En la última semana se llevó a cabo la audiencia pública sobre la reforma de la normativa que regula las construcciones en la Ciudad de Buenos Aires. Distintas organizaciones vecinales de la Comunas 12 y 15 expresaron su oposición al proyecto, con planteos vinculados a la defensa del espacio público.
Por Mateo Lazcano
La reforma del Código Urbanístico aprobado hace casi dos años será uno de los debates que acompañará el cierre de este 2020 en la Ciudad de Buenos Aires. Organizaciones vecinales expresaron sus desacuerdos con las modificaciones que el Gobierno porteño pretende realizar a la normativa. La que acusan de responder al interés del negocio inmobiliario, perjudicar al suelo y los espacios públicos.
Los días 7 y 8 de septiembre se realizó la audiencia pública, desde el salón San Martín de la Legislatura con la participación virtual de los interesados en el tema y los expositores, donde se trató este reforma, que ya tiene media sanción. De acuerdo a la Constitución de la Ciudad debe pasar por esta instancia de manera no vinculante antes de ser sometido a la votación final. Intervinieron representantes de “Vecinos por Saavedra”, “Salvemos al barrio” y el “Observatorio del Derecho a la Ciudad”, desde donde manifestaron sus puntos de discordia con la iniciativa.
Una de las mayores objeciones tiene que ver con el hecho de que se discuta la reforma del Código Urbanístico cuando recién se comenzó el debate de la actualización del Plan Urbano Ambiental. “Empiezan por el final”, cuestionó María Antar, de “Salvemos al Barrio”.
Jonatan Baldivieso, del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, señaló que el actual Plan Urbano Ambiental “responde a un modelo de Ciudad de los 90”, y que por ello debe primero actualizarse. También pidieron que se involucre a las comunas en el debate, y que cuando el plan mencionado se apruebe (se prevé que sucederá a comienzos de 2021), se vuelva a readecuar el Código Urbanístico.
José Olivo, de “Vecinos por Saavedra”, recordó que el Gobierno de la Ciudad incumplió con la Constitución porteña, que establece la readecuación del Plan Urbano cada 5 años (no se renovó en todo el período macrista), e indicó que el Gobierno porteño actualizará dicha normativa, como lo hizo con el Código Urbanístico “a pedir de los desarrolladores inmobiliarios”.
Sobre las cuestiones más técnicas, la posibilidad de que se habilite el enrase en Villa Pueyrredón cosechó críticas unánime.
Osvaldo Saredi, representantes de “Salvemos al Barrio” (organización nacida en 2009 que logró, entre otros hitos, limitar la altura en la construcción de edificios sobre la traza de Salvador María del Carril), utilizó maquetas didácticas para explicar las consecuencias de esta práctica. “En el anterior Código, cuando había dos edificios, se podía enrazar en el medio. Ahora se permite enrazar en los laterales, en unidades sustentables de 9 y 12 metros. Donde había 2 edificios, ahora hay 5. Han amurallado la Ciudad”, argumentó.
Desde “Salvemos al Barrio” destacaron que “el enrase habilitaría 500 nuevos edificios solo en Villa Pueyrredón” y en “todas las áreas de casas bajas zonificadas como Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja 1 y 2”. “Hay que defender la identidad de esos barrios”, exhortaron.
Otro de los argumentos tuvo que ver con el permiso para la “cementización” de los pulmones de manzana, respondiendo a la idea del oficialismo de construir allí estacionamientos subterráneos. “Es algo peligroso en zonas inundables”, destacaron.
Mario Leibel, de la misma organización, habló del cambio que se produjo en la zona cercana al hospital Tornú. “Había manzanas bajas, pero aparecieron brotes de cemento de golpe. Eso tiene implicancias en espacios públicos, cloacas, y muchas cosas más”, definió, y anticipó que puede suceder en otros barrios lo que ya se da en Belgrano.
“Hay edificios de 5 metros de ancho. Se van a saludar con los de enfrente y se van a dar la mano”, describió. En líneas similares se expresó Baldivieso, titular del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, quien sostuvo que la reforma del Código “viene a desvirtuar y distorsionar la actividad inmobiliaria”.
Claudia Smith, de “Salvemos al barrio”, hizo referencia al daño que causan las construcciones masivas en la calidad de vida. Señaló que ésta se mide por el contacto con la naturaleza y su hábitat. “Una vida no puede sentirse gratificada solo por el beneficio económico”, cuestionó y aseguró que el Código Urbanístico que busca aprobar el oficialismo “le da prioridad a los desarrolladores inmobiliarios, que construyen de manera indiscriminada”.
A estos reclamos, el referente Vecinos por Saavedra, José Olivo, le sumó una situación particular de su barrio. Lo hizo al hacer referencia al “Parque lineal Goyeneche”, como se denomina a este boulevard situado en los terrenos donde se iba a construir la AU-3, entre General Paz y Congreso.
“En uno de los puntos, el Código tiene prevista la construcción de Unidad de Investigación, Polideportivo y Guardia de auxilio”, recordó Olivo. “Nosotros defendemos siempre el espacio verde y absorbente, porque la cuenca del arroyo Medrano atraviesa el barrio y queremos preservar ese espacio de la cementización”.
Otro tema que fue cuestionado es que actualmente rige un plazo de tres años entre el permiso de la obra y el comienzo de la misma. Esta situación da lugar a un limbo si se modifica el Código Urbanísitico en ese tiempo ya que la habilitación quedó autorizada con el código anterior. Por esta razón pidieron que las construcciones comiencen al momento de ser autorizadas.
En ambas jornadas, la audiencia pública virtual fue presidida por Victoria Roldán Méndez, de Juntos por el Cambio, presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano. Participaron de la reunión legisladores de distintos bloques políticos.