La nueva redacción del Código Urbanístico porteño, que regula qué y dónde se construye, obtuvo una aprobación inicial y apunta a impedir que aparezcan más edificaciones en altura en barrios de casas bajas y restablecer los “pulmones de manzana” como espacios de suelo absorbente. Hubo objeciones a la falta de participación ciudadana en su elaboración.
Por Valeria Azerrat
La actualización fue debatida en la última sesión ordinaria del Parlamento y recibió 32 votos positivos del bloque oficialista de Vamos por Más, la UCR-Evolución, Confianza Pública, el socialismo y una parte de la bancada de La Libertad Avanza. Hubo seis rechazos por parte de los restantes libertarios y del Frente de Izquierda. Se abstuvieron desde Unión por la Patria y diputados que responden a Patricia Bullrich.
La reforma sobre la normativa urbana fue enviada a fines de julio por la administración de Jorge Macri a la Legislatura, donde fue analizada por la Comisión de Planeamiento durante varias semanas y llegó al recinto el jueves 26 con una redacción distinta a la original, a partir de una serie de incorporaciones efectuadas por los diputados y diputadas.
El próximo paso de la ley será la audiencia pública el 6 de noviembre, para que la ciudadanía pueda manifestar sus posturas, opiniones y objeciones al respecto. Luego de esa instancia, volverá al recinto para la aprobación final y completar el procedimiento que demanda este tipo de normas denominadas “de doble lectura”.
Las nuevas reglas, de concretarse, contemplan cambios en las alturas permitidas para las construcciones en zonas residenciales de casas bajas. Allí, se implementarán topes de hasta 14,60 metros como máximo, con la intención de evitar edificios de más de cinco pisos y que, de alguna manera, ayuden a detener la aparición de torres que impacten en la morfología barrial.
Ese fue uno de los principales reclamos que llevaron adelante grupos de vecinos y vecinas, que conformaron la Red Interbarrial Buenos Aires, y que denunciaron los perjuicios ocasionados por la ola de construcciones en el distrito porteño tras la sanción del Código Urbanístico en 2018, que flexibilizó los límites de altura de las edificaciones y amplió el límite de constructividad.
La propuesta aprobada, además, recupera la obligatoriedad de que cada manzana de la Ciudad tenga los espacios conocidos como “pulmón de manzana”, que garantizan suelo verde absorbente vital para la calidad ambiental. La presencia de estos sitios fue desestimada en 2018.
Entre muchos otros cambios, sobresale la figura de “capacidad constructiva adicional”, que pretende potenciar el sur capitalino mediante un plan de estímulos para los desarrolladores que inviertan en esa zona de la Ciudad y reciban, como contraprestación, beneficios para proyectos inmobiliarios en áreas de mayor concentración urbana.
Esta iniciativa, que llegó directamente desde la Secretaría de Desarrollo Urbano porteña, contenía en su versión original la delimitación de los polígonos para emprender en el sur —situados en las comunas 4 y 8—, así como las áreas en las que podrían obtener el provecho, que, principalmente, estaban en el corredor norte.
No obstante, los legisladores optaron por votar solamente la herramienta sin las localizaciones, ya que las ubicaciones, tanto las del norte como las del sur, despertaron críticas, dado que, por ejemplo, incluía avenidas como Cabildo y Córdoba como posibles de sumar constructividad cuando ya tienen una saturación de metros.
Más cambios y logros vecinales
A último momento, el texto que llegó a las bancas de los legisladores el jueves 26 tenía un artículo que disparó un fuerte cruce de acusaciones y ocasionó que la sesión pasara a un cuarto intermedio de más de cinco horas. El motivo de la tensión en los pasillos parlamentarios se debió a la intención de restablecer la obligatoriedad de que todos los edificios cuenten con una vivienda para el encargado de portería.
La controversia escaló dentro del bloque oficialista porteño y alcanzó a los referentes políticos nacionales como el expresidente Mauricio Macri y la ministra Bullrich, quienes protagonizaron una discusión en redes sociales, en la cual se achacaron “acuerdos espurios” con la oposición, sobre todo con el PJ vinculado al gremio de los encargados de edificios.
Otra de las marchas atrás tuvo que ver con la propuesta inicial para prohibir que los nuevos edificios de hasta cinco pisos puedan hacerse con balcones. La medida estaba respaldada en la idea de evitar la “invasión” de las estructuras en el espacio aéreo que perjudiquen al arbolado urbano. Sin embargo, el impedimento quedó solo para los pasajes o calles angostas.
La voz vecinal, en tanto, contó con una baja respuesta a la demanda para integrar los proyectos elaborados por decenas de colectivos de ciudadanos que, durante meses, estudiaron las parcelas y promovieron cambios en defensa de las “identidades barriales” y de los espacios verdes.
Solo sumaron dos temas que responden a reclamos de vecinos: por un lado, los cuatro lotes del Parque Ferroviario Colegiales fueron agregados al espacio verde, con lo cual quedarían imposibilitados de ser sujetos a venta en una zona donde ya se construyeron cinco torres; además, el entorno de la avenida Avellaneda en Flores y un sector de Constitución quedaron como “áreas de desarrollo prioritario” para la recuperación de los barrios deteriorados.
Temas pendientes para la segunda lectura
De cara a la sanción definitiva, que se dará seguramente entre finales de noviembre e inicios de diciembre, restará definir una serie de pedidos hechos desde los bloques de la oposición porteña, entre los que está la definición como “Urbanización Parque” de más de 30 plazas distribuidas por toda la Ciudad de Buenos Aires.
La propuesta apunta a que esos espacios verdes, destinados a la recreación y el esparcimiento, sean “de acceso irrestricto”, sin explotación comercial y sin nuevas construcciones, así como que también tengan una superficie de al menos el 85% del total de vegetal vivo.
El restante tema pendiente refiere a la entrada en vigencia que se le dará finalmente a este ajuste de las reglas para construir en la Ciudad. La preocupación responde a que una demora en la efectivización de la normativa urbana redundará, a su vez, en más tiempo en que será válido el actual Código. Ello, según indicaron, posibilitará que se sigan tramitando nuevas obras con las anteriores condiciones.
También quedó bajo el foco la participación ciudadana en lo que queda del debate en la Legislatura, ya que en las etapas previas, a cargo del Ejecutivo, no se cumplieron las instancias previstas en la Constitución para que los vecinos y vecinas asistan en la redacción de la norma, tal como lo denunciaron desde las organizaciones barriales.
Por ello, exigieron que sean convocados los Consejos Consultivos de las Comunas antes de diciembre para evaluar los alcances del próximo Código en cada barrio.
“Requerimos un tratamiento y debate serio del Código Urbanístico, no una aprobación exprés sin contemplar opiniones, preocupaciones y sugerencias de la comunidad”, fue la solicitud que elevaron ante el Gobierno de Jorge Macri y ante los 60 diputados desde un grupo de asociaciones e instituciones de la Comuna 12.
Y subrayaron que era “necesario un proceso verdaderamente participativo, donde se escuchen y respeten las opiniones de los vecinos. Solo así podremos asegurar que cualquier cambio urbanístico responda a las necesidades reales de nuestra Ciudad y no a los intereses de unos pocos”.