Tiene media sanción del Senado de la Nación una ley de alquileres. Inquilinos Agrupados denuncia que el oficialismo demora su tratamiento en diputados. Producto del consenso entre organismos públicos y de la sociedad civil, se presentó otro proyecto en la Legislatura porteña. Legisladores piden crear una Inmobiliaria estatal de la Ciudad de Buenos Aires.
Por Juan Manuel Castro
Buenos Aires es la ciudad con mayor proporción de inquilinos en todo el país, según datos oficiales de 2015. Más del 35% de los hogares capitalinos es inquilino. 15 años atrás, ese porcentaje era del 22%. En este contexto donde aumenta la demanda y la regulación es insuficiente, los inquilinos padecen abusos por parte de dueños e inmobiliarias.
Por caso, muchas familias terminan pagando el mismo precio de un monoambiente en alquiler, a un hotel llamado “familiar”, donde en condiciones casi inhabitables, una pequeña pieza, baño y cocina compartidos, hace de vivienda para más de un 2% de los hogares porteños. El pago de comisiones exorbitantes, redondeos hacia arriba a último momento y otras situaciones son el cotidiano de esta problemática.
Para tener una idea a nivel local de cuánto impacta en el bolsillo un alquiler. El Gobierno nacional estableció de manera unilateral que dentro de trece meses el salario mínimo será de 10 mil pesos, mientras que desde julio de este año pasará a 8.860 pesos. Con ese indicador, la inmobiliaria Properati hizo un estudio y calculó que, en promedio, alquilar en la Ciudad de Buenos Aires un dos ambientes cuesta arriba del 90% de este nuevo salario mínimo. Estos son los precios relevados para la Comuna 12: Villa Pueyrredón, $ 8.622 (97% del salario mínimo); Villa Urquiza, $ 9.624 (109%); Saavedra, $ 9.629 (109%); Coghlan, $ 11.240 (127%).
Esta comparación pone de manifiesto la necesidad de contar con alquileres con una mayor regulación en pos de defender los derechos de los inquilinos. La senadora Silvina García Larraburu presentó un proyecto con el respaldo de asociaciones de inquilinos. Se aprobó en la Cámara alta y debe pasar a Diputados, donde se alojó en la Comisión de Legislación General, que preside Daniel Lipovetsky (Cambiemos). El oficialismo quiere hacer modificaciones al texto y volver a girarla a la Cámara alta.
Esta acción es vista por los inquilinos como una dilación en favor de la corporación inmobiliaria. Para hacer notar la importancia de un texto parlamentario sobre este tema, Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados, expuso que es necesario contar con “un índice objetivo” para fijar el precio.
“Tiene que ser el promedio entre salario e inflación, para que los alquileres no aumente cada seis meses, si no que sean anuales las actualizaciones y siempre teniendo en cuenta que hay dos actores en el mercado de la vivienda: el que hace negocio (propietario) y el que tiene la necesidad (inquilino)”.
Muñoz explicó a Radio Cooperativa que “si los inquilinos no pagan el alquiler, los propietarios no cobran” y agregó que la nueva legislación busca “extender el plazo mínimo del contrato de 2 a 3 años para que las familias que alquilamos tengamos mayor estabilidad“.
“En todas partes del mundo, el precio del alquiler está regulado o congelado. En la Ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años pasamos de 21% de inquilinos al 36%” y “pasamos de 65% de propietarios a un 45%”, agregó.
Para dar una respuesta a esta problemática, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación presentaron el 15 de junio un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que busca mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en condición de alquiler.
En líneas generales, este proyecto postula: eximición total a inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias; creación de oficinas comunales de atención al público y certificación gratuita de firmas; que se entreguen en forma gratuita los informes de dominio que se soliciten; sistema de sustitución de garantías para inquilinos (empleados de la Ciudad); prevención de la discriminación contra inquilinos; se propone un contrato modelo de alquiler de referencia, que elimina las cláusulas abusivas; campaña masiva sobre derechos del inquilino; crear una comisión interdisciplinaria entre organismos estatales con competencia en la materia y organizaciones especializadas o del sector.
Por otra parte, los legisladores porteños por el Frente para la Victoria Pablo Ferreyra, Javier Andrade, Magdalena Tiesso y Lorena Pokoik presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para crear la Inmobiliaria Estatal de la Ciudad de Buenos Aires, la cual tiene “como objeto responder a las demandas sociales habitacionales de los ciudadanos. Desarrollando dicha actividad como una política pública esencial, sin fines de lucro, con oficinas en los centros habilitados con los que cuenta el Gobierno de la Ciudad, en cada una de las comunas”.
Entre sus varias funciones, el proyecto establece que esta Inmobiliaria estatal va a promover “la intervención del Gobierno de la Ciudad como observador y garante del cumplimiento de las normativas aplicables a las locaciones urbanas con el fin de evitar situaciones abusivas que menoscaben los derechos de las partes intervinientes, especialmente de los locatarios”.
Además de conformar un banco público de inmuebles con destino a vivienda única, familiar y permanente, con las propiedades disponibles para alquiler que se encuentren dentro de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Localizará inmuebles para el plan de viviendas Pro.Cre.Ar (o su reemplazante), buscará tierras públicas ociosas para hacer nuevos edificios e impondrá tributos a inmuebles ociosos.
En los fundamentos, los legisladores expresan: “La nueva Inmobiliaria permitirá que el Estado de la Ciudad pueda plantear políticas públicas activas, garantizando el acceso irrestricto al mercado inmobiliario”. “Proponemos que el Banco Ciudad de Buenos Aires recupere su rol social teniendo, verdaderamente, un rol protagónico en el desarrollo y bienestar de los ciudadanos. En el corto y mediano plazo, promovemos que el Banco Ciudad sea parte fundamental en el proceso de garantías”, concluyen.