Imputación contra Horacio Rodríguez Larreta por un decreto
El jefe de Gobierno fue imputado en una causa penal por presunto abuso de autoridad y mal desempeño. Fue por la designación de un funcionario en el organismo que regula y fiscaliza a las sociedades. Se denunció que la administración local quiere crear un sistema menos estricto donde podrían operar a nivel locales «offshores» que triangulen fondos opacos. En la causa se involucró al jefe de Gabinete y al Ministro de Justicia. Gobierno quería transferirlo por ley pero no se descarta que se haga mediante convenios sin pasar por el Congreso.
Por Gabriel Morini
La Inspección General de Justicia (IGJ) es un organismo clave dentro de la estructura de gobierno que regula y fiscaliza a las sociedades y compañías que operan en el marco de una determinada jurisdicción. Su marco normativo es esencial para determinar qué controles tendrán para operar las empresas y cuán flexibles o rígidos sean esos controles a los que están sometidos para hacer negocios.
Ese registro hoy depende a nivel central del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde hace varios años ambiciona con quedarse con ese organismo o, en su defecto, crear uno propio.
En las últimas semanas, este último intento le trajo un dolor de cabeza al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que fue imputado por la justicia federal en una causa por haber nombrado a un funcionario en el incipiente órgano porteño pese a que un tribunal había ordenado que no se modifique la estructura ni el gobierno local absorba las funciones de la IGJ.
El fiscal Franco Picardi consideró que se debe investigar el delito de abuso de autoridad y mal desempeño de funcionarios públicos. En la volteada, además del alcalde fueron imputados el Ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, el jefe de Gabinete capitalino Felipe Miguel y Hernán Najelson, el funcionario designado al frente de esa IGJ local.
Najelson es un hombre que tributa al presidente de Boca Juniors, Daniel «Tano» Angelici, sindicado como uno de los operadores judiciales de Cambiemos y fulminado por las denuncias de una aliada del oficialismo, la diputada Elisa Carrió que no ahorra pirotecnia para combatirlo.
El problema se remonta a 2009. En ese año se dictó en el fuero comercial nacional una medida cautelar que bloqueó la intención de la Ciudad de crear su propio organismo regulador. La justicia consideró en ese momento que no se podía hacer sin una ley nacional que especificara qué perfil se le iba a dar a ese órgano.
No son pocos los que sospechan que detrás de la avanzada lo que se pretende es convertir a Buenos Aires en una suerte de paraíso fiscal con facilidades para la creación de sociedades que emulen los laxos requisitos para asentar «offshores» con las que se puedan triangular operaciones con opacidad.
Los registros en las denominadas “guaridas fiscales” a lo largo del mundo otorgan anonimato, regulaciones casi inexistentes y facilidades para amparar todo tipo de maniobras. Justamente la mecánica que quedó bajo la lupa con la revelación de los Panamá Papers.
En el mundo se comenzó a mirar lo que hace años ocurre: gran parte del capital financiero que gira en el mundo lo hace bajo condiciones irregulares y a espaldas de los organismos regulatorios de cada país.
En ese momento, una de las principales opositoras a la intención de la ciudad gobernada entonces por el actual presidente Mauricio Macri fue la fiscal Alejandra Gils Carbó del fuero comercial. Allí habría que rastrear el primer enfrentamiento entre la actual Procuradora y el gobierno de Cambiemos.
El primer encontronazo fue fogoneando la inquina oficial que ahora trasunta en la intención de correrla de la jefatura de los fiscales por su presunta militancia kirchnerista. No es solo este análisis el que condicionó la relación entre Macri y Gils Carbó.
A esto se le agrega la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de hacerse con el expediente para ratificar la decisión de la justicia de mantener la medida cautelar dictada en 2009.
La jueza subrogante Macarena Marra Giménez se las ingenió durante casi un año para “pisar” el expediente sin elevarlo dejando vía libre para que la administración porteña avance en su creación. La insistencia de la fiscal Gabriela Boquín fue desesperante. Al menos cinco veces le pidió a la jueza que accionara con la causa sin obtener respuesta, en lo que constituye una inédita reacción en tribunales.
Un día antes de Navidad, la Cámara terció en la disputa y reclamó el expediente. Obviamente, con la feria en el medio, cualquier decisión se trasladará a febrero.
Esta ventana de indefinición judicial permitió al gobierno de Rodríguez Larreta hacer caso omiso a la Ley Cafiero que impone limitaciones, entre otras cosas, a quedarse con el registro de sociedades. Por eso designó a Najenson como director del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas mediante el Decreto 195/16 firmado el 7 de marzo y retroactivo a enero.
Estrecho colaborador del club de los amores de Macri y de Angelici, al designado funcionario lo une con este último también la materia del juego: fue titular del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires. Sabido es que Angelici posee intereses en el negocio del juego a través de varios bingos ubicados en territorio bonaerense.
La fiscal Boquín cuestionó la designación ante la jueza Marra Giménez porque estaba prohibida la creación del organismo. Mucho más designar a su titular. El Centro de Estudios para la Transparencia (Ceptra) presentó una denuncia penal contra Rodríguez Larreta y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo, entre otros, para que se investigue si hubo delito en la creación de la IGJ porteña.
De allí surge la imputación de Picardi que abrió así una investigación para avanzar en esa pesquisa. La denuncia recayó en el juez Marcelo Martínez De Giorgi. La demanda sostuvo que la creación de la IGJ local implicaría “un claro retroceso en la seguridad jurídica de los habitantes de esta ciudad” y que el nuevo registro de la Ciudad regularía las sociedades offshore abriéndose la posibilidad de elegir “el sistema más ventajoso” cuando la IGJ nacional “incrementó los controles sobre esa clase de sociedades”.
Pero el gobierno guardó un as bajo la manga con el proyecto para traspasar toda la justicia ordinaria a la órbita porteña. Allí está contemplado que pase el registro de todas las empresas y sociedades con domicilio porteño.
Está en el paquete con el registro de la propiedad inmueble, que nadie puede objetar, y con el resto de los tribunales, lo que generó una resistencia de los jueces que bloqueó la iniciativa. No se descarta que lo intenten por la vía de convenios bipartitos entre Nación y Ciudad.
Sería una manera de esquivar la Ley Cafiero aunque con dudoso futuro en caso de que se lo tache como ilegal. Está por verse porque es un asunto espinoso para los magistrados que tienen su propia batalla para evitar la migración. La principal es una supuesta pérdida de status.
“No se trata de un mero registro, pues al determinar la cantidad y calidad de la información requerida para el funcionamiento de las sociedades inscriptas, repercute en terceros contratantes, proveedores, trabajadores, cónyuges y el fisco nacional, que se relacionen con esas sociedades/asociaciones/fundaciones y sus integrantes”, retomó el fiscal la denuncia planteada en tribunales que calificó a la IGJ como “estratégica”.
En el medio de la denuncia se coló la causa que investiga el origen del dinero robado a la vicepresidente Gabriela Michetti a partir de las revelaciones de que la Fundación SUMA no había presentado balances hasta que el tema estalló a nivel mediático. Es decir que la financiación de esa organización regulada bajo las normas de la IGJ no estuvo acorde a lo que implicaba la ley.
“No resultaría irracional que se intente desregular, simplificar y diversificar la inscripción de las sociedades extranjeras cuando numerosos e importantes integrantes del gabinete y adherentes a la alianza gobernante estén siendo investigados actualmente por el uso de este tipo de sociedades fantasmas”, planteó el requerimiento fiscal.
Picardi pidió para investigar a Larreta, solicitó todos los antecedentes referidos a las medidas cautelares vinculados a la IGJ y al estado de tratamiento del proyecto de ley ingresado al Senado para migrar la justicia y la IGJ en lo referido a las sociedades con domicilio porteño.
El decreto y la situación de Najelson también fueron puestos bajo la lupa judicial. Está por verse si este expediente traerá un dolor de cabeza para Rodríguez Larreta que logró esquivar con éxito inconvenientes judiciales durante 2016.