La tranquilidad inicial de los primeros 100 días de gobierno de Cambiemos, experimentó un quiebre abrupto con la denuncia contra el mandatario por haber recibido favores de un empresario vinculado a los negocios energéticos y petroleros y por haber participado de una empresa “pantalla” ubicada en un paraíso fiscal. Un escándalo político con muchas derivaciones y el intento de la oposición de volver a retomar la iniciativa. La Oficina Anticorrupción en el ojo de la tormenta.
Por Gabriel Morini
En una misma semana, dos escándalos sacudieron al presidente Mauricio Macri y pusieron en aprietos al gobierno nacional. El primero fue la denuncia ante la Oficina Anticorrupción por el viaje de descanso que el mandatario hizo durante Semana Santa. Se alojó en la mansión del magnate Joseph Lewis, cuestionado por haber cercado un área protegida en Río Negro y poseedor de un holding que tiene concesionarias que prestan servicios para el Estado.
El viaje del titular del Ejecutivo con su familia desde el aeropuerto hasta la finca de 3600 metros cuadrados también fue objetado. Por el mismo motivo, realizar un viaje sin pagar con una empresa contratista, el ex vicepresidente Amado Boudou fue procesado por el delito de dádivas.
El otro dolor de cabeza de la Casa Rosada fue por la revelación mundial de la investigación denominada Panamá Papers, que encontró al mandatario como director de una empresa offshore, habitualmente utilizada para maniobras que están vinculadas con la evasión fiscal y el posible lavado de dinero.
La oposición buscará ahora correr a la titular de la Oficina Anticorrupción, cuya primera reacción fue la defensa del Jefe de Estado e iniciar la discusión parlamentaria para transformar ese organismo en un cuerpo colegiado similar a la Auditoría General de la Nación. La idea de máxima es que un referente opositor la lidere.
La otra iniciativa que el gobierno buscará bloquear es la creación de una comisión investigadora en el Congreso para determinar si el presidente cometió un delito al no declarar la cuenta mientras era funcionario público.
Son algunas de las aristas que quedaron expuestas tras la conmoción que generó la salida a la luz de las filtraciones.
El fin de semana de lujo y relax deparó la primera denuncia contra Macri ya presidente, cuya primera estación fue la Oficina Anticorrupción que preside una de las espadas macristas en el Congreso, Laura Alonso.
El pedido de investigación surgió de una idea del Frente para la Victoria, ahora en el rol de oposición y utilizando las mismas herramientas que los partidos políticos utilizaron durante los últimos años de mandato del kirchnerismo.
En paralelo, un pedido de informes a la Secretaría General de la Presidencia apuntó a conocer el detalle de los gastos del primer mandatario durante su estancia en la casa de Lewis. De acuerdo a los usos y costumbres previstos en las normas que rigen a un Jefe de Estado, le corresponde a las arcas públicas correr con los gastos oficiales del mandatario. Inclusive con los que corresponden al esparcimiento tanto de él como de su familia.
En caso de que Macri hubiera viajado al sur en un avión de la flota presidencial y se hubiera alojado en un hotel para pasar sus mini vacaciones, todo esto debiera haber sido cobrado al Estado.
Pero la situación – pública y conocida porque se anunció como un evento – incluyó una estadía “invitada” por Lewis y un traslado en el helicóptero privado del magnate, desde el aeropuerto de Bariloche hacia la estancia ubicada en Lago Escondido.
Con una firma homónima, Lewis explota la finca de 12 mil hectáreas para lo cual cercó el acceso público al lago, uno de los temas que lo pusieron en el eje de la polémica entre lugareños y ambientalistas.
Multidenunciado, el millonario de origen inglés tiene una fortuna calculada en miles de millones de dólares y su patrimonio consta de inversiones a lo largo y a lo ancho del mundo.
En Argentina, es accionista de Pampa holding, dueña a su vez de Edenor y Transener, empresas vinculadas al suministro de energía. Según un comunicado del administrador local de su firma, Macri fue invitado a su casa debido a la relación de 11 años que los une, incluso previo a que el actual presidente comenzara su carrera política. Y que los servicios y costos del vuelo en helicóptero desde el aeropuerto hasta el campo – valuados en una cifra cercana a los cinco mil dólares – fueron facturados “pero no a presidencia”. Un helicóptero de Gendarmería, que estaba preparado para realizar el traslado, llevó las valijas de la familia presidencial.
El diputado del Frente para la Victoria, Martín Doñate, presentó ante la Oficina Anticorrupción una denuncia para que ese organismo investigue esto en el marco del delito de dádivas, cuestión que equiparó la situación de Macri con la del ex vicepresidente Amado Boudou.
El kirchnerista fue procesado por el juez Norberto Oyarbide tras establecer que viajó cinco minutos en un helicóptero propiedad de una empresa que tenía intenciones de ser contratista del Estado. Debió haber pagado por ese vuelo, entendió la justicia, por lo que de otro modo recibió dádivas de una empresa que buscaba ser contratista estatal.
En el caso de Macri, se argumentó que se violó el artículo 18 de la Ley de Ética Pública que impone que los funcionarios “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
Lo que quedó en evidencia – luego de ser publicitada la estancia de Macri como parte del descanso familiar – en la mansión de Lewis, es que el magnate tiene lazos societarios con las principales empresas distribuidoras de energía del país.
La aeronave utilizada por la familia presidencial está registrada a nombre de Westwind Aviation SA con el nombre comercial de Helipatagonia y según su propia página web, forma parte del holding Tavistock Group, empresa madre de Lewis.
Con esa firma, el magnate controla Labmex International, una de las dos accionistas -junto a Pampa F&F LLC – de Pampa Holding, la empresa de Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía SA, que posee ramificaciones claves en la generación, transporte y distribución de energía.
Así, Lewis y Mindlin son socios en hidroeléctricas como Los Nihuiles y Diamante; en centrales térmicas como Piedrabuena y Güemes además de dos centrales termoeléctricas.
En distribución, el magnate termina como accionista de Transener, mientras que en la firma controlada por él, posee al distribuidor de energía eléctrica más grande de la Argentina, Edenor.
Lewis posee entonces las empresas prestatarias de servicios públicos, algunas beneficiadas con la política de quita de subsidios y aumento de tarifas, y además posee explotaciones en el negocio petrolero, una de las ramas que cuenta con fuerte regulación estatal, y sobre la que podría verse beneficiado.
En su defensa, desde el gobierno apelaron a la relación preexistente entre Macri y Lewis que se remonta a tiempos en que el primero no era ni siquiera funcionario público. Esa denuncia terminó “cajoneada” en la oficina de Alonso, quien luego fue denunciada penalmente por haber omitido avanzar.
La empresa ubicada en Bahamas denominada Fleg Trading Ltd.y que Macri compartía con su padre Franco y con uno de sus hermanos estalló como una bomba neutrónica en el mundo político y sumió al gobierno en la perplejidad por la magnitud de la difusión del escándalo.
Sin embargo, desde Presidencia se informó que Macri “nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad”. Deslindó así responsabilidad en nunca haber hecho pública en sus declaraciones juradas esa posesión, diseñada por el estudio de abogados Mosseck Fonseca que cobró notoriedad por haber participado de la trama que involucra a Lázaro Báez.
Solo es el principio de un escándalo con mayor alcance en el mundo de la política que en el legal. Esa empresa pantalla fue desactivada en 2009, seis años antes de que Macri accediera a la presidencia.