El intento de invocar una facultad presidencial para nombrar como “empleados” a dos jueces para la Corte Suprema dividió aguas dentro del Poder Judicial y obligó a recalcular el intento de apartar a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Al freno de la comunidad jurídica se sumó el titular del máximo tribunal y un fallo cautelar que el gobierno pretende modificar. Escenarios en el Congreso y en el expediente que suspende uno de las principales decisiones del presidente y lo enfrenta a su primera batalla judicial.
Por Gabriel Morini
A cuatro días de estar al frente del Poder Ejecutivo, el gobierno de Mauricio Macri auto generó su primera crisis institucional, y a la vez, debió pasar a segundo plano una de sus primeras intenciones y promesas de campaña: correr a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó.
El Decreto 83/2015 dividió aguas dentro del Poder Judicial y ocasionó al macrismo su primer cimbronazo político por el rechazo de haber elegido una vía intransitada para nombrar jueces para la Corte Suprema de Justicia sin acuerdo parlamentario.
Creó un problema allí donde no lo había, generó rispideces con jueces y fiscales, y preparó a la oposición para rechazar los pliegos de los juristas elegidos, cuando se habilite al Congreso para discutir los antecedentes de los candidatos.
Además recibió la primera medida judicial en contra y una denuncia penal por abuso de autoridad que escaló hasta el presidente Mauricio Macri; su jefe de Gabinete, Marcos Peña y el Ministro de Justicia, Germán Garavano. La polémica no amedrentó a los asesores del PRO que, en un mes de gobierno, pisaron el acelerador para tomar una serie de medidas por decreto que impactan en el Poder Judicial.
Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti fueron los elegidos para cubrir las dos vacantes dejadas por Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt en el máximo Tribunal. Según Macri no los conoce y los propuso por su conocimiento y prestigio en el ámbito del derecho.
Uno de ellos fue ex ministro de Néstor Kirchner y el otro es conocido por haber integrado un reconocido bufete de abogados que asesoró a las principales corporaciones del país.
Se objetó que Rosenkrantz fuera fundador de la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC) creada el 21 de noviembre de 2000.
La ONG presentó un amparo que favoreció a Cablevisión y que contrariaba una resolución de la Secretaría de Comunicaciones (100/10) donde se declaraba la caducidad de la licencia para prestar servicios de Internet y telecomunicaciones que estaban bajo la órbita de Fibertel. Eso finalmente nunca ocurrió.
Decreto “en comisión”
Pero lo novedoso, previo a que se discutieran los pergaminos de ambos postulantes fue que el gobierno nombró por decreto “en comisión” a ambos, lo que los facultaba a prestar inmediato juramento ante la Corte y que sus pliegos fueran validados antes del 30 de noviembre de 2016, momento de la clausura del periodo legislativo siguiente al que acababa de finalizar.
La decisión impulsada por el grupo de abogados/asesores liderados por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón mencionaba el Decreto 222 que garantizaba la oposición pública de antecedentes, pero de alguna forma los dejaba abstractos al interpretar el inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional que describe las facultades presidenciales.
Así se consideró legal que se puedan designar en comisión “empleos” que requieren acuerdos del Senado. Pero la palabra “empleos” siempre hizo referencia a embajadores o altos oficiales de las fuerzas armadas, cuyo acuerdo también es requerido, pero nunca había sido utilizada para cubrir a la que será la cabeza de otro poder del Estado.
Garavano y Peña fueron quienes en la mesa chica de Macri se opusieron a avanzar en esa dirección. Advirtieron que podría no pasar un tamiz judicial la designación y que acarrearía problemas a nivel político.
Macri los escuchó pero le dio la derecha a Rodríguez Simón, autor del primer pedido de cautelar que logró que un fiscal y una jueza establecieran que la finalización del mandato de Cristina Kirchner era a las cero horas del día 10 de diciembre. Pero el resultado de aquella medida y de esta que se presentaba ahora no fue el mismo.
Apenas se conoció el decreto, los aliados políticos de Macri salieron a diferenciarse y a cuestionar la vía intentada. Un sector del radicalismo puso el grito en el cielo, lo mismo que los kirchneristas, gran parte del peronismo y el resto de los integrantes del abanico político.
Entre los jueces, con gran ascendencia ideológica dentro del PRO, la cuestión marcó una divisoria de aguas. Los más encontraban un avasallamiento en la decisión superior, incluso, a los que identificaban durante el kirchnerismo. Unos pocos, influyentes dentro de la poderosa Asociación de Magistrados buscaron calmar las aguas hacia adentro y justificar la medida como fruto de la legalidad.
Todos, por su parte, creyeron ver una crisis política en ciernes si no se seguía el manual de negociación previsible para la cobertura de esas vacantes a través del Congreso. Ese capítulo aun se está escribiendo.
Jura diferida
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti hizo gala de su habitual ambigüedad con señales políticas en entrelíneas. Apenas se consignó la designación, celebró la llegada de dos nuevos integrantes a la Corte que él preside con brazo de hierro. Aseguró que les daba la “bienvenida” y que les tomaría juramento de inmediato a la vez que sostuvo que no se pronunciaría sobre la validez de que hubieran sido nombrados “en comisión” y por decreto. El misil llegó a destino.
Mientras arreciaban las críticas desde todos los ámbitos del derecho, Lorenzetti cerró una reunión con Macri luego de la cual, todos los planes de juramento se congelaron de manera indefinida.
Se sostuvo – en una comunicación un tanto caótica entre la Corte y el Ministerio de Justicia – que se había decidido simplemente posponer la jura y poner en marcha de inmediato el proceso de oposición de antecedentes públicos que indicaba el Decreto 222. Pero que el decreto de Macri seguía vigente.
Una elegante marcha atrás en medio del escándalo institucional que motivó al peronismo en el Senado a mascullar bronca y a percibir la venganza. “No le vamos a aprobar ninguno de los dos pliegos cuando vengan”, sostuvo un poderoso senador peronista, con amplia llegada al bloque mayoritario de la oposición.
Es que desde el PJ y en toda la oposición esperaban una movida de Macri del manual político: llegar, sentarse a negociar una vacante propia y otra que correspondiera a la oposición. Con ese acuerdo de nombres poner en marcha el Decreto y obtener los dos tercios de los votos en el Senado para la aprobación de ambos pliegos.
Representaba la primera búsqueda de consenso y negociación sin demasiada sofisticación. Nada de eso sucedió. Desde el Poder Judicial se especulaba con la idea de Macri de ampliar la Corte a siete miembros, lo que le daría mayor margen de negociación con la oposición y la tentación de alcanzar más miembros que él pudiera ubicar para licuar el poder que hoy detenta Lorenzetti, un diagnóstico compartido, si se quiere, entre la actual administración y el kirchnerismo.
El juego de pinzas que logró el titular de la Corte, difundiendo la noticia por vías extraoficiales y obligando al PRO a confirmar la intentona fue clave para lograr que el macrismo estuviera mal parado a la hora de defender tan polémica definición.
Cautelar al decreto
Así con un acuerdo a medias con Lorenzetti para contener daños, Macri se dispuso a seguir adelante, pero un fallo judicial del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dispuso una medida cautelar que suspendió los alcances del decreto.
Declarándose competente, recibió la denuncia formulada por un ex candidato kirchnerista y analizó los pormenores del decreto basado en el inciso 19 del artículo 99 de la Carta Magna. Los contrapuso con otros incisos del mismo artículo que específicamente versan sobre los dos tercios necesarios para nombrar jueces en la Corte y con los propios antecedentes de ese tribunal en materia de designación de jueces.
No fue demasiado lejos: el fallo que volteó las listas de conjueces y el que invalidó la Ley de Subrogancias (todo ocurrido el año pasado), específicamente dieron un parámetro acerca del criterio de la Corte para tratar el tema de la independencia judicial y de la inamovilidad del cargo, incluso para los magistrados suplentes.
Además había sido la bandera de las asociaciones de juristas que consideraron que las aventuras encaradas por el kirchnerismo – con el respaldo del Congreso – podían ser consideradas un avasallamiento al Poder Judicial con impacto en la dependencia que podrían haber llegado a tener quienes fueran nombrados por un mecanismo que no se adecuaba al aval de la mayoría especial del Senado.
Nada se decía de un caso aún más extremo como el de considerar “empleados” del Poder Ejecutivo a la cabeza del Poder Judicial y que su nombramiento no solo no atravesara los requisitos de admisibilidad, sino que eludiera el trámite en el Congreso con el solo respaldo de un decreto presidencial simple.
El mismo día en que se conoció el fallo, Macri sorprendió con un análisis que incluyó la posibilidad de que las disposiciones judiciales fuesen optativas. Dijo que no creía que se les pudiera aplicar ese fallo a candidatos a jueces de la Corte y que el tema, de todas formas, había dejado de ser prioritario.
Su equipo técnico exploró las reales opciones para mantener vigente aquella disposición. Apelaron la medida ante Ramos Padilla, pidieron que se aparte del expediente y presentaron un recurso de inhibitoria ante otro juzgado que deberá expedirse.
El primer paso no tuvo éxito porque Ramos Padilla consideró que la cautelar tenía plena vigencia hasta que se analizara la cuestión de fondo, algo para lo que no habilitó la feria judicial de enero y que probablemente requiera primero la opinión de la fiscalía los primeros días de febrero.
Tampoco aceptó la recusación, planteada desde el PRO por su pertenencia a la Asociación Justicia Legítima, acusada por el macrismo de tener “ideas cercanas al kirchnerismo”.
El magistrado en su respuesta consideró absurdo que se pretenda acusar a alguien por su supuesta forma de pensar y no por lo que plasma en sus fallos. Y menos aún por integrar una asociación equiparable, en lo legal, a la tradicional Asociación de Magistrados, que nuclea al sector más conservador del Poder Judicial.
Todo ese paquete de planteos deberá escalar ahora a la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, encargada de revisar la actuación de Ramos Padilla. Pero a la vez, el Ministerio de Justicia intentó una movida de ajedrez. Le pidió a un juzgado federal contencioso administrativo de Capital Federal (que es el fuero natural para este tipo de planteos) que se declare competente y que inhiba al juez molesto para el PRO de seguir interviniendo. Esto lograría atraer el expediente para un fuero en el que el gobierno ha cosechado buenos resultados en el último tiempo.
Todos estos obstáculos se presentaron solo en el ámbito judicial ya que en el político, aún no se ha conformado una mesa de negociación para ver qué sucederá en el trámite de los pliegos en el Congreso. Donde no había un problema, la administración de Cambiemos logró crear el más impensado.
Gils Carbó resiste
Ante ese escenario, el Ejecutivo no ahorró munición en un conflicto que terminó por sacar de escena a la jefa de los fiscales, a quien con todo énfasis, todos los referentes del Gobierno habían pedido su renuncia.
Casi como promesa de campaña y preanunciando sus primeros pasos, Macri había ensayado la posibilidad de un decreto que corriera a la procuradora a través de un camino que le permitiera un atajo al Congreso ante la ausencia de número para promover su juicio político.
Con varios nombres en danza, algunos funcionarios judiciales ya se probaban el traje de procurador, mientras la medida se anunciaba como inminente. Gils Carbó rechazó de plano renunciar y vaticinó su resistencia. Pero el traspié que generó el impacto por los jueces supremos, obligó al macrismo a cambiar los planes y súbitamente hubo un cambio de actitud en Garavano, interlocutor del gobierno con la titular del Ministerio Público Fiscal.
De reclamar su renuncia, el funcionario accedió a una reunión en el despacho de ella y evaluó pautas de trabajo conjunto. En entrevistas desechó la idea de un decreto para correrla y le reclamó un paso al costado, pero ya sin la anterior belicosidad.
Durante este mes tendrán que volver a verse las caras, pero más allá de un efectivo recorte de facultades y la postergación de la aplicación del Código Procesal Penal, el gobierno bajó el perfil de esa pelea.
Sin embargo, no se descarta que puedan volver a la carga, sobre todo si desde los siempre políticos tribunales de Comodoro Py decidieran embestir nuevamente contra Gils Carbó en un intento de correr en auxilio del gobierno e intentar que pueda llegar mejor parado a una negociación en el Congreso por un eventual juicio político.
Para eso, Cambiemos deberá capear la crisis que generó con una batería de medidas que no pasaron por el Parlamento y en la materia que más frentes judiciales abrió en lo que lleva al frente del gobierno.