Con el fin del receso de verano y una vez pasado el feriado de Carnaval, la Legislatura porteña comenzará a reactivar su actividad en un escenario atravesado por cambios en la correlación de fuerzas, disputas por el control de comisiones clave y un temario cargado de definiciones pendientes desde el cierre del año pasado.
Por Valeria Azerrat
El inicio de febrero encuentra al Parlamento porteño todavía en etapa de armado interno, pero con negociaciones en marcha. Tras semanas de baja actividad por las vacaciones, los diputados se encaminan a retomar la agenda.
Uno de los primeros focos de tensión será la definición de las presidencias de las comisiones y juntas legislativas, un total de 29 espacios en los cuales se centran los debates de los proyectos que determinan el avance hacia el recinto de sesiones.
El reparto de esas presidencias no será una formalidad. A diferencia de otros años, el bloque oficialista del PRO ya no cuenta con la mayoría cómoda que supo tener, lo que obliga a una negociación más abierta con las otras bancadas. La nueva composición del recinto refleja un escenario fragmentado, con frentes opositores que ganaron peso y reclaman mayor protagonismo en la conducción del trabajo parlamentario.
En ese marco, el bloque peronista aparece como uno de los actores con mayor capacidad de presión. Con una bancada que alcanza los 20 integrantes, buscará consolidar ese crecimiento con lugares estratégicos dentro del esquema de comisiones.
También La Libertad Avanza anticipa una postura más demandante. Con un bloque de 13 escaños se propone disputar centralidad, sus representantes presionarán para ampliar su presencia en la estructura legislativa y acceder a la conducción de nuevas comisiones. La discusión no es menor: en juego están comisiones clave como Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Educación y Planeamiento Urbano, desde donde se elaboran leyes en torno políticas sensibles para la Ciudad y se condiciona buena parte de la agenda del Ejecutivo.
Pero el reparto de poder interno no será el único tema que marque el arranque del año legislativo. La Legislatura también deberá resolver qué hacer con la insistencia sobre las siete leyes que fueron vetadas parcial o totalmente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y que fueron votadas en la última sesión ordinaria del 2025.
Aquellos decretos, emitidos en los primeros días del año generaron un fuerte rechazo en sectores de la oposición, especialmente en el peronismo, que ya adelantó su intención de volver a llevarlas al recinto.
Entre las normas vetadas estuvo la que proponía la creación de los “Puntos de Encuentro Seguros”, una herramienta destinada a fortalecer la comunicación directa entre el Estado porteño y niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El Ejecutivo argumentó que se duplicaba funciones ya existentes y carecía de una planificación técnica y presupuestaria adecuada.
Otro de los vetos fue parcial y alcanzó artículos centrales de la ley 6880, impulsada por la legisladora Victoria Freire, que disponía la realización de un estudio epidemiológico extraordinario en salud mental en toda la Ciudad, con foco en el período posterior a la pandemia de COVID-19.
Macri vetó los artículos que preveían la creación de una Comisión Especial integrada por asociaciones profesionales, organizaciones sociales, colectivos de usuarios y ámbitos académicos, además de fijar plazos para su convocatoria. El resto de la norma quedó vigente.
El tercer veto relevante alcanzó a la ley 6900, de autoría de la legisladora Claudia Neira, que establecía estándares de calidad para hogares de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, tanto de gestión pública como privada.
Rechazó, además, la norma que establecía los lineamientos de la política metropolitana de la Ciudad con el objetivo de promover políticas públicas comunes con la Provincia de Buenos Aires y los municipios que integran la Región Metropolitana de Buenos Aires; y -en paralelo- la creación de los Colegios de Profesionales en Ciencias Criminalísticas y de la Higiene y Seguridad en el Trabajo.
La insistencia sobre estos vetos requerirá mayorías especiales y obligará a medir con precisión los alineamientos políticos en un recinto que ya no responde automáticamente al oficialismo. El resultado de ese debate funcionará como uno de los primeros tests de fuerza del nuevo mapa legislativo.
A este escenario se suma un dato político que no pasa desapercibido: la Legislatura porteña contará este año con la incorporación de figuras de alto perfil, algo que no ocurría desde hace varios mandatos. El ingreso de dirigentes con peso propio reconfigura el clima interno y eleva las expectativas sobre su funcionamiento.
Entre los nombres que sobresalen se encuentran Leandro Santoro, por el peronismo, y el regreso de Horacio Rodríguez Larreta, que ocupa una banca tras haber sido jefe de Gobierno por ocho años. Dentro del oficialismo también se incorporan figuras de fuerte exposición pública como Laura Alonso, Silvina Lospennato y Waldo Wolff, que se suman a Graciela Ocaña, una legisladora con alto nivel de visibilidad política y mediática.
La llegada de Santoro como de Rodríguez Larrea no será neutra en términos de agenda, sino que se da por seguro que buscarán imprimirle a la Legislatura una dinámica propia, con iniciativas que reflejen sus perfiles políticos y les permitan construir visibilidad.
Detrás de ese movimiento aparece un horizonte compartido: la proyección hacia la jefatura de Gobierno en 2027. Desde sus bancas, estos referentes intentarán capitalizar debates, proyectos y posicionamientos que les permitan exhibir gestión legislativa, marcar diferencias y disputar centralidad política.
La presencia de este nuevo elenco abre una incógnita adicional: si logrará romper con la dinámica de baja actividad que caracterizó a la Legislatura en los últimos años, marcada por un número reducido de sesiones y debates acotados. De hecho, en 2025 solo fueron realizadas diez sesiones, entre ordinarias, especiales y extraordinarias.
Y entre los primeros debates que asoman luego del 1 de marzo, tras la apertura del período de sesiones ordinarias, está la propuesta que debe enviar el Ejecutivo para corregir el error cometido en el cobro del impuesto a las Patentes Vehiculares que alcanzó subas por encima del 100%.
