La Legislatura implementó la Tribuna Popular forzada por un fallo judicial que le impuso una multa diaria progresiva por el incumplimiento del reglamento interno dictado hace más de 20 años. La iniciativa del PRO modificó el reglamento y puso límites para su convocatoria.
(EBVP) La Legislatura, a través de una resolución, instrumentó la puesta en práctica de la Tribuna Popular que está incluida en el reglamento interno (artículos 76 y 77) que ya tiene 20 años de vigencia. Cabe destacar que la Casa Legislativa se vio forzada a tomar esta medida por un fallo judicial que le impuso una multa diaria progresiva por su incumplimiento. El amparo fue presentado por la ONG Observatorio de la Ciudad.
Sin embargo, el proyecto aprobado – impulsado por el PRO – limita este instrumento de participación a las sesiones especiales convocadas con el voto de la mitad más uno de los legisladores que integran la Legislatura. La resolución fue sancionada con el voto favorable de 31 diputados de los bloques del PRO, Coalición Cívica y Confianza Pública y con la oposición del resto de las fuerzas políticas.
El proyecto modifica los textos originales de los artículos 76 y 77 del reglamento interno y limitada este derecho de los ciudadanos porteños.
“La Tribuna Popular permite efectuar manifestaciones por parte de representantes de organizaciones no gubernamentales y/o vecinos radicados en la Ciudad, en sesión especial con temario específico de interés para la Ciudad” reza el nuevo artículo 76. La versión original establecía que los planteos se podían realizar en las sesiones plenarias.
Por otra parte el artículo 77, modificado por la resolución sancionada, establece que – entre otras cuestiones – “los ciudadanos interesados en participar deberán registrarse con dos horas de antelación al inicio de la sesión especial convocada al efecto y cada inscripto tendrá un máximo de 15 minutos para exponer y podrá referirse a un solo tema”.
“Anteriormente el primer reglamento establecía que los vecinos pudieran hablar en las sesiones ordinarias, pero ahora quieren vaciar a estos artículos de contenido” manifestó Adrián Camps, legislador del Socialismo Autentico, y señaló que “este proyecto es para cumplir con la justicia, pero en los hechos es inaplicable”.
Desde el kirchnerismo, la diputada Paula Penacca advirtió durante el debate que “están intentando construir una ficción de participación que en realidad no existe”. Por su parte, Laura Marrone del Frente de Izquierda y los Trabajadores, indicó: “nuestra posición es que el despacho es restrictivo en comparación con la filosofía con la que se ha pensado a la tribuna popular” y aseguró que como defensores de la democracia directa “no acompañamos este proyecto”.
Respecto al fallo judicial, el legislador del PRO, Alejandro García, manifestó: “tratamos este tema en el recinto meramente por una decisión judicial, la cual estuvo fundada por aquellos que no pudieron resolver desde el gobierno la tribuna popular” y advirtió que la sentencia “marca un antecedente peligroso porque no respeta la división de poderes”.
En los considerandos del fallo de la Sala III de la Cámara en los Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad el tribunal destacó que “el reglamento interno de la legislatura es norma vigente, y prevé el derecho a participar del debate en sesión plenaria mediante el instituto de la Tribunal Popular” y calificó el incumplimiento como una conducta ilegal y carente de justificación.