Quienes no tengan residencia permanente en Argentina tendrán que pagar la atención en los hospitales nacionales, a menos que se trate de una emergencia.
Por Stanley Luna
El Gobierno de Javier Milei continúa con la persecución contra la población migrante en Argentina. A la reforma migratoria del año pasado, que complicó el acceso a las residencias permanentes en Argentina; los cientos de controles migratorios en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires; y un decreto arbitrario para expulsar a aquellos que hablen en contra de Argentina, ahora se suma una resolución del Ministerio de Salud de la Nación para arancelar el acceso a la salud en hospitales nacionales a los extranjeros que no cuenten con residencia permanente y atenderlos gratuitamente solo en casos excepcionales de emergencia.
La Resolución 1066/2026, publicada el 11 de agosto, se desprende del DNU 366/2025, mediante el cual, en mayo del año pasado, el Gobierno nacional modificó la Ley Nacional de Migraciones. Entre los cambios más significativos que introduce el DNU se encuentran las dificultades para acceder a una residencia permanente en Argentina. Básicamente, esta es ahora la clave para que un ciudadano extranjero cuente con los mismos derechos que un ciudadano argentino, como el acceso a la salud, tal como establece la Constitución Nacional.
El reglamento firmado por el ministro de salud Mario Lugones no solo está en contra de la histórica política migratoria argentina desde una perspectiva de derechos humanos, sino que además agrega tareas al sector de la salud, que deberá implementar un sistema para el cobro de las atenciones médicas.
Desde diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil hubo repudio a la nueva decisión libertaria. “Esta distinción traza una línea arbitraria, en un momento en que el propio Estado dificulta el acceso a las residencias permanentes”, señaló en un comunicado la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF).
Desde la entrada en vigencia del DNU 366/2025 disminuyeron las residencias permanentes. Para muestra: en mayo de 2025 se otorgaron 6.767 residencias, pero en los seis meses siguientes solo 1.271, lo cual representa una caída del 81% en el acceso a las residencias permanentes.
Dependiendo de la nacionalidad de los migrantes, los requisitos para acceder a una residencia permanente siempre fueron más o menos rigurosos, pero Milei endureció el acceso para todos y todas, porque ahora la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) se basa en la capacidad económica que tenga una persona extranjera para vivir en Argentina y en que, al mismo tiempo, logre acreditar dichos ingresos.
“Esta nueva resolución garantiza el acceso al hospital público a aquellos cuyos ingresos sean iguales o superen una canasta básica total, demostrados a través de un recibo de sueldo o facturación como monotributista. El resultado es que esta nueva restricción termina excluyendo de la atención de la salud a quienes más necesitan del hospital público, a las personas más vulnerables que viven, trabajan y están establecidas en el país, mucho más allá de la figura del turista a la que la norma pareciera apuntar en una primera mirada”, agrega CAREF.
Según el último Informe sobre el Mercado de Trabajo del INDEC, la informalidad en Argentina subió del 42% en el primer trimestre de 2025 al 44% en el mismo período de este año. En total, actualmente hay 10 millones de trabajadores bajo estas condiciones de empleo. Para un migrante, conseguir un empleo formal depende de la obtención de un DNI o de una residencia permanente, pero en la política migratoria argentina lo segundo es difícil. Por lo tanto, tampoco tiene forma de acreditar ante las autoridades migratorias los ingresos percibidos.
Arbitrariedades
En el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han acompañado casos de amas de casa extranjeras que cuentan con medios de vida para sostenerse económicamente en Argentina, pero no pueden acreditarlos ante la Dirección Nacional de Migraciones porque trabajan en la informalidad. También hay casos de personas que son monotributistas categoría A cuya solicitud de residencia permanente ha sido rechazada porque, a juicio de las autoridades migratorias, no cuentan con suficientes ingresos económicos.
De acuerdo con la abogada Lucía Galoppo, del Equipo Internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la forma de resolver cada caso depende mucho del agente de Migraciones que atienda al migrante. Y como el DNU 366/2025 es complejo por todas las reformas migratorias que introdujo, no se puede revocar con la presentación de un recurso, sino que debe darse una batalla judicial por cada caso en particular.
En agosto, CAREF dio a conocer que la Cámara Nacional Electoral falló en contra del DNU 366/2025 en el caso de Liping Yang, una persona que vive en Argentina desde 2015 y cuenta con todos los requisitos para acceder a la ciudadanía, pero sobre quien pesaba una orden de expulsión que nunca se llevó a cabo.
En el DNU, Milei traspasó las facultades de otorgar la ciudadanía a la Dirección Nacional de Migraciones, pero la Cámara señala en el fallo que esta es potestad de los jueces y, específicamente, de la Justicia Electoral, pues el otorgamiento de la ciudadanía es esencial para ejercer el voto a nivel nacional y el artículo 99 de la Constitución impide al Presidente legislar en materia electoral mediante un DNU.
En medio de estas arbitrariedades, el CELS señala que todas las semanas el Ministerio de Seguridad de la Nación monta operativos en los que confluyen la Policía Federal y agentes de la Dirección Nacional de Migraciones. A mitad de año, la organización contabilizaba 851 operativos en la vía pública, realizados comúnmente en las zonas más transitadas de la Capital Federal, por ejemplo, los barrios de Once o Liniers. Sin embargo, en estos operativos, de las 7.261 personas registradas, solo el 2,2% tenía una irregularidad migratoria, mientras que las demás estaban en regla.
“El Gobierno promueve y alienta con su discurso la creación de un chivo expiatorio de la crisis económica, por eso el debate de cobrar salud y educación a extranjeros, porque se entiende a la educación y la salud como unos de los elementos principales que están en crisis, pero se les cae el discurso cuando vas a números duros y ves que más bien somos muy relativamente pocos los migrantes que estudiamos en la universidad pública o, a nivel de salud, somos un buen número de migrantes los que sostenemos, como trabajadores de salud, la salud pública”, opina Mohamed Pacheco, migrante nicaragüense del movimiento Migrantes sin Fronteras, del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
Las reformas migratorias tienen un componente de clase, agrega Pacheco, porque Milei ataca a los migrantes que pertenecen a la clase trabajadora, no a los millonarios que llegan a la Argentina a montar empresas. Pero para derogar este y todos los DNU promulgados por el Gobierno nacional, dice, se necesita, por un lado, en el plano institucional, una organización de base, convocatorias e interpelar a otros sectores políticos; y, por el lado popular, desarrollar la capacidad de organización y movilización.
