La segunda sesión ordinaria del año mostró la dificultad del oficialismo para reunir mayorías. Se aprobaron proyectos de impacto barrial, mientras que iniciativas estratégicas como la compra de coches de subte o la moratoria tributaria quedaron sin tratamiento.
Por Valeria Azerrat
Legisladores porteños trataron más de 350 expedientes en el recinto entre los que primaron declaraciones y resoluciones, pero no consiguieron avanzar en temas estratégicos como la toma de deuda o la moratoria impositiva. La discusión por el Presupuesto 2026 y la creación de un sistema penitenciario propio marcarán el pulso político de los próximos meses en la recta final del año.
Entre las leyes sancionadas se destacaron dos vinculadas a los clubes de barrio. La primera crea el Programa de Salud en Clubes de Barrio, con el objetivo de garantizar la atención médica, los controles físicos y el acompañamiento sanitario a niños, niñas y jóvenes que practican deportes en instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas. El servicio se prestará a través de hospitales y Centros de Salud.
La norma establece que los aptos médicos deberán realizarse en el mes de nacimiento de cada deportista, con una validez de un año salvo indicación médica en contrario. Como autoridad de aplicación, se designó al Ministerio de Salud en coordinación con la Secretaría de Deportes.
Por otro lado, se aprobó un proyecto que incorpora capacitaciones en igualdad de género en clubes e instituciones deportivas porteñas, en el marco de la Ley Micaela, con el fin de promover entornos más inclusivos y libres de violencia.
El extenso temario planteado por los bloques legislativos para el jueves 4 de septiembre, sin embargo, incluía otros expedientes que no lograron los votos necesarios para su aprobación. Entre ellos, figuraba el pedido del jefe de Gobierno, Jorge Macri, para que la Ciudad pueda tomar deuda por 375 millones de dólares y financiar la compra de coches para la línea B de subtes.
Tampoco se trató una moratoria impositiva para contribuyentes para la regularización de los impuestos Inmobiliarios y Patentes del año 2024 hasta julio de este año. Y un proyecto de ley vinculado a la regulación de los mandatarios que actúan ante deudas tributarias. Según dijeron las autoridades legislativas, ambos temas podrían tratarse en una próxima sesión.
La exclusión de los proyectos responde a las dificultades que enfrenta el PRO para reunir las mayorías necesarias, debido a la merma de escaños propios. Una situación que se profundizará después del 10 de diciembre con el recambio legislativo. Por eso, busca acelerar el debate de leyes estratégicas como el Presupuesto 2026, que definirá el rumbo económico de la gestión.
A su vez, el arco opositor – que tiene como principal fuerza a Unión por la Patria – empuja cambios a los proyectos del Ejecutivo como en el caso de la propuesta para la creación de un sistema penitenciario local sobre la cual los diputados encararon un trabajo de análisis exhaustivo en los últimos meses.
En un plenario de comisiones, realizaron dos reuniones semanales a las que concurrieron funcionarios porteños y expertos del tema para sumar aportes a la redacción final de la ley que busca resolver, en parte, la crisis desatada en las comisarías por la superpoblación de detenidos, pero que además dar un paso más en la autonomía del distrito al asumir competencias propias en la custodia de personas privadas de libertad.
La conformación de un Sistema Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé que sea una institución civil, armada y jerarquizada, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, con la función principal de la custodia, guarda y tratamiento de personas detenidas, imputadas o condenadas por la Justicia porteña. Y garantizar la seguridad. El modelo propuesto tiene un fuerte enfoque en la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
Los temas de la Comuna 12
En la sesión del jueves 4 de septiembre, los legisladores aprobaron la renovación de la concesión a la “Agrupación San Jorge” del uso gratuito del predio ubicado en la calle Vilela 3340 por el término de 13 años. La iniciativa ya contaba con una media sanción y recibió el respaldo de la ciudadanía durante una audiencia pública en abril.
El proyecto destaca que, por la trayectoria histórica de la institución y su rol en la promoción del deporte comunitario, resulta pertinente mantener el vínculo con los vecinos y vecinas que practican actividades en el lugar.
La norma especfica que el predio deberá destinarse exclusivamente a actividades recreativas, deportivas y de esparcimiento, en beneficio de la población. Además, la entidad deberá colaborar con el Ministerio de Desarrollo Social o la autoridad del Ejecutivo porteño que tenga competencia en esas actividades.
Durante la misma sesión, la Legislatura también aprobó una manifestación para que el Gobierno de la Ciudad preserve el Parque Sarmiento y avance en su reconversión progresiva como parque público de acceso libre y gratuito.
La resolución advierte que, bajo las últimas gestiones del oficialismo, el predio sufrió un proceso de privatización creciente, a través de concesiones y permisos de uso intensivo que redujeron los espacios públicos disponibles.
El texto recuerda que desde 2018 el Parque Sarmiento fue objeto de diferentes transformaciones: fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos de la Juventud, lo que implicó obras que disminuyeron su capacidad de absorción hídrica; sumó nuevas concesiones, como las instalaciones deportivas de Sebastián Battaglia; e incorporó actores privados como el Belgrano Athletic Club, que recibió autorización para levantar sus propias instalaciones.
A su vez, celebraron los aniversarios por el centenario de dos establecimientos educativos de la Comuna 12, sobre los cuales se definió la colocación de placas conmemorativas. Las escuelas aludidas fueron la Primaria Común 18 Helena Larroque de Roffo, ubicada en Medeyros 3555 de Villa Urquiza; y la Primaria Común 22, situada en la calle José Pascual Tamborini 3948 de Coghlan.
Y, finalmente, los legisladores sancionaron dos pedidos de informes al Ejecutivo porteño: el primero vinculado con lo ocurrido el 8 de julio en el Centro de Jubilados y Pensionados Unión Recreativa de Parque Saavedra, cuando personal policial y del Ejecutivo desalojaron y demolieron las instalaciones. Y el restante respecto de la ley que regulariza la situación de los habitantes de la traza de la ex autopista 3.
