Entrevista a Carlos Wilkinson,
integrante del Movimiento Comunero |
Este vecino y defensor de la participación ciudadana afirma que la modificación del Código Urbanístico que propone el Gobierno de la Ciudad “significa un enorme negocio inmobiliario” y no mejora la calidad de vida de los habitantes porteños.
Por Juan Manuel Castro
En una plaza con pancartas en alto, en una asamblea con debates hasta cualquier hora, en la puerta de los tres poderes del Estado porteño. Carlos Wilkinson es un defensor de la participación ciudadana, explícita en la Constitución porteña. Y en cada acción pública lo deja bien en claro.
Lo ha hecho desde su rol activo en el Movimiento Comunero, y también en el Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales). Además ha visitado la Comuna 12 y Villa Pueyrredón en varias ocasiones para participar en los talleres barriales promovidos por las entidades Salvemos al Barrio y Vecinos por las Casas Bajas.
Ante la intención oficial de modificar el Código Urbanístico (alturas de edificios en los barrios y otras especificaciones), fomentaron la participación de los vecinos para confeccionar un mapa con todas las opiniones de los barrios porteños. “Los vecinos estamos siempre, no cada dos o cuatro años como los funcionarios públicos”, sintetiza Wilkinson en diálogo con este medio.
-¿Cómo resultó la experiencia de los talleres barriales?
-Hicimos cerca de doce talleres donde se le preguntó a los vecinos qué barrio querían, que características. Lo que sale del estudio de las respuestas es que fueron muchos los vecinos que quieren otra ciudad, una ciudad en principio de casas bajas de tres o cuatro pisos con muchos árboles, mucho espacio verde, un transporte público bien organizado. Hay zonas enteras de la ciudad que están desconectadas. Estas cuestiones no están presentes en el borrador del Código.
-¿Qué se priorizó en ese borrador?
– Se armó para beneficio de desarrolladores inmobiliarios. Tienen un acuerdo clarísimo con el Gobierno porteño para incrementar sus negocios, entendiendo que la ciudad es como un campo de negocios y no un lugar donde vive gente. En 2040, en base a datos estadísticos, se proyecta una superficie edificable de 265 millones de metros cuadrados en la ciudad. Este nuevo Código plantea 550 millones, el doble. Significa un enorme negocio inmobiliario. Sea para la construcción o para la reserva de valor. Con una proyección así una ciudad necesita más espacios verdes, pero en los hechos hay menos. Repercute en que hay menos circulación de aire, el calentamiento de la ciudad es más intenso.
-Este borrador tiene que aprobarse en la Legislatura porteña. En la composición actual el mismo oficialismo que promueve el Código tiene quórum propio para aprobarlo ¿Cómo evalúan esta situación?
-En la Legislatura no lo vemos bien. Vamos a tener que hacer un esfuerzo en los bloques oficialistas y de oposición. Muchos de los votantes del PRO están afectados por el Código Urbanístico y no están contentos con lo que se quiere hacer. Por el otro lado, vamos a hacer un plan de intervención judicial. Esto lo que está logrando es que los ciudadanos de una ciudad que teóricamente tiene la constitución más avanzada y participativa del país no puedan participar en temas clave como la reforma del Código. Por último, está la calle. La reacción de la gente es muy fuerte cuando le tocan su barrio.
-¿Cuál es la experiencia de haber recurrido a la justicia ante leyes que consideraban perjudiciales para la ciudadanía?
-Los vecinos cuando armamos las medidas judiciales, la mayoría de las veces tenemos fallos que de justos no tienen anda. Lo cierto es que logramos paralizar varias obras que estaban por empezar. El caso más resonante es Villa Roccatagliata (un palacio centenario en Coghlan, hicieron una serie de edificios de altura a su alrededor). Los tipos sabiendo que era ilegal (la cantidad de metros construidos era superior a lo permitido por el tipo de avenida donde estaba montada la obra) pero con el aval del Gobierno construyeron. Se declaró ilegal (ante la presentación judicial del ex legislador porteño Gustavo Vera) y ahora la empresa le quiere hacer juicio al Gobierno porteño por los daños. Los vecinos vamos a pagar la ilegalidad del Gobierno porteño y de la empresa.
-¿Cuáles son las herramientas de los vecinos para hacer frente a estas situaciones?
– El pueblo de la ciudad de Buenos Aires no se come las cosas así nomás. Es así desde las Invasiones Inglesas. La empresa que quiere hacer la plaza shopping donde debería estar la Plaza Clemente (Conde y Concepción Arenal, Ley 4538) metió las máquinas y a las dos semanas había 200 vecinos haciendo reuniones todos los jueves. Es algo que a las empresas no les conviene. Con la ley de bares en las plazas (se pueden instalar bares en espacios públicos de gran dimensión, Ley 4950), los vecinos de Parque Chacabuco fueron y les dijeron “pongan el bar, vamos a venir y nos vamos a sentar, no vamos a consumir y les vamos a cagar el negocio”. La gente se cansa y actúa con lo que tiene a mano y con la posibilidad que tiene.
-¿Cómo es el rol de las Comunas porteñas?
-Tenemos una Constitución que nos ampara a los vecinos participativos. Las Comunas son una institución participativa donde los vecinos tienen directa injerencia. Por eso en el Gobierno no las quieren implementar tal como expresa la ley de Comunas (Ley 1777). Han hecho trampas. En la primera elección de Comunas había un artículo que decía que tenían que ser en boletas separadas. Fue todo junto porque un mes antes de la votación cambiaron para que vaya todo junto. Era por única vez, que fue para siempre.
-Muchas veces desde el oficialismo han cargado contra vecinos participativos, les han dicho que son una minoría y que hacen política partidaria en busca de un beneficio personal en el marco de luchas colectivas.
-La mayoría de la gente trabaja, no tiene mucho tiempo ni posibilidad de estarse dedicando a las cosas comunes, es lógico que no seamos tres millones los que estemos metidos. La gran diferencia es que hacemos política en el sentido excelso de la palabra, en función del bien común, no del interés de algún negocio, mucho menos de algún partido. Nosotros nos montamos sobre preocupaciones de vecinos. Si hay partidos que se sumen, es mejor. Pero no al revés. El centro de la cuestión es el beneficio común de los vecinos y su calidad de vida en esta ciudad.