Los inquilinos no deberán pagar comisión
ni gastos de gestoría a las inmobiliarias

La Legislatura porteña modificó la ley que regula las actividades de los corredores inmobiliarios y estableció que los inquilinos no deberán pagar comisión por alquilar como así tampoco los gastos por gestoría de informes. El proyecto fue sancionado con 51 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Urquiza se Organiza

Por Ignacio Di Toma Mues

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La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la iniciativa que establece que los inquilinos no deberán pagar comisión por alquilar como así tampoco los gastos por gestoría de informes en los casos de viviendas para uso habitacional. Los propietarios serán los que tengan que afrontar los gastos, honorarios y la comisión que no podrá superar el 4,15% del total del contrato.

Además las inmobiliarias, donde publican las ofertas de alquiler de casas o departamentos, tanto en los locales como en las páginas web u otras formas de promoción, deberán exhibir de manera clara y visible que “se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes”.

Uno de los incisos introducidos en el artículo 10° de la ley de regulación de la actividad inmobiliaria fija que “las inmobiliarias podrán solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones (…) los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional que sean personas físicas”.

Por otra parte establece que el Instituto de la Vivienda deberá ejercer el contralor de las leyes “vinculados a la materia locativa-habitacional y brindar asesoramiento descentralizado a propietarios e inquilinos”.

El proyecto aprobado con 51 votos a favor y 2 abstenciones (Fernando Vilardo de Autodeterminación y Libertad, y Laura Marrone del Frente de Izquierda y los Trabajadores) se basó en distintos expedientes presentados por los legisladores Adrián Camps (PSA), Claudio Palmeyro (Sindical Peronista); María Magdalena Tiesso (frente para la Victoria); María Rosa Muiños (Bloque Peronista), Javier Andrade (Frente para la Victoria) y Lía Rueda (PRO).

El texto final fue discutido en la Comisión de Legislación General que tuvo dos despachos, uno por mayoría firmado por  los legisladores del PRO: Daniel Del Sol, Eduardo Petrini, Roberto Quattromano, Clodomiro Risau y Mercedes Gómez de las Casas, y del Frente para la Victoria, María Magdalena Tiesso. El despacho por minoría fue de la legisladora del FIT, Laura Marrone (ver texto).

Tanto el proyecto de Camps como el de Muiños fueron impulsados por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Cabe destacar que en la página oficial del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires se publicó un comunicado en el que esta institución dejo constancia de su fuerte oposición corporativa al proyecto sancionado.

“Nuestra Institución instrumentará todos los recursos constitucionales y legales para defender nuestros Derechos Profesionales. Mientras la nueva ley no esté vigente continuaremos con la operatoria actual. Nuestro Colegio esta trabajando con los mejores recursos personales y profesionales para la defensa de sus Matriculados”.

Ante esta postura, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, declaró al portal digital El Parlamentario que dialogarán con las cámaras inmobiliarias “para encontrar ese punto de equilibrio, para que no se perjudiquen ni unos ni los otros; hemos dado un gran paso y nos reuniremos la semana que viene con las cámaras” y aseguró que “nosotros lo que estamos haciendo es regular los cobros de las comisiones a los inquilinos para que haya más volumen de alquileres y para que la gente pueda tener acceso a una vivienda digna”.

Gervasio Muñoz, representante de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, que integra el Frente de Inquilinos Nacional conformado por 13 organizaciones en todo el país, en su presentación ante la comisión de Legislación General realizada el 16 de agosto, indicó que “los inquilinos nos estamos organizando de a poco, la cámara de inmobiliarias está completamente organizada y hay colegios de corredores inmobiliarios en todo el país, que tienen una presión de lobby absoluta”.

“Parece ser – dijo Muñoz – que discutir que la comisión la pague el propietario es una discusión casi imposible, por eso para los inquilinos de la ciudad es una avance enorme, porque esta es una victoria de la organización de los inquilinos y vamos a seguir dando la pelea por todo lo que falta hacer, que es muchísimo, y eso solo depende de los inquilinos de la ciudad de Buenos Aires”.

También advirtió que “la pelea se está dando en casi todas las provincias, en donde también se está discutiendo que se creen defensorías de los derechos de los inquilinos con una oposición muy grande de los colegios de corredores inmobiliarios de cada provincia que no quieren bajo ningún punto de vista que se creen estas defensorías porque no quieren que haya alguien que defienda a los inquilinos. Nosotros en la ciudad evidentemente estamos un pasito adelante, existe la defensoría y la comisión en la ciudad la va a pagar el propietario, quien es que contrata los servicios de la inmobiliaria”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Del Sol (PRO), expresó luego de la votación que “regular esta problemática era una necesidad de la población y legislamos de acuerdo a ello” y detalló que “el texto aprobado indica que el propietario tendrá a su cargo el pago de la comisión inmobiliaria, fijada en 4,15% como máximo del contrato total, y los gastos de gestoría por los informes. Además, las inmobiliarias deberán exhibir un cartel informando estas modificaciones y se creará un área de asesoramiento legal, permanente y gratuito”.

Adrián Camps, del Socialismo Auténtico, afirmó que “si bien la ley aprobada no contempla la totalidad de las reivindicaciones de los inquilinos, significa un importante alivio para aquellos que deben dar inicio a un contrato de locación de una vivienda y que, hasta ahora, debían pagar el equivalente a 4 o 5 meses de alquiler al momento de firmar la documentación”.

“El inquilino es el eslabón más débil de la cadena de la crisis de vivienda de la ciudad” indico Marcelo Ramal del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y advirtió que esta modificación es sólo un paliativo para la grave situación de los inquilinos.

“Entendemos que es un avance, vamos a acompañar el proyecto, sé que los corredores inmobiliarios no están a favor de la situación, pero nosotros entendemos que hay cuestiones de fondo, en el 2001 el 22% de los habitantes de la ciudad alquilaban y hoy estamos cerca del 38%” expresó Javier Andrade de la bancada del Frente para la Victoria.

“Es pretencioso llamar a esto una ley de alquileres – manifestó María Rosa Muiños del bloque Peronista – porque en realidad está trabajando exclusivamente un punto… entiendo que esto viene a subsanar una falla de regulación sobre una ley que tiene 10 años y que fue incumplida sistemáticamente”.

Muiños agregó que el proyecto “lo que hace es poner en evidencia que la parte débil en esta ecuación es el inquilino” y advirtió que insistirá en su proyecto para incorporar ‘Infracciones en el Ámbito Inmobiliario’ al Código de Faltas de la Ciudad.

En este sentido, desde Inquilinos Agrupados indicaron que la ley, sancionada en el año 2007, “establecía que se debía pagar de comisión sólo un mes de alquiler, pero las inmobiliarias cobraron dos meses durante toda la vigencia de esta ley y nos tuvimos que presentar junto con ACIJ en la justicia, para que la justicia, no el gobierno, le diga al Colegio de Corredores Inmobiliarios que le diga a las 6 mil, 7 mil inmobiliarias que hay en la ciudad que cumpla esta ley. Hoy estamos hablando de casi 2 mil millones de pesos por año que los inquilinos vamos a dejar de transferir a las inmobiliarias por un servicio que no nos brindan a nosotros”.

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