La justicia suspende la evaluación “Mi escuela Saludable” delegada en una institución privada integrada por Coca Cola y Monsanto

mi-escuela-saludable
La justicia de la ciudad ordenó al Ejecutivo porteño suspender la implementación de la evaluación prevista en el programa “Mi escuela Saludable” que debía realizar una institución privada que tiene como miembros a Coca Cola y Monsanto, entre otras empresas. La acción de amparo fue presentada por el actual legislador – y docente – Gustavo Vera.

(EBVP) Fue suspendida por la justicia de la ciudad, en el marco del programa “Mi escuela Saludable”, la evaluación de niños, niñas y adolescentes que debía realizarse con la participación del “Instituto Internacional de Ciencias de la Vida” que tiene como miembros, entre otras, a las empresas Coca Cola y Monsanto.

La resolución fue tomada por el juez Lisandro Fastman, titular del juzgado N° 14 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, ante un pedido de amparo solicitado por el legislador porteño, Gustavo Vera, quien cuestionó la delegación a entidades privadas de las tareas de planificación y evaluación de programas de salud.

El magistrado hizo lugar al pedido y dicto una medida precautelar hasta tanto se proporcione la información requerida y se resuelva la medida cautelar solicitada por los amparistas.

Fastman fundamentó la suspensión de las evaluaciones debido a que de las constancias presentadas “no se desprende con la claridad suficiente cuál es el rol que tendría la organización civil mencionada y también faltan elementos que permitan conocer el contenido y la extensión del programa”.

Por otra parte, ordenó al Gobierno de la Ciudad en el término de dos días, a adjuntar copias certificadas de todas las actuaciones administrativas vinculadas con la evaluación prevista en el marco del Programa ‘Mi Escuela Saludable’, en especial, las relativas a la intervención de la entidad privada ‘Instituto Internacional de Ciencias de la Vida.

No se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesiones los intereses del sector, ni delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen” aseguró el juez.

error: Contenido protegido!