Desde hace cuatro años la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) denuncia al Gobierno porteño por propiciar que el triple de chicos de barrios del norte de la Ciudad, en comparación con los del sur, tenga acceso a la modalidad de jornada completa. La causa llegó al Tribunal Superior de Justicia, que fue apoyada por dos presentaciones como amicus curiae de Amnistía Internacional y de la Clínica Jurídica de la Universidad de Nueva York.
Por Luciana Aghazarian
Según la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y Justicia), el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejerce discriminación educativa en la distribución de la oferta de jornada completa en las escuelas de gestión pública de nivel primario.
Para poner solo un ejemplo, en el distrito 21 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y parte de Villa Soldati) tan solo dos de cada diez niñas y niños asisten a escuelas estatales de jornada completa, mientras que en el distrito 14 (Agronomía, Paternal, Parque Chas y Villa Ortuzar) el número aumenta a siete de cada diez.
En este sentido, según el informe de esta organización que trabaja en la defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, los distritos escolares 14, 15 y 2, ubicados al norte, cuentan con el 73,15%, el 63,66% y el 63,23% de su alumnado en escuelas primarias de jornada completa. Mientras tanto, en los distritos 21, 5 y 19, ubicados al sur, esa proporción apenas alcanza el 22,33%, el 31,37% y el 34,72%, respectivamente.
En respuesta a esta problemática, en 2011, la ACIJ presentó un amparo “con el fundamento de que este accionar del Estado afecta una serie de derechos, principalmente el derecho a la igualdad, y que, además, va en contra del deber del gobierno de equiparar las condiciones del sur y el norte de la Ciudad”, explica María Emilia Mamberti, coordinadora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la organización.
El amparo que ya tuvo dos sentencias parcialmente favorables, en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones, tuvo dos presentaciones como amicus curiae en el Tribunal Superior de Justicia por parte de Amnistía Internacional y de la Clínica Jurídica de la Universidad de Nueva York.
“Estas presentaciones influyen muy positivamente en la causa porque, por un lado, permiten poner el tema en la agenda pública y, por el otro, le dan a los jueces más argumentos y una mayor comprensión respecto de la importancia del tema en materia de derechos humanos”, completa Mamberti.
Según declaró Amnistía Internacional su presentación responde a que “la asignación de recursos destinados a escuelas primarias en los distritos más pobres de la Ciudad ha resultado en una oferta limitada en comparación con los distritos más ricos”.
Por su parte, la clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York en su presentación argumentó que los tribunales tienen el poder de asegurar que los gobiernos cumplan con los derechos constitucionales como el derecho a la educación y brindó varios ejemplos de casos donde se ordenó remediar por la vía judicial una política educativa que resultó inconstitucional.
En el transcurso del trámite del expediente, el Gobierno porteño no pudo demostrar que el planteo de ACIJ fuera incorrecto: “El Gobierno argumentó que la Ciudad cumplía, mejor que cualquier otra jurisdicción, con un mínimo de un 30% de estudiantes en jornada completa al que alude una ley nacional. Sin embargo, el caso de ACIJ no se trata sobre el cumplimiento o no de esta ley, sino sobre la afectación de la igualdad dentro de la ciudad misma por un accionar que beneficia a los distritos más ricos por sobre los pobres cuando, constitucionalmente, la política debería ser la contraria”, explica Mamberti a El Barrio Villa Pueyrredón.
¿Pero qué significa, en lo concreto, esta diferenciación en el acceso a la doble jornada en materia de oportunidades educativas y sociales?
“La jornada completa tiene varios impactos positivos: en primer lugar ofrece una educación de mejor calidad a los estudiantes y por eso las leyes vigentes la promueven. En segundo lugar, tiene un impacto positivo en los hogares porque permite que los padres y, sobre todo, las madres de los estudiantes puedan trabajar para mejorar las condiciones socio-económicas del hogar”, concluye la experta.