Dos casos emblemáticos de intervenciones telefónicas con fines políticos |
Las escuchas a teléfonos son una práctica legal si media la autorización de un juez ¿Pero siempre es así? El negocio subterráneo detrás de la invasión de la privacidad florece ante ausencia de controles. EL Congreso recogió el guante por la filtración de audios de la expresidenta. Y el caso que involucró a Mauricio Macri va rumbo a un silencioso juicio oral, sin fecha firme.
or Gabriel Morini
Las escuchas, legales o ilegales han sido una constate en la vida pública y privada de la Argentina. Las “pinchaduras” fueron por mucho tiempo monopolio exclusivo de la difusa y siempre opaca Secretaría de Inteligencia del Estado, conocida como SIDE. El espionaje se ha entremezclado siempre en la vida política desde los años ‘90 con casos resonantes, hasta desplegar su clímax durante la actual administración de Cambiemos, con el escándalo derivado de la difusión de conversaciones privadas de la expresidenta Cristina Fernández.
Pero no fue el único episodio que salpicó al actual Gobierno, que debió atravesar una investigación judicial en contra por intercepciones, también con fachada de legales, realizadas por una estructura que estaba enquistada en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comandado por el PRO.
Esa cuestión que obligó a Mauricio Macri a asumir la presidencia con un procesamiento confirmado por la Cámara Federal como integrante de una asociación ilícita pareció quedar lejos en el tiempo. Sin embargo, pese a que fue sobreseído, el resto de los imputados debían afrontar un juicio oral en septiembre de 2017.
El renovado afán judicial por avanzar con velocidad en supuestos casos de corrupción contrastó con la decisión silenciosa de un Tribunal Oral Federal de posponer el inicio del proceso hasta el año próximo. El argumento fue la congestión de causas en lista de espera. El affaire, si se llevara adelante el juicio en la nueva fecha prevista, cumpliría 10 años desde que fuera por primera vez develado.
Las escuchas telefónicas constituyen una invasión del ámbito privado de las personas. Son necesarias en ocasión de investigaciones judiciales donde se pretende descubrir contactos entre individuos sospechados de haber cometido delitos, realizar maniobras de encubrimiento o intentar operativos de prevención. Terminan siendo indispensables en situaciones de secuestros.
Pero hay intervenciones que han sido motivadas por motivos non sanctos a lo largo de la historia y para negocios de índole privado. Seguimientos a personas sospechas de infieles, insumo para realizar extorsiones, cuestiones donde se juegan aspectos patrimoniales y hasta el más conocido pero nunca difundido espionaje industrial. Un dato surgido de una conversación puede valer miles de dólares si es conocido oportunamente por un competidor. Sobre todos estos ejes gira un negocio que funciona de manera subterránea y que goza de ausencia de controles, precisamente para que puedan continuar sus actividades. Todo esto ocurre mientras usted lee estas líneas.
Ya no solo el Estado conserva el original monopolio de las escuchas. Solo lo hace sobre las que son legales y que deben ser autorizadas por un juez por ser medidas invasivas de la privacidad. Existen multiplicidad de agencias privadas o “consultoras” que ofrecen servicios que permiten interferir celulares.
Se colocan softwares espías por contacto con el aparato, con un programa maligno que activa una ventana en sus programaciones o simplemente a través de una red de wi-fi, que permita infectar el teléfono del “objetivo”. Tampoco es necesaria la presencia física del espía como caracterizó la mítica serie del Superagente 86. A cientos de kilómetros de distancia, un servidor fantasma, operado de manera remota por un especialista permite ingresar al contenido de un teléfono y grabar las conversaciones que se hagan a través de esa línea.
El diseño de los aparatos de teléfono, cada vez más modernos y con mayores funcionalidades, sirven incluso para convertirlos en micrófonos portátiles que no requieren del uso para conocer charlas cara a cara. Los poderosos sistemas creados para tal espionaje solo pueden ser adquiridos por Estados para fines de inteligencia. Pero circulan también en el mercado negro los que puedan ser adquiridos por un buen postor.
Para tranquilidad de quien esté atravesando síntomas de paranoia: no existen tantos recursos humanos para espiar a todos quienes puedan sentirse víctimas de estos procedimientos, por más alta consideración que tenga por usted mismo.
El proceso regular está actualmente a cargo “de manera oficial” de la Corte Suprema de justicia que heredó la ex Observaciones Judiciales (Ojota por sus siglas) con un decreto firmado por Macri al comienzo de su mandato. Estas dependencias quedaron en el ojo de la tormenta por la difusión pública de las escuchas al teléfono de Oscar Parrilli y sus desopilantes diálogos con la expresidenta.
Más allá de lo anecdótico, nada de lo que allí se decía tenía valor judicial o probatorio alguno sobre delitos. Sin embargo, horas de grabaciones terminaron en manos de comunicadores sin que hubiera una explicación acerca de cómo información protegida por la confidencialidad había saltado todos los protocolos de resguardo.
Y también sin responsables por algo que constituye un delito por parte de funcionarios públicos a su cargo. Este affaire provocó un cimbronazo político que repercutió en la Corte, donde su presidente, Ricardo Lorenzetti hizo constantes esfuerzos por dotar a la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de mayor poderío. Es prácticamente una agencia de inteligencia.
Desde la política advirtieron como una señal negativa la posibilidad de que se habilite sin consecuencias un espionaje de ese estilo. Allí había una causa judicial y un supuesto fin investigativo en las escuchas. Con el tiempo se determinaron algunas características excepcionales como que se realizó bajo el sistema de “escucha directa”, similar al que se utiliza en casos de secuestro para advertir a los investigadores inmediatamente de novedades. El Congreso recogió el guante y estiró una definición sobre el aval (y pedido de explicaciones) por las filtraciones y todo el sistema de escuchas bajo el ala de la Corte.
Pero más allá de las legales y de las ilegales, existió un método para burlar esa diferenciación: el utilizado durante la gestión de Macri en la Ciudad. Allí un ex policía federal reclutado por la naciente Policía Metropolitana pero reportando formalmente dentro del Ministerio de Educación enviaba números de teléfonos en particular para que dos jueces de Misiones los incluyeran en expedientes abiertos en esa provincia por delitos federales.
Ordenaban a la ex Ojota que iniciara las grabaciones de las conversaciones y autorizaba al propio involucrado a recoger esos “cassettes” cuyo destino era incierto. El escándalo estalló entre 2009 y 2010 e involucraba a opositores políticos, miembros de la familia de Macri resistidos, empresarios y abogados de fondos poderosos.
Todos los ejemplos antedichos de modalidades de uso privado de las escuchas parecían confluir en una misma organización. Y para peor, estaba cobijada dentro de una estructura estatal con Jorge “Fino” Palacios a la cabeza. El policía había sido elegido por Macri para diseñar la flamante policía de proximidad.
Tras el sobreseimiento de Macri operado durante su primera etapa en el sillón presidencial, su suerte no fue compartida por el resto de todos los imputados: el ex espía que revistaba en el Ministerio de Educación, Ciro James; los ex jefes de la Policía Metropolitana Jorge «Fino» Palacios y Osvaldo Chamorro; el ex titular de la cartera educativa porteña, Mariano Narodowski; el destituido juez federal de Misiones, José Luis Rey; su ex secretaria Mónica González; y cinco ex policías federales misioneros, encabezados por Diego Guarda, continuaron rumbo a un juicio, que está previsto recién para febrero de 2019. Nada indica que esa fecha sea inamovible tampoco.
La historia argentina es cíclica. Por este caso se montó una comisión investigadora en la Legislatura que no llegó a ninguna conclusión. Algo similar a lo que se pretende impulsar ahora en el Congreso.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia tiene una particularidad: su contenido, acciones y presupuesto son secretos. Nunca nadie sabe para qué se utilizan sus recursos. Todo por cuestiones de seguridad nacional. Las escuchas son tan opacas como siempre cuando están atravesadas por la política con fines espurios.