Protesta contra el tarifazo y el ajuste “pone en vereda” al gobierno porteño

El ruidazo de cada viernes a las 20 horas en distintas esquinas de las quince comunas porteñas (Artigas y Mosconi en Villa Pueyrredón) está poniendo en “autos” a las autoridades, tanto porteñas como nacionales, del descontento que va creciendo desde el pie. Suspensión de aumentos en las tarifas y marcha atrás con el cierre de las escuelas nocturnas, las primeras consecuencias.

Por Ignacio Di Toma Mues

La movilización y los “ruidazos” de los vecinos y vecinas, y las agrupaciones barriales organizadas, en más de 60 esquinas de la Ciudad de Buenos Aires, logró que las autoridades porteñas tomaran nota del “descontento”. Temen a sus consecuencias electorales.

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta anunció que se suspende el próximo aumento en la tarifa del servicio de subterráneo que debía aplicarse a partir del 2 de mayo y llevaba el costo del pasaje a 21 pesos. También debió retroceder con la resolución que establecía el cierre de las escuelas nocturnas (una de ellas ubicada en Villa Urquiza)

Cabe aclarar que desde enero de 2018 a la fecha el incremento en la tarifa del subterráneo fue del 153,3% con una inflación acumulada en ese mismo periodo (de enero de 2018 a marzo e 2019) del 62,5%. Mientras que los aumentos salariales rondaron en promedio el 30% para los trabajadores registrados; las jubilaciones y las pensiones.

El propio Ministerio de Economía de la Ciudad de Buenos Aires reconoció que más de 200.000 vecinos y vecinas cayeron por debajo de la línea de la indigencia y que son más de 654.000 quienes están por debajo de la línea de la pobreza. Niveles que sólo se alcanzaron en la salida de la convertibilidad, en el año 2002.

Si sumamos a los “no pobres vulnerables” y la “clase media frágil”, un total de 1.343.000 porteños y proteñas están transitando una difícil situación económica social. Y tiene su correlato en la caída del consumo, que afecta a pequeños y medianos comercios en los barrios y a las pymes manufactureras. La consecuencia: cierre de empresas y locales, y la pérdida de puestos de trabajo.

Por su parte el Gobierno Nacional anunció que no habrá aumentos de servicios de luz, gas y transporte hasta fin de año, aunque aclaró que: “si en los próximos meses, un usuario ve un aumento en su factura de gas o de electricidad, o en el precio del boleto de colectivo, se deberá a una decisión de su gobierno provincial o municipal”.

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