Javier Milei consiguió uno de sus triunfos legislativos más resonantes con la aprobación de la reforma laboral. Mientras el modelo económico que encarna no hace más que destruir puestos de trabajo formales y reduce los ingresos de los asalariados, sirve en bandeja a los empresarios la posibilidad de despedir a gusto a sus trabajadores o hacerlos más “flexibles” a las demandas de la nueva Argentina libertaria.
Por Fernando Casasco
Los problemas de conseguir trabajo no son solo privativos de la Argentina, ni pertenecen a los últimos años. “El fin del trabajo” es un libro del economista estadounidense publicado en 1995. Su autor, por entonces asesor del ex presidente Bill Clinton, sostenía que, debido al proceso tecnológico en marcha, “el mundo acabará polarizándose en dos tendencias potencialmente irreconciliables: por una parte, una élite bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta tecnología; y por otra, un creciente número de trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y aún menos esperanzas de conseguir un trabajo aceptable en un mundo cada vez más automatizado”.
Por los mismos años se implementaron a nivel global políticas de corte neoliberal que concentraron cada vez más la riqueza en pocas manos, mientras destruían empleos (sobre todo industriales) y recortaban los ingresos de las clases medias y bajas.
Este proceso se ha acentuado de manera contundente en los más de 30 años que pasaron desde que Rifkin teorizara al respecto. La economía de plataformas hoy es una realidad y la implementación en los procesos productivos de la Inteligencia Artificial, y el consecuente reemplazo de mano de obra humana, parecen no tener vuelta atrás.
El cambio de paradigmas genera alrededor del mundo un profundo debate sobre el sistema de producción poscapitalista y la mejor forma de aprovechar la revolución tecnológica y generar mayor bienestar en la población. Varios países de Europa e incluso del continente americano han aprobado o discuten propuestas para reducir las horas o las jornadas de trabajo. Otros proponen salarios básicos ciudadanos para evitar que los trabajadores desplazados por la tecnología se queden sin sustento.
Sin embargo, la discusión sobre el nuevo régimen laboral que se acaba de aprobar en Argentina parece atrasar décadas o incluso retrotraernos a un país del siglo XIX en el que los derechos laborales eran apenas una quimera. Es paradójico que esto ocurra en un país que durante el siglo XX se caracterizó por las luchas gremiales y la obtención de derechos por parte de los trabajadores, mucho antes incluso de que el primer peronismo los consagrara en la letra de la Constitución de 1949. Dicho hito fue luego anulado por la revolución fusiladora de 1955, pero parte de su espíritu pervivió en el artículo 14 bis del actual texto constitucional.
Si no es nueva la tendencia a la concentración económica y a la destrucción de empleo industrial, lo único que ha hecho el gobierno de Javier Milei es agravar la tendencia. Algunos números que explican la debacle sufrida por los trabajadores durante la gestión libertaria:
- Desde diciembre de 2023 se cerraron 21.938 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
- El sector privado registrado acumula una destrucción de 235 mil puestos de trabajo entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2025, según cifras del INDEC. La construcción, la industria y el transporte son los sectores que más puestos de trabajo perdieron.
- La informalidad laboral pasó del 40,8% al 43,3% entre 2024 y 2025.
- En los últimos dos años el empleo privado registrado cayó en todas las provincias argentinas, a excepción de Neuquén (+3,4%, gracias a Vaca Muerta) y Río Negro. En los distritos más poblados (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires) la merma fue de entre el 2,3% y el 3,4%, mientras que en cinco provincias superó el 10%.
- Los salarios registrados cayeron 8,6% durante la gestión de Milei. El salario real del sector privado tuvo una caída interanual de 2,8% en el pasado enero, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El sector público arrastra una caída del salario de casi 17 puntos en los últimos dos años.
- La cantidad de horas trabajadas aumentó 9% interanual en el tercer trimestre de 2025, según INDEC. Gran parte de esas horas son de trabajadores que complementan sus ingresos con prestación de servicios a plataformas o con actividades cuentapropistas.
Pero si no son nuevos estos problemas de empleo que se agudizan con la aplicación de políticas de ajuste, tampoco son nuevos los argumentos expuestos a partir de la presentación de la reforma laboral por parte del gobierno de Javier Milei. Es más, repiten los que se han venido exponiendo desde la década del 90: que Argentina tiene un alto costo laboral, que la “industria del juicio” arruina a las pymes, que la ley de contratos de trabajo no está actualizada a las nuevas demandas sociales, etc. Las mismas cantinelas de los últimos 30 años.
Pese a los argumentos oficiales, el objetivo fundamental de la “modernización laboral” aprobada por el Congreso pasa por abaratar los despidos para los empresarios y extender las jornadas de trabajo, para adecuar el rendimiento de los trabajadores a las demandas de sus empleadores.
Entre sus principales puntos se destacan:
- Extensión del período de prueba de tres a seis meses, con la posibilidad de que los convenios colectivos lo amplíen hasta ocho meses en empresas medianas y un año en pequeñas empresas.
- Cambios en el sistema de indemnización por despido. El punto más relevante es la habilitación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permite sustituir el sistema indemnizatorio tradicional por un fondo financiado con aportes periódicos del empleador. La medida implica abaratar el costo del despido y debilitar la protección frente a cesantías arbitrarias. Además, este fondo estará conformado por aportes que anteriormente se hacían a la ANSES, lo que debilitará aún más a la caja de la que surge el pago de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales. Por otra parte, la reforma modifica el cálculo indemnizatorio excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones, lo que en la práctica reduce los montos que perciben los trabajadores despedidos.
- Flexibilización del tiempo de trabajo mediante la introducción de un sistema de “banco de horas”. La norma habilita jornadas que pueden llegar a 12 horas diarias, siempre que el promedio semanal no supere las 48 horas. Los especialistas en derecho laboral advierten que esta modalidad puede diluir el pago de horas extra y extender el tiempo efectivo de trabajo.
- Salarios. El empresario tendrá la posibilidad de pagar con dinero (nacional o extranjero), mientras que las prestaciones complementarias podrán hacerse “en especie”, a través del intercambio de alimentos o alojamiento.
- Modificación del régimen de vacaciones. Entre otros puntos, habilita el fraccionamiento del descanso anual en períodos más cortos, con un mínimo de siete días, junto con la posibilidad de que no se otorguen en los meses de verano.
- Modificación de las reglas del conflicto laboral. La ley establece nuevas obligaciones de servicios mínimos durante huelgas en sectores esenciales, que deben garantizar entre el 50% y el 75% de la actividad. Además, se castigará la realización de bloqueos a empresas y las asambleas deberán contar con permiso de la empresa.
- Promoción de acuerdos directos entre empresas y trabajadores por fuera de los convenios colectivos, lo que para muchos especialistas implica una fragmentación del sistema sindical argentino y el debilitamiento de las demandas sectoriales. Además, los convenios colectivos perderán vigencia después de su fecha de vencimiento.
- Eliminación o modificación de diversos estatutos profesionales especiales que regían determinadas actividades. Entre ellos se encuentra el histórico Estatuto del Periodista Profesional, sancionado en 1944 y que incluía la estabilidad laboral reforzada, regulaciones sobre jornadas de trabajo, protección frente a despidos arbitrarios. La medida implica una precarización del trabajo periodístico y un debilitamiento de las garantías laborales en un contexto de crisis estructural de los medios, lo que conlleva en los hechos un ataque a la libertad de prensa y de expresión.
Las principales cámaras empresarias expresaron su apoyo a la reforma laboral, aunque advirtieron que para que el empleo registrado crezca es necesaria una economía en expansión. Chocolate por la noticia. Mientras tanto, la CGT ya presentó un amparo judicial cuestionando la aplicación de algunos de los artículos de la ley que entran en contradicción con el artículo 14 bis de la Constitución y con algunos de los pactos internacionales suscriptos por el país.
La realidad del mundo marca que el trabajo humano está ante un horizonte sombrío. A partir de la sanción de esta ley, a los derechos de los trabajadores en Argentina les espera un panorama más oscuro aún.
