ciclo lectivo 2020”.
En cuanto a la obra de extensión del Metrobús, la magistrada entendió que “no se vislumbra de modo palmario que la demora que la medida dictada aparejaría a las obras viales comprometa de modo irreversible al proyecto. En efecto, el retraso en el inicio de su ejecución – sólo en lo que atañe a la demolición que aquí se trata- dependerá de que el Gobierno de la Ciudad cuente con un espacio habilitado para el dictado de clases de la Escuela Taller”.
Sobre el restablecimiento del turno nocturno, suspendido desde el año 2009, no hubo pronunciamiento de la jueza Romina Tesone.