Caso que conmocionó al macrismo
iba a comenzar el 5 de septiembre |
El Tribunal Oral Federal N° 5 argumentó “congestión” de expedientes para avanzar con la causa en la que iban a ser enjuiciados 11 implicados entre ellos los ex jefes de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro. Difícil situación para uno de los jueces en el Consejo de la Magistratura coincide con postergación. El caso no se ventilará en medio de la campaña electoral lo que supone un alivio para la Casa Rosada que evitará traspié por caso que ya le trajo dolores de cabeza.
Por Gabriel Morini
Ya estaba todo listo. La fecha de inicio del juicio oral por las escuchas ilegales iba a tener su audiencia inaugural el próximo 5 de septiembre. Pero eso no ocurrirá. Ni este año, ni el próximo. Quizá sea recién el 7 de febrero de 2019, cuando el actual presidente Mauricio Macri – principal referente político involucrado y luego desvinculado cuando era jefe de Gobierno porteño – esté ingresando en los últimos meses de su primer mandato.
Así lo dispuso, sorpresivamente, el Tribunal Oral Federal N° 5, encargado de llevar adelante el proceso contra 11 imputados, entre ellos un ex juez, un ex espía, dos ex jefes de la Policía Metropolitana, un ex ministro de Educación y cinco policías federales.
Alegaron “congestión” de expedientes para la postergación. La Casa Rosada respiró con alivio al enterarse de la noticia. Pese a que Macri hubiera sido desvinculado, la discusión acerca de la política de seguridad porteña y una trama oscura de irregularidades enquistadas en su administración podía haber enturbiado la campaña electoral de cara a las generales de octubre.
“Y reflejado lo dicho hasta aquí, el estado de congestión en que se encuentra la agenda del tribunal, lo cual impone la consecuencia de suspender la audiencia de debate fijada a fs. 16564/5, y señalar para dar inicio al debate en estos actuados el día 7 de febrero de 2019, a las 10 horas”, fue el párrafo definitorio de la cédula que se les envió a las partes para anunciar la postergación por casi dos años del comienzo del juicio.
De esta forma, los jueces notificaron a las partes que, pese a que todos los pasos previos se habían cumplido y la fecha estaba firme, la cuestión no entraría a ser juzgada en medio de un proceso electoral.
Los implicados – de los que Macri no forma parte – son el ex espía que revistaba en el Ministerio de Educación porteño, Ciro Gerardo James; los ex jefes de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y Osvaldo Chamorro; el ex titular de la cartera educativa porteña, Mariano Narodowski; el destituido juez federal de Misiones, José Luis Rey; su ex secretaria Mónica González; y cinco ex policías federales misioneros, encabezados por Diego Guarda.
En 2009, se develó que Ciro James, quien era abogado del ministerio de Educación como paso previo a la naciente Metropolitana que estaba siendo diseñada por el “Fino” Palacios, había convencido a un grupo de policías misioneros para enviarle números telefónicos de a quienes se deseaba intervenir.
Esos federales remitían a dos jueces esos números para introducirlos en causas judiciales que tenían a su cargo. José Luis Rey y Horacio Gallardo (fallecido) con ayuda de su secretaria colocaban esos teléfonos en sus expedientes por delitos ocurridos en su jurisdicción, ordenaba a la ex SIDE que realizara las pinchaduras dentro del procedimiento legal y autorizaban a James a recoger las grabaciones. Rey llegó a estar prófugo luego de ser destituido y que se ordenara su apresamiento en 2010.
El 6 de marzo de 2014 el juez Sebastián Casanello de gran llegada con La Cámpora decidió la elevación a juicio de todos los imputados con procesamiento confirmado. Lo inédito de la resolución es que “revocó” la elevación de Macri, lo que virtualmente dejó la causa solo abierta para el jefe de gobierno porteño, para lo que pidió una serie de medidas de prueba cuyo destino es el sobreseimiento.
Ir en contra de todo lo actuado por el juez Norberto Oyarbide no fue obstáculo, dado que fue el primero en renunciar durante la gestión Cambiemos tras un cúmulo de irregularidades por las que iba a ser sometido a juicio político.
A nadie escapó el funcionamiento de la justicia federal en sintonía con la política: era inviable que el presidente electo y recién asumido con legitimidad continuara rumbo al banquillo de los acusados. Al Frente para la Victoria tampoco le convenía neutralizar judicialmente a Macri en la contienda 2015.
La derivación tuvo el 29 de diciembre de 2015 su sobreseimiento confirmado definitivamente por la Cámara Federal seis meses más tarde. A comienzos de 2016, falleció el único querellante por el que Macri había sido vinculado por la justicia: el parapsicólogo Néstor Leonardo, ex cuñado presidencial y resistido por todo el clan Macri. Sin embargo, el resto de los implicados seguían marchando hacia el juicio. Hasta ahora.
El fiscal Jorge Di Lello y la querella de Sergio Burstein (familiar de una victima del atentado a la AMIA) apelaron el fallo de sobreseimiento de Casanello cuestionando la decisión del juez y tildándola de “política”. El argumento de Casanello fue que no había prueba suficiente para adjudicar a Macri la responsabilidad y el conocimiento de las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo dentro de su estructura, más allá de su responsabilidad funcional como cabeza del Ejecutivo.
Pidió que declare el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro y que se investigue a The Ackerman Group, la empresa de seguridad que hacía trabajos para Franco Macri. Todo apuntó en ese momento al sobreseimiento. Montenegro era Ministro de Justicia porteño y Macri era su jefe. Montenegro ya había sido sobreseído por el juez Oyarbide por una cuestión más formal.
Cuando Montenegro era juez federal había tenido una controversia con Oyarbide. Si lo procesaba, Montenegro iba a lograr el apartamiento de Oyarbide, por lo que prefirió dejarlo afuera de la causa y retener el expediente.
Un dato adicional es que Casnello antes de ser juez federal era secretario de esa Sala I de la Cámara. Los secretarios son los que llevan adelante las causas. Cuando se confirmó el procesamiento de Macri y del resto de los imputados fue Casanello el secretario que llegó a esa conclusión que firmaron los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah.
El 90% de los casos de confirmación de procesamiento continúa con la elevación a juicio oral, no con la decisión de revisar la situación de un imputado. En eso también esta causa marcó un hito.
La defensa del entonces jefe de Gobierno consideró que Casanello – cuando decidió no enviarlo a juicio oral (marzo de 2014) y pidió una serie de pruebas adicionales – ya las había completado. Esas medidas eran la declaración del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, que desvinculó a Macri de la designación de Palacios, señalado como ideólogo de las escuchas ilegales; de Adrián Pelacchi, responsable de la firma AP Security SA, que declaró que fue contratado por el empresario Franco Macri, padre de Mauricio, para investigar a Leonardo, y un exhorto a los Estados Unidos para que The Ackerman Group LLC informe sI prestó servicios para Macri. Esa respuesta no fue recibida nunca por el juez, quien finalmente consideró que no hacía falta recibirla para dictar EL sobreseimiento.
El Tribunal Oral Federal N° 5 integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Oscar Hergott enfrenta algo más que problemas de “congestión” de causas: en simultáneo con la notificación de la postergación por dos años del juicio, el Consejo de la Magistratura citó a Hergott por un expediente disciplinario donde se lo acusa de acoso sexual y laboral, inclusive contra su compañera de Tribunal, Palliotti, que declaró en su contra.
La situación del magistrado es comprometida en base a los testimonios que se sumaron, pero no fueron pocos los que encontraron una causalidad temporal entre la suspensión del juicio y la activación del caso que podría llevar a Hergott a un juicio político que genere su destitución.
Fue citado para que el 1 de agosto de sus explicaciones ante la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo y para defenderse de los cargos que el juez considera infundados, sin pruebas y con animosidad en su contra. Lo cierto es que el clima en el Tribunal Oral es irrespirable. No hay diálogo entre ellos, lo que suma incertidumbre no solo al caso de las escuchas, sino a todas las causas que tramitan su juicio en esa sede.