La Justicia porteña falló a favor de las familias que exigen, tras un cambio implementado en 2022 por el Gobierno de la Ciudad, que los jóvenes mayores de 22 años con discapacidad vuelvan a acceder a una educación de calidad, junto al servicio de transporte y alimentación.
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Por Juan Manuel Castro
Ante un amparo colectivo presentado hace un año por familias de estudiantes de escuelas especiales de la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio de la defensora oficial Giselle Furlong, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, la Justicia porteña ordenó a fines de febrero al Gobierno porteño garantizar el derecho a la educación inclusiva para personas con discapacidad mayores de 22 años. El Ejecutivo apeló la medida y aún no se pudo implementar para el ciclo lectivo 2024.
“Salió el fallo a nuestro favor, es un montón. El juez nos escuchó a las familias y a los chicos”, dijo a este medio Eliana Villar, madre de un joven con discapacidad que asistía a la Escuela de Educación Especial N° 18 y que formó parte del amparo que contó con el apoyo del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.
El titular del Juzgado N° 23 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Francisco Ferrer, ordenó al Gobierno de la Ciudad “ofrecer cursos y talleres dirigidos a las personas con discapacidad mayores de 22 años que resulten accesibles”, debiendo para ello cumplir tres condiciones: existencia de vacantes disponibles para todas las personas interesadas; garantizar una carga horaria previsible y razonable de cursos y talleres y garantizar el servicio de transporte y alimentación.
“El tema es que el Gobierno apeló y dilató la situación”, señaló Eliana y sumó: “Los chicos no pudieron volver a la escuela en el inicio de este ciclo lectivo. El Gobierno no acató y la situación sigue igual. Nosotros seguimos presentado escritos y el Gobierno apela y así. Lo que queremos es que los chicos vuelvan a la escuela”.
Recordemos que en el año 2022 el Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, anunció que a los alumnos y alumnas mayores de 22 años se les reduciría la jornada educativa, y no tendrían derecho al transporte ni al comedor. En el caso de la Escuela Especial y Formación Laboral N° 21 “Rosario Vera Peñaloza” de Villa Pueyrredón esta situación afectó al 70% de la matrícula.
Para el Ministerio Público de la Defensa, que acompañó el reclamo de las familias, se trató de una forma de “eliminar o reducir la oferta educativa de talleres en Escuelas Especiales y de Formación Integral para personas con discapacidad mayores de 22 años, y la eliminación del servicio de alimentación y transporte”.
“Los expulsaron del sistema educativo ofreciendo solo algunos talleres sin continuidad pedagógica, de dos horas semanales que nada tenían que ver con los chicos que iban todo el día, de 8.15 a 16.15 con comedor y transporte”, resaltó Eliana Villar, una de las amparistas.
En marzo de 2023 se inició el reclamo ante la Justicia de la mano de un grupo de madres y padres. Luego se sumaron estudiantes y más familiares. Exigían que se le ordene al Ministerio de Educación porteño establecer espacios permanentes para la formación integral de los y las mayores de 22 años con necesidades educativas especiales, así como también garantizarles transporte y alimentación.
“Fue una medida intempestiva”, evocó Eliana y agregó: “Los pibes, los mayores de 22 años, fueron a la escuela en marzo del 2022 como siempre y se encontraron con que no podían ingresar. No les avisaron. Produjo un impacto tremendo en los chicos, la escuela es un lugar de pertenencia, lugar de sociabilización, lugar donde los entienden, donde pueden hacer y aprender desde lo pedagógico y emocional. Fue un maltrato tremendo”.
También aseguró que se trata de una situación de gravedad porque a los estudiantes “no los egresaron de ninguna manera, ellos no tienen ninguna acreditación de saberes. Esos años de escolaridad no tienen ningún certificado” y agregó: “Vulneraron todos sus derechos. Otro pibe sale del secundario y va a donde quiere, ellos no. Esa es la realidad. Algunos chicos con discapacidad pueden estar incluidos en otros espacios, pero muchos chicos no, necesitan de la educación especial. Los dejaron sin presente ni futuro. Lo único que pueden hacer era quedarse en su casa”.
“Esta situación también perjudicaba toda la dinámica familiar en casos de chicos sin independencia… necesitamos lugares de formación permanente para el adulto con discapacidad, para los jóvenes mayores de 22 años”, concluyó Eliana.
La Defensora Giselle Furlong, interinamente a cargo de la Defensoría N° 5 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario, argumentó: “En la demanda se relata que, hasta fines de 2021, los y las estudiantes podían asistir a las escuelas hasta los 30 años de edad, cursando talleres diariamente y contando con un servicio de alimentación y transporte. Luego, de modo intempestivo, las autoridades informaron que, a partir de 2022, los mayores de 22 años dejarían de pertenecer al sistema escolar de la Ciudad”.
Además, señaló que “ciertas instituciones ofrecieron, de modo informal, a algunos/as estudiantes continuar asistiendo a talleres opcionales, pero sin servicio de comedor ni transporte. De este modo, el resultado general fue que todos los alumnos de más de 22 años – así como los menores, que no saben qué sucederá a futuro – quedaron en una situación de incertidumbre, situación que vulnera sus derechos a la educación, a la inclusión y al trato igualitario y no discriminatorio”.
El Ministerio Público de la Defensa informó que el amparo tramita con el número de expediente 35231/2023-0. Para consultas comunicarse con la Defensoría Nº 5 al teléfono 7091-3705.