En el distrito más rico del país la infraestructura educativa carece del mantenimiento adecuado. La sobrecarga que la gestión de obras y arreglos representa para las conducciones y el silencio de las autoridades.
Verónica Ocvirk, para la Cooperativa de Editores Barriales EBC
No están bien los edificios de las escuelas públicas porteñas. Detrás de las fachadas verdes correctamente mantenidas asoma un inframundo de muros descascarados, calderas rotas, problemas con el agua, aulas ruidosas, déficit de espacio y patios de juego bastante deslucidos, todo en tanto las conducciones lidian como pueden con un sistema que les escatima el mantenimiento y las cooperadoras enfrentan la falta de recursos y de interés.
Varias son las causas que confluyen en este cuadro. Una muy relevante es la incontestable baja de fondos: “El desfinanciamiento más alto de la historia de la Ciudad en la materia”, refiere un informe de la Auditoría General de la Ciudad según el cual el año pasado el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta desafectó 528 millones de pesos a diferentes obras en las escuelas públicas del distrito.
“De los cerca de mil edificios escolares públicos que hay en la ciudad, se calcula que unos 150 tienen problemas ‘serios’. Y cuando digo ‘serios’ me refiero a que afectan la seguridad de quienes concurren al lugar”, dispara Pablo Cesaroni, integrante de la comisión de Educación del Consejo Consultivo de la Comuna 5 y de la agrupación Cooperadores en Movimiento. Como no existe sobre el tema información oficial, la cifra debió construirse con datos que se obtienen de las comunas y sindicatos.
“El Estado se corrió de su responsabilidad con los edificios escolares”, sostiene. Y precisa que dentro del total de recursos que administra el Estado porteño, el presupuesto educativo bajó más de diez por ciento desde que Mauricio Macri llegó en 2007 al gobierno: entonces era de 27,6%, este año es de 17,3%.
El derrotero
“SIGMA” (Sistema Global de Mantenimiento) se llama el plan que de acuerdo a la información oficial busca “garantizar la conservación, el mantenimiento y la puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Es en ese sistema que se inscriben las pequeñas obras como pintura, reparación de filtraciones y mantenimiento eléctrico.
Hasta el año 2010 el gobierno porteño contaba con una Dirección General de Infraestructura Escolar fornida: la dependencia incluía una buena plantilla de trabajadores permanentes, arquitectos y también camionetas que podían dar a los problemas una solución bastante ágil. Sin embargo, hoy tanto la Dirección General de Infraestructura Escolar –a cargo de Martín Carpinacci– como la Dirección General de Mantenimiento Escolar –a cargo de Marcelo Pasquini– casi no tienen personal, y todas estas reparaciones las realiza un puñado de empresas cuyas razones sociales, licitaciones, multas y cobros percibidos no resultan de fácil acceso al público. Ni Carpinacci ni Pasquini aceptaron por lo pronto conversar para esta nota.
A ese desmantelamiento del área de infraestructura escolar se suma el recorte de fondos a las cooperadoras, que hace más de una década dejaron de recibir un subsidio conocido como “CODICO” (por Comisión Distrital de Cooperadoras) para empezar a percibir el más escuálido “FUDE” (Fondo Único Descentralizado de Educación), que luego se completa con los aportes que las familias realizan voluntariamente.
Jordana Secondi es la directora de la Escuela de Educación Media 6 del Distrito Escolar 5, que queda en el barrio 21-24 de Barracas. “El nuestro es un edificio nuevo que a simple vista está en buenas condiciones, aunque tiene falencias estructurales, además de que nos faltan espacios que por normativa deberían estar, como preceptoría y una sala para la cooperadora”, explica. Y agrega: “Otra gran falencia es el mantenimiento: apenas se trabaja en lo que es súper urgente, como el recambio de luces o cortar el pasto, por más que mientras tanto tengamos yesería floja y filtraciones que no se reparan”.
Según Secondi, ante cada pedido de reparación es ella quien debe personalmente contactarse con el supervisor para luego elevar el pedido a “la empresa”. “Hay que decir que al supervisor se lo percibe con intención resolutiva, aunque luego cuesta muchísimo que los arreglos se concreten. Veo un exceso de formalidades para pedir los arreglos cuando al final todo se resuelve con insistir durante semanas, dos veces por día, para decir ‘mirá que la canaleta’, ‘mirá que el baño’, ‘mirá que el arco de fútbol’. Y todo eso tiene un costo, porque al final parece que las empresas hacen el mantenimiento de favor, más allá de la sobrecarga que esta falta de agilidad implica para las conducciones.
Creo que sería bueno que quienes realizan las reparaciones se sientan parte de la escuela. No digo tener personal fijo, pero sí que conozcan el edificio, se involucren y entiendan que su tarea es importante”.
Otra directora de una escuela del distrito 17 –quien prefiere no dar su nombre– coincide palabra por palabra. “En apariencia no se puede decir que no existe nada de inversión en infraestructura escolar. El problema es que nunca se termina de entender cómo se distribuyen los fondos y cómo se decide qué obras se encaran”, explica. Respecto del lugar de las cooperadoras, reconoce que internamente el tema le genera una contradicción. “Por un lado es deseable fortalecerlas como espacio de participación, pero a la vez me parece que tampoco les corresponde ponerse a pintar la escuela, porque eso es responsabilidad del Estado. Y resulta injusto que, por tener una cooperadora fuerte y con más capacidad de recolectar fondos, una escuela pueda, por ejemplo, tener equipos de aire acondicionado, mientras que otra no.
También es cierto que en la época del CODICO a veces eran los padres los que con más o menos idea del tema terminaban tomando decisiones como la elección del piso para un patio, no creo que volver a eso sea deseable”, reflexiona.
La salida
Raquel Waldhorn, hoy jubilada, fue hasta 2014 la directora de la escuela Tomás Espora del barrio de Constitución. “Siete años estuve al frente de esa escuela, y pese a la insistencia nunca conseguí que la pinten”, recuerda. Y si bien reconoce que para el día a día de la actividad pedagógica es importante contar con espacios bien equipados y estimulantes, advierte que “hay que tener cuidado de que no sea mero maquillaje, porque podés tener todo muy pintado de colores y que siga faltando lo más básico”. Waldhorn apunta también a la cuestión de las dimensiones: “Las escuelas que se vienen construyendo son enormes, y en muchos casos se vuelven inmanejables. Como idea general me parece que la escuela primaria debería ser un lugar donde la conducción te conozca por tu nombre y sepa quién es tu familia”.
Cesaroni afirma que la primera medida para modificar el preocupante estado de situación de los edificios escolares porteños es conformar una mesa de diálogo en la que confluyan sindicatos docentes, cooperadoras, centros de estudiantes, responsables del Estado y gente experta de las facultades de ingeniería y arquitectura para elaborar no solo un diagnóstico, sino un plan a varios años. “Y por otro lado, haría falta que las escuelas reciban periódicamente auditorías externas tras las que se realicen informes para que la comunidad pueda contar con datos sobre cómo está su escuela”, dice, y suma que se necesita también una ley de infraestructura escolar y volver a tener como parte del Estado un equipo dedicado al mantenimiento de las escuelas. “Las empresas pueden seguir existiendo, pero con más personal y más presencia. Los edificios de las escuelas porteñas deberían ser de primer nivel”, sostiene y marca que las comunas podrían tener en la cuestión un rol relevante.
“Estaría muy bien que haya un fondo dentro del presupuesto destinado a las cooperadoras para completar lo que hacen las empresas de mantenimiento. Pero no creo que la comunidad escolar deba, por caso, destinar un sábado a arreglar la escuela. Que se entienda: no critico este tipo de acciones, se trata de un esfuerzo enorme que las familias hacen con toda la buena onda del mundo. Pero eso está tapando un agujero de algo de lo que debería hacerse cargo el Estado”, analiza. Y concluye: “Tenemos un camino que hay que recuperar para fortalecer a las cooperadoras y a los centros de estudiantes, en parte para sentarnos a discutir por qué en la ciudad viene bajando la inversión y por qué las empresas no hacen el mantenimiento que tendrían que hacer. Para todo eso la información es clave. Porque si no se informa a la comunidad, después se convoca a una asamblea y no va nadie. Y no podemos esperar que se caiga un techo para empezar a movilizarnos”.