La ratificación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a Cristina Kirchner terminó de quebrar un tablero político ya astillado. Los que buscaron sacar a la ex presidenta de la cancha son los mismos que hoy se ilusionan con el plan de Javier Milei. Mientras tanto, el país vive un clima enrarecido de ataques al periodismo y acciones contra la oposición.
Por Fernando Casasco
El pasado 10 de junio de 2025 quedará marcado en rojo en los anales de la historia argentina: la Corte Suprema dejó firme, por unanimidad, la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa “Vialidad”. Sin entrar en el fondo de la cuestión, el máximo tribunal ratificó lo dispuesto por el TOF 2 en 2022, a su vez confirmado por la Cámara de Casación, y rechazó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa.
La última “provocación” de la expresidenta había sido postularse a diputada provincial por la Tercera Sección electoral bonaerense en los próximos comicios de septiembre. Al haberse caído el proyecto de Ficha Limpia-, nada le impedía ser electa y ocupar una banca. Pero de golpe y porrazo el máximo tribunal sacó su expediente del letargo en que suelen entrar las causas políticas más urticantes para confirmar lo que se suponía: el único objetivo de esa causa era “sacar de la cancha” a la dirigente política más importante de las últimas dos décadas.
El kirchnerismo volvió a denunciar la existencia del “lawfare” en contra de los procesos populares y democráticos: a lo largo del trámite se observó la existencia de un juicio amañado, flojita de pruebas y una sentencia políticamente inducida. “La historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso más equitativa, no los perdonan”, sentenció la exmandataria tras conocerse el fallo. “Mientras los Sturzenegger, los Caputo y los Macri caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política», desafió en otra de sus frases que quedarán para la historia.
Abogados y juristas alertaron en los últimos años sobre fallas procesales, copia literal de textos anteriores y una Corte que opera bajo presiones del poder económico. Incluso un experto en derecho constitucional, como Andrés Gil Domínguez – sin ninguna ligazón con el kirchnerismo – estimó que el dictado por parte de la ex presidenta del decreto 54/2009 es una “mínima prueba indiciaria o prueba indirecta de muy baja intensidad” en esta causa, que no alcanza para “derribar la presunción de inocencia”.
En cambio, los sectores no peronistas de la derecha festejaron el fallo como una victoria histórica. «La República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad», dijo el presidente Javier Milei, en su cuenta de X. Coincidió con Mauricio Macri, quien en un tono cáustico – y sin ofender al periodismo -, destacó que “lo único rescatable de la triste detención de la expresidenta es la confirmación de que el sistema funcionó”.
El sueño húmedo de los sectores más fervientemente antikirchneristas era ver a la expresidenta esposada o tras las rejas, en una afirmación visual de la derrota del “demonio” al que habían combatido durante todos estos años. Claro que ese deseo se choca con el sistema legal vigente en la Argentina, que permite que los condenados de más de 70 años afronten su pena mediante la prisión domiciliaria.
Así lo solicitó Cristina, quien apenas conocido el fallo comenzó a recibir en la puerta de su casa en el barrio de Constitución muestras de afecto de miles de personas que se autoconvocaron. Ante el temor que generaba una masiva movilización para acompañar a la expresidenta hasta los tribunales de Comodoro Py, los jueces del tribunal oral se apuraron a otorgarle la domiciliaria y se lo comunicaron en forma remota.
Se llegó hasta el punto de generarse una polémica en torno a si la exmandataria podía o no salir al balcón de su casa, desde el cual saludaba a los militantes que concurrían a apoyarla. Los jueces finalmente no pusieron reparos al uso de la vivienda en su totalidad, pero sí exigieron que pida permiso para recibir visitas. Y agregaron una dosis de humillación: el uso de una tobillera electrónica, en un país en el que muchos genocidas detenidos en sus casas no deben portar ese tipo de artefactos.
Finalmente, la manifestación de apoyo a Cristina fue masiva en la Plaza de Mayo y sus inmediaciones. Además de Buenos Aires, las calles de ciudades como Córdoba, Rosario, Bariloche y Mar del Plata, entre otras, se volvieron escenario del reclamo por la libertad de la expresidenta y contra la proscripción. En el agrietado panorama del peronismo, las distintas tribus internas ligadas a Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa “cerraron filas” y denunciaron que la democracia estaba en riesgo. En un mensaje transmitido por parlantes durante la concentración en Plaza de Mayo, Cristina volvió a reclamar la unidad del arco opositor: “En esta etapa es necesario organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Vamos a volver con más sabiduría, con más unidad y con más fuerza», sentenció.
La avanzada contra el campo popular
Un incidente marca el tono de la situación política de la Argentina. El siempre lenguaraz diputado José Luis Espert debió abandonar una charla a la que asistió en la Universidad Católica Argentina, tras insultar en duros términos a la hija de Cristina Kirchner, lo que recibió el repudio de parte del auditorio. Tras ello, un grupo de militantes – algunas de ellos funcionarias de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Quilmes – tuvo la infantil idea de organizar un escrache frente a la casa del economista liberal, en la que arrojaron excremento de caballo e instalaron un pasacalle ofensivo.
Lo que a todas luces parecía una contravención y una estudiantina impropia de dirigentes que se precien de tales, fue tomado por la justicia federal como un delito grave. La jueza Sandra Arroyo Salgado – de aceitados contactos con una parte de los servicios de inteligencia – ordenó detenciones, derivando a algunas de las implicadas a un penal de máxima seguridad e incomunicándolas, como presuntas responsables de un plan para «imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor», llevar a cabo amenazas coactivas e incitación al odio. La situación en la que se enmarcan las detenciones fue denunciad en las redes sociales por la expresidenta como “terrorismo de estado de baja intensidad”.
Tal vez en algo Arroyo Salgado tenga razón y es que permanentemente existe incitación al odio en la Argentina. Aunque no provenga exclusivamente, ni principalmente de la oposición. En la “batalla cultural” que el Mileísmo lleva adelante desde su acceso al poder, los discursos de odio y deshumanización de los opositores, periodistas y distintos sectores sociales, proliferan desde las redes sociales hasta el prime time de la radio y la televisión.
Recientemente el jefe de Estado ha hecho de esto un estandarte con su slogan de “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, lo cual luego es replicado por miles de empleados, trolls y de seguidores silvestres en redes sociales. Milei despacha a diario una catarata de tuits contra los “mandriles” del periodismo, la política y la economía. Y hasta se ensaña con un niño con discapacidad.
Todo ello forma parte del plan diseñado por el “monje negro” Santiago Caputo, quien ha sabido aprovechar la fácil proliferación de discursos de odio en las nuevas plataformas.
Pero el gran peligro de este discurso ultralibertario es su radicalización cada vez más explícita.
El titular de la Fundación Faro e ideólogo conservador, Agustín Laje, sostuvo en televisión que “no está mal tener formas violentas contra el mal”, como ellos denominan al peronismo, al socialismo, y a cualquier otro “ismo” que se les enfrente.
Y del dicho al hecho no hay mucho trecho: junto con los ya habituales operativos represivos para combatir las marchas de jubilados de cada miércoles al Congreso, se repiten despliegues violentos de fuerzas de seguridad ante cada manifestación callejera y protestas de trabajadores despedidos o en conflicto con sus empresas.
Se han registrado agresiones a periodistas y camarógrafos en actos públicos, mientras que el presidente ha iniciado causas penales contra periodistas de medios críticos y otros que no tanto.
En este escenario, la política, el sistema judicial y la prensa vuelven a quedar atrapados en el fuego cruzado de una Argentina marcadamente polarizada y con cada vez menores instancias de diálogo y acuerdo. Una dinámica que nos hace asomarnos a la orilla de los abismos más estremecedores de la historia nacional.
