Un insólito conflicto en la justicia comercial mantiene retenida una causa
Mientras una fiscal reiteró durante cinco oportunidades que se debe dar curso a una apelación contra el levantamiento de una cautelar que frena la creación de un organismo de registro de sociedades en la ciudad, la jueza a cargo del expediente lo retiene sin elevarlo, obturando su trámite. En paralelo, el gobierno toma otro camino: pide al Congreso la modificación de la Ley Cafiero, algo que le permitiría llegar al mismo objetivo por otra vía y bajo la intención de traspasar la justicia nacional a la ciudad. La historia de la apelación que enfrentó a Gils Carbó con el macrismo y la sospecha de creación de un paraíso fiscal.
Por Gabriel Morini
La creación de una Inspección General de Justicia para la Ciudad de Buenos Aires quedó envuelta en un escándalo judicial inédito en el fuero Comercial, que desató un enfrentamiento entre la fiscalía y una jueza subrogante, que retiene hace meses un expediente sin elevarlo a la Cámara de Apelaciones para que lo revise.
En paralelo, el Gobierno nacional y el porteño empujan para avanzar en la transferencia de competencias de la justicia nacional a la órbita metropolitana, en un proyecto de ley que aún no tuvo tratamiento pero que prevé que los registros de sociedades que tengan domicilio social dentro de los límites de la General Paz, estén controladas por un organismo local.
El contrasentido entre ambos movimientos, el de creación de un ente autónomo y la transferencia del nacional tiene la modificación de la denominada Ley Cafiero como telón de fondo.
La fiscal de Cámara, Gabriela Boquín hizo cinco pedidos para que la jueza subrogante Macarena Marra Giménez libere el expediente que retiene bajo su órbita. Cinco desde marzo, sin obtener resultados.
La magistrada contradijo todos los reglamentos de procedimiento e insiste con retener el expediente pese a haber recibido la apelación a su decisión el 3 de marzo pasado y haberla concedido al día siguiente.
La intención de la jueza en proseguir con el levantamiento de la cautelar que suspende la implementación del registro porteño, a pesar del recurso de apelación interpuesto por el cual debe elevar el expediente sin más trámite para que sea el tribunal de apelaciones el que resuelva.
En el medio de esta insólita situación, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta nombró a un director para el registro – todavía fantasma -, pero con retroactividad a febrero de este año. Esto, a pesar de que la cautelar que suspende su implementación sigue vigente.
El nombramiento por decreto se hizo a través del documento 195/2016 del 7 de marzo. Ese decreto esta refrendado por el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma, Martín Ocampo; por el Jefe de Gabinete de Ministros, Felipe Miguel; y por el propio Rodríguez Larreta.
El texto establece que “mediante la Ley N° 2875, se creó el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la organización y competencias determinadas en la citada Ley; Que posteriormente por la Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose el mencionado Ministerio”. Todo ello con el objetivo de que “a partir del 1 de febrero de 2016, la designación del Dr. Hernán Emilio Najenson, como Director, del organismo que nos ocupa”.
Najenson, según su propio perfil fue socio fundador del Estudio Jurídico Spota Najenson Abogados S.R.L. Y se desempeñó como Asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Jefe de Asesores de la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina.
Además, fue Asesor y Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Activos (AML) del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Lo curioso de su carrera es que fue jefe de asesores de la IGJ durante el kirchnerismo (de 2006 a 2009), lo que coincide con el desembarco de La Cámpora en la cúpula del organismo de control e inscripción de sociedades.
El tema de ese nombramiento también resultó curioso: el gobierno porteño designó a Najenson antes de pedir el levantamiento de la cautelar. El convencimiento del resultado favorable a la postura oficial disparó aún más suspicacias acerca del real interés que tiene esta causa para los objetivos del macrismo.
Una disputa que ya acumula ocho años de trámite. En 2008, la Legislatura porteña aprobó la formación de la IGJ en la ciudad, lo que algunos percibieron como una intentona de generar una regla aparte de la regulación a nivel nacional, lo que convertiría al territorio metropolitano en una suerte de offshore por beneficios impositivos para el ingreso de capitales por fuera de los controles habituales.
Quien se opuso fue la entonces fiscal general ante la Cámara en lo Comercial, Alejandra Gils Carbó. Hoy, como Procuradora General de la Nación desvela al oficalismo la manera de desembarazarse de la funcionaria nombrada durante el gobierno anterior.
La identifican como una militante kirchnerista y no han ahorrado esfuerzos para explorar caminos para removerla del cargo por el que tiene estabilidad constitucional. Hasta ahora, todos los intentos han resultado infructuosos.
Pero la inquina tal vez se evidencie en el accionar previo de Gils Carbó: en ese momento, como fiscal comercial, planteó una medida cautelar para frenar la formación de la IGJ porteña y apuntó a su inconstitucionalidad, precisamente porque una ley de menor jerarquía, no puede alterar una norma nacional como lo es la Ley Cafiero que fija los límites de la autonomía porteña y cuyas derogaciones parciales han sido sustancia para el traspaso de funciones.
Tres meses después del cambio de gobierno, la jueza rechazó la cautelar sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir la presunta inconstitucionalidad de avanzar con un registro de forma autónoma.
La apelación intentada por la fiscalía, como se dijo antes, no prosperó pero no por una cuestión de derecho y procedimiento, sino simplemente porque la magistrada se abrazó al expediente sin terminar de remitirlo a la Cámara, lo que constituye un hecho sin precedentes.
Rechazó los sucesivos pedidos de elevación de la fiscal Boquín – que a la fecha totalizan cinco – poniendo como requisito previo para elevar el expediente que aspira a resolver la cautelar y que debe notificar para ello al Estado Nacional, a quien ella misma, en su resolución de febrero, le negó expresamente el carácter de parte. Todo muy normal.
En medio de esta situación, en junio pasado, y bajo mucho sigilo, el Poder Ejecutivo ingresó en el Congreso un proyecto de ley que contempla la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires en un plazo no mayor a siete años, “lo que determina el punto de partida de una medida tendiente a consolidar la autonomía porteña establecida en la Constitución local”.
Enmascarada dentro de esa iniciativa se encuentra el traspaso de la IGJ a la ciudad para todas las entidades que tengan domicilio fiscal dentro de los límites de la ciudad. La excusa es el traspaso de los tribunales nacionales de la justicia penal y laboral – en una primera instancia – lo que después se extenderá a otros fueros.
La iniciativa, firmada por el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue girada al Parlamento y plantea modificaciones a la ley 24.588 sancionada en 1995, conocida como “Ley Cafiero”, que estableció límites a la plena autonomía de la Ciudad en materia de Justicia, la regulación del transporte y el puerto.
En ese marco, el proyecto plantea la sustitución de los artículos 8 y 10 de la ley a fin de que “la jurisdicción, competencia y órganos no federales del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se transfieran a la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires”, así como también el Registro de la Propiedad Inmueble y la IGJ.
Esa sería otra vía para lograr el ansiado objetivo de migrar las competencias del organismo de control. Pero, a la vez, plantea el contrasentido del litigio ya iniciado en la justicia comercial. Si el gobierno envía un proyecto de modificación de la Ley Cafiero para que el Congreso lo discuta, está reconociendo los límites que establece esa norma para que la IGJ pueda migrar.
Por otro lado, plantea con una ley porteña, superar el escollo de la Ley Cafiero y con ello justifica el pleito judicial retenido en el juzgado de Marra Giménez. Todo un contrasentido difícil de resolver por los canales institucionales habituales.