| El gobierno quiere avanzar a todo vapor
para implementarlo en 2017 |
Para la mayoría de los especialistas en procesos eleccionarios, un sistema como el que pretende imponer el oficialismo acarrearía graves problemas de transparencia. La principal objeción: no permite asegurar que el sufragio sea secreto, una de las garantías del sistema democrático. La Casa Rosada defiende su uso, y está a medio camino de convertirse en ley en el Congreso, en tiempo de descuento para las pruebas necesarias para su aplicación el año próximo, en las legislativas de medio término. Las experiencias fallidas, los países más desarrollados lo rechazan y el caso porteño. Un celular que funciona como un “puntero 2.0”, nueva versión del clientelismo.
Por Gabriel Morini
Cuando los principales expertos en seguridad informática, referentes académicos y organizaciones de transparencia electoral plantearon sus férreas objeciones al sistema de voto electrónico, las alarmas democráticas comenzaron a encenderse. ¿Por qué motivo quienes conocen todas las ventajas de la automatización de procesos con aplicación tecnológica habrían de oponerse a una modificación en el sistema electoral, si no mediara un grave riesgo de condicionamiento de los resultados?
La inquietud aún no tiene respuesta, mientras el gobierno nacional pretende avanzar a todo vapor hacia su universalización con miras a las elecciones argentinas de medio término en 2017. Pese a que los tiempos juegan en contra para las etapas de testeo, el proyecto ya tiene media sanción y el Poder Ejecutivo quiere convertirlo en ley lo más pronto posible.
Los Departamentos de computación e informática de las universidades de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Comahue e Instituto de investigación en Informática de UBA/Conicet se manifestaron en contra de su implementación, en cuanto lugar encontraron.
Varios expertos participaron de las ponencias en el Congreso y alertaron sobre los principales problemas que puede acarrear el sistema, cuyas terminales podrían ser licitadas a una empresa privada.
Sobre la hora y ante un pataleo de la Cámara Electoral (principal órgano judicial en materia electoral) que amenazó con fulminar la reforma con un fallo adverso, logró retener para sí el conteo provisorio, algo que iba a ser originalmente tercerizado.
El proyecto se modificó para satisfacer esta prerrogativa. Sin embargo, los técnicos advierten que un voto electrónico – defendido a capa y espada por el oficialismo (con asistencia de los partidos de oposición amigable) – acarrea complicaciones.
El sistema informático, pese a que muestre en la pantalla una elección de voto y la imprima, no garantiza el efectivo cómputo de la opción deseada, afirman especialistas en transparencia.
Esto porque depende de un hardware y un software, cuya programación coordina las acciones de la máquina. Las auditorías realizadas a los sistemas, amén de onerosas y gigantescas, no resultan abarcativas sobre el universo de irregularidades que pueden detectarse.
En algunos países, las auditorías independientes están restringidas. En la Ciudad de Buenos Aires, incluso, se llegó a detener a un programador que había denunciado falencias en la implementación de la Boleta Única Electrónica(BUE) en las elecciones a jefe de Gobierno.
Otra de los principales cuestionamientos radica en la posibilidad de vincular voto con votante, una prerrogativa del voto secreto de los sistemas democráticos. La posibilidad de violar ese secreto en un sistema informatizado es amplia.
Los países a la vanguardia de transparencia electoral no utilizan este tipo de programación para las elecciones, al contrario de lo que podría postularse. A ello se suma que varios que lo experimentaron, con el tiempo volvieron a sistemas analógicos como el de la boleta de papel, en cuya precariedad desde el punto de vista de la automatización, termina por ser su principal garantía de invulnerabilidad.
De acuerdo a las estadísticas judiciales en distintos comicios locales, los porcentajes de robo de boletas o de intentos de mal lograr la elección no han sido sustanciales ni han implicado la posibilidad de que un resultado electoral pudiera ser adulterado. Consultada para este artículo, la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría alertó que el principal problema de la modificación, radica en la migración de los padrones de votantes.
El traspaso de esos datos a un nuevo sistema, alerta, podría implicar la pérdida de datos sustantivos, la modificación de variables que pueden torcer pequeños resultados a nivel local y la posibilidad de que terminen por ser eludidos los controles judiciales.
Holanda regresó al papel luego de probar la experiencia; Irlanda compró los mismos equipos y nunca llegó a utilizarlos; varios estados de Estados Unidos rechazan su utilización tras la elección que erigió a George W. Bush como primer mandatario, en una elección reñida; y Alemania rechazó de plano su implementación porque impedía el control ciudadano del sufragio. Por esto, su Corte la declaró inconstitucional en 2009.
Uno de los principales problemas que subyace es que los ciudadanos deben dejar librada la seguridad del sistema (y por ende de su resultado) a la confiabilidad de su gobierno.
Entre todos los problemas enumerados – que merecieron un rechazo de los representantes oficiales que impulsan la iniciativa – es solamente la chance de que el voto no termine siendo secreto, no solo por la elección sino por las implicancias posteriores. La sugerencia de los especialistas que objetaron el plan fue evolucionar hacia un sistema de boleta única, para anular la posibilidad del mentado robo de boletas.
Una papeleta entregada en mano por el presidente de mesa al votante, con una grilla con los distintos candidatos y un espacio para completar el elegido fue la recomendación, un émulo de los sistemas aplicados en nuestra país en Córdoba y Santa Fe, y en Chile, Holanda, Finlandia y Reino Unido.
Desde la Casa Rosada, argumentaron en favor de la inmediatez de conocimiento del resultado. Las últimas elecciones han sido un ejemplo de todo lo contrario ya sea por lo ajustado del resultado como por las dificultades objetivas de su contabilización por parte de las autoridades electorales, o las falencias operativas de la confección de los telegramas que son enviados al Correo.
De forma aclaratoria, el conteo que se realiza mediante los telegramas y se conoce a las varias (o muchas) horas después del cierre de los comicios, tiene como único objetivo informar a la población el resultado. No tiene validez legal. El único resultado legal es el que luego de transcurridos algunos días inicia la justicia electoral.
Allí se confrontan actas de cierre de cada mesa con el contenido de la urna. Si hay coincidencia en los datos se avanza. Si hay divergencias se puede contar voto por voto, e incluso impugnar un circuito entero. El resultado de ese conteo judicial con presencia de veedores de cada partido, asegura el resultado legal de las urnas debidamente preservadas en un lugar acondicionado para su conteo.
El provisorio, muchas veces lento y fallido por irregularidades en los telegramas, no posee valor legal. No define la elección ni puede alterar un resultado concreto. Lo más perjudicial que tiene es la posibilidad de generar confusión en el electorado luego de consumada la votación.
Contra esta situación es que el resultado de una votación electrónica sería una completa solución. Sin embargo, no parece el aspecto más sustancial a tener en cuenta.
De acuerdo a una investigación que fue judicializada, previo a la elección capitalina de 2015, un informe de la Policía Metropolitana confirmó un ataque informático a los servidores de la empresa Magic Software Argentina (MSA), que estaba a cargo de todo el proceso electoral.
Esa pesquisa reveló la serie de falencias de las que pudo haber sido víctima el sistema, algo que vulgarmente se conoce como hackeo. Se confirmó que el sistema fue violentado y que se crearon o borraron registros de personas, delegados, técnicos, mesas y establecimientos de votación.
Pese a este antecedente, el gobierno argentino evalúa directamente comprar las maquinas en lugar de alquilarlas con la intención de mejorar costos. No queda aún claro quiénes serán los técnicos encargados de su implementación y monitoreo. Para el caso porteño, los técnicos fueron tercerizados de otras empresas, según declaró MSA.
Para corolario, existe una aplicación en un celular diseñada por el programador Tristán Grimoux que permite comprobar cómo votó un elector. Un “puntero digital”, como lo denominó su creador, una suerte de “clientelismo 2.0” que arroja una luz en caso de que la elección coincida con la lectura de la boleta electrónica que se hizo previamente con el teléfono. Clonar votos, alterar los chips (en caso de que tuvieran) o sabotear una urna mediante impulsos eléctricos, son todas las vulnerabilidades a las que se les abriría la puerta.