En el mes de marzo de este año se presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana que tiene como objeto dotar de recursos y herramientas concretas a los Consejos Consultivos Comunales.
La legisladora Delfina Velázquez de Unión por la Patria, con el acompañamiento de Victoria Freire y Andrés La Blunda, presentó un proyecto de ley ante la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña, con el objetivo de dotar de recursos y herramientas concretas a los Consejos Consultivos Comunales.
La iniciativa, titulada “Estructura Institucional de los Consejos Consultivos Comunales”, busca garantizar el funcionamiento eficiente y permanente de estos órganos de participación ciudadana, en línea con lo establecido por la Constitución de la Ciudad y la Ley Orgánica de Comunas.
Los fundamentos del proyecto destacan que, tras dos décadas de la sanción de la Ley Orgánica de Comunas, persisten “avances y retrocesos” en la implementación de la descentralización.
Aunque los Consejos Consultivos Comunales fueron concebidos como espacios honorarios de participación popular, los legisladores señalan que han enfrentado “momentos de desaliento” debido a la falta de recursos, la debilidad institucional y la competencia con otras plataformas de participación impulsadas desde el Poder Ejecutivo.
Velázquez y sus coautores enfatizan que, pese a su rol clave en el asesoramiento a las Juntas Comunales y en la promoción de políticas barriales, los Consejos Consultivos Comunales carecen de una estructura que garantice su operatividad.
“La falta de difusión masiva, recursos materiales y herramientas administrativas limita el ejercicio efectivo de sus funciones”, sostienen. Además, subrayan que esta carencia afecta la transparencia y el control ciudadano sobre la gestión comunal.
Claves del proyecto: recursos físicos, administrativos y comunicación
El proyecto se organiza en dos títulos y cinco capítulos, con disposiciones detalladas para cada aspecto operativo.
Recursos físicos y materiales: las Juntas Comunales deberán proveer espacios físicos señalizados en sus sedes y subsedes, equipados con mobiliario, dispositivos audiovisuales (micrófonos, proyectores) y electrónicos (computadoras, internet). Estos recursos se gestionarán previa solicitud del CCC.
Se obliga a publicar en carteleras y canales digitales las fechas, horarios y lugares de las reuniones del CCC, así como los métodos de inscripción para participar.
Procedimiento administrativo y sistema SADE: se crean usuarios específicos en el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) para cada Consejo Consultivo, permitiéndoles cargar actas, mociones, propuestas y realizar seguimiento de reclamos vecinales.
Se establece, además, la obligatoriedad de capacitaciones en el uso del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos y acceso a una mesa de ayuda técnica.
Comunicación y difusión: las Juntas Comunales deben garantizar la difusión de las iniciativas de los Consejo Consultivo mediante redes sociales, sitios web, afiches y material gráfico, en cumplimiento de la Ley de Transparencia.
Financiamiento: el Poder Ejecutivo deberá transferir partidas presupuestarias específicas a las comunas para implementar la ley. Estas partidas serán “permanentes” e independientes del presupuesto participativo anual.
En los fundamentos, los autores del proyecto advierten sobre la “brecha” entre las demandas ciudadanas y la respuesta institucional: “Es esencial reducir la distancia entre la participación vecinal y la obligatoriedad de las funciones de las Juntas Comunales”, afirman.
Además, critican la falta de transparencia histórica: “La generación de expedientes digitales mediante Sistema de Administración de Documentos Electrónicos mejorará la trazabilidad y el acceso a la información”.
Velázquez remarca la urgencia de valorizar los Consejo Consultivo: “Avanzar en su estructura institucional hace más previsible la gestión de recursos públicos. La participación ciudadana es el mejor canal para que esos recursos beneficien a la comunidad”. Asimismo, insisten en que la ley no solo moderniza procesos, sino que “invita a la ciudadanía a diseñar la gestión comunal y controlar su presupuesto”.
El proyecto deberá debatirse en un contexto donde la participación vecinal en las comunas sigue siendo un tema pendiente. Su aprobación dependerá del consenso político, pero sus impulsores confían en que responde a una deuda histórica: “A 20 años de la Ley Orgánica de Comunas, es evidente la necesidad de fortalecer los Consejo Consultivo como pilares de la democracia barrial”, concluyen.