Plan conurbano, fusión entre tribunales y el viejo anhelo de Gustavo Béliz de licuar el poder de Comodoro Py con la justicia “ordinaria” de la Capital Federal. Agencia Federal de Inteligencia con gastos descontrolados e intervenida. El juez Daniel Rafecas con buenas perspectivas para aplicar cuánto antes el sistema acusatorio.
Por Gabriel Morini
El Gobierno de Alberto Fernández anunció el más ambicioso plan de reforma institucional para cambiar el paradigma del Poder Judicial de la justicia federal y reemplazar las siempre vidriosas prácticas de los servicios de inteligencia vernáculos.
Su proyección de éxito parece estar desacoplada, en los movimientos oficiales, de la velocidad con la que los anuncios dados en el discurso inaugural de la presidencia se plasmaron en acciones concretas. Diez días más tarde, recién, se anunció de qué forma sería intervenida la Agencia Federal de Inteligencia (AFI); del proyecto de reforma de Comodoro Py solo están esbozados a trazo grueso los distintos escenarios posibles.
El único paso concreto – y no menor – es la nominación formal del juez federal Daniel Rafecas como candidato a Procurador General, algo significativo si se lo coloca en serie con la aceleración en la implementación del Código Procesal Penal que impone el sistema acusatorio, con las investigaciones en manos de los fiscales. El efecto colateral es que se diluirá el poder de los jueces federales que quedarán solamente a cargo de garantizar el proceso y no más con el poder de llevar adelante las investigaciones y manejar así sus tiempos con un ojo puesto en la política.
En una reciente entrevista, Fernández amplió el concepto de reforma judicial. No quiso revelar si se impondrán las tres opciones de plan que aparecen viables. La primera es la fusión de Comodoro Py con el fuero penal económico. Eso duplicaría la cantidad de juzgados federales – de 12 a 23 -, ampliaría la Cámara de Apelaciones a 4 salas y treparían a 12 los tribunales orales federales que lleven adelante los juicios.
Para los escépticos, esto no cambiaría mucho el panorama de fondo. Denominado de manera despectiva por los judiciales “penal-cómico”, es un fuero que concentra asuntos aduaneros, contrabando, y también narcotráfico. Lejos de los reflectores son los tribunales que han tenido por la especialidad un mayor contacto con los servicios de inteligencia, auxiliares de las investigaciones.
A este combo se le agrega otra opción que puede incluir a la justicia “penal ordinaria” de la Capital Federal. Es la llamada justicia nacional que es materia de discusión por ser un híbrido. Su destino aparecía sellado en una transferencia largamente dilatada a la órbita del Gobierno porteño, incluso con aval de la Corte Suprema.
Pero la subida al poder y la reivindicación de Gustavo Béliz como Secretario de Asuntos Estratégicos llevó a pensar que volvería por una revancha del trunco plan que tuvo en 2004, cuando terminó expulsado del gobierno de Néstor Kirchner tras sostener una puja con el hombre fuerte de la inteligencia local, Antonio “Jaime” Stiuso. Su plan era licuar el poder de los servicios mezclando Comodoro Py con los 63 juzgados porteños dedicados a delitos penales no federales. No vio la luz. Se considera que además son los fiscales de ese fuero los más preparados para implementar el sistema acusatorio.
En los últimos días, se incorporó al mapa la tercera variante de la reforma. Incluye contemplar un mega fuero federal que sume la fusión entre Comodoro Py y penal económico pero también los juzgados federales del conurbano bonaerense. Esto sumaría un fuero AMBA, desde San Martín, San Isidro, Morón hasta La Plata. Cualquiera estaría habilitado no solo para las causas que involucran a funcionarios públicos, sino además se quedarían con la ambicionada competencia del contrabando, hoy exclusiva de “penal-cómico”. Un mix de varias, todas juntas, o planes por separado. En torno a esto están dadas las modificaciones que tienen al Presidente como uno de los que monitorean la redacción del proyecto, sin que se revele una sola letra.
El sistema acusatorio no será la panacea ni fácil de implementar. Pero impone un cambio radical que siempre logró ser resistido por Comodoro Py al punto tal de ser la última jurisdicción en proyectar su desembarco después de haber sido aprobado por el Congreso.
Con el nivel de lentitud “ayudado” para evitar su llegada, podría haber pasado una década hasta que en Retiro tuvieran que modificar el sistema. Sin embargo, la aspiración de Fernández es acelerar ese cronograma como parte de un combo destinado a fulminar el poder y el tiempismo de los jueces federales.
En el medio, se coló la discusión por los regimenes especiales jubilatorios del Poder Judicial, una reforma polémica que tendrá como consecuencia inevitable que jueces, fiscales, defensores y funcionarios de la justicia monten en cólera si se les modifica el régimen previsional y corre riesgo de ser declarada inconstitucional si amaga con ser retroactiva.
Fernández, en este caso, se asoma a un doble riesgo: hay presión social para trasladar algún tipo de costo a un sector que aparece como privilegiado por escala salarial y beneficios respecto al resto de los funcionarios públicos; pero como contrapartida exhibe la imprudencia política que sería iniciar una gestión enemistados con los jueces que podrían hacer tronar el escarmiento por otras vías, complicando la gobernabilidad. Por extorsivo que parezca el panorama, no es menos imposible en el mundo real.
Esa discusión pasó a un segundo tramo de las sesiones extraordinarias, una vez que se quitó del mega proyecto de “Solidaridad”. El riesgo era que si se le quitaba algo al régimen especial de servicio exterior y judicial, toda la ley fuese volteada por fallos sucesivos. El problema está latente. Sin embargo, se dilatará al máximo posible mientras se habilitaron comisiones de jueces que intentarán tender puentes para que no avance la iniciativa, o a lo sumo estén más fuertes para negociar sus términos.
Jueces y Gobierno están negociando tras bambalinas un proyecto acordado: probablemente se les descontará más dinero por mes sin tocar el 82% móvil del que hoy gozan. Esto último puede ser la piedra de la discordia. Si se modifica habrá “guerra”, prometen los magistrados.
Pero la cuestión es mucho más abarcativa. A la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue Cristina Caamaño. La fiscal se encontró con un panorama desolador y descontrolado: Gustavo Arribas había echado a 500 agentes de carrera que no sólo habían ingresado durante el kirchnerismo sino que venían de las distintas gestiones desde 1983 a la fecha. Tenían experiencia. Los reemplazó por ejecutivos que venían del sector privado y de empresas que no tenían nada que ver con el espionaje.
Sumado a eso, de los 1405 agentes registrados, el 60% había entrado en los últimos cuatro años y el 82% de ese total fue pasado a planta permanente entre las PASO y el 10 de diciembre cuando Cambiemos dejó el poder. Varios jefes descendieron de jerarquía para entremezclarse en el personal permanente y evitar ser eyectados por su designación en un cargo político. Todavía no lograron ubicar a la totalidad de los agentes, cuyo cumplimiento de horario y asignación no lograron ser desentrañados.
Algunos podrían ser tildados de “ñoquis” si fuera por los registros de personal. Hubo quienes tenían 1 hora 40 minutos de labor diaria, una vez por semana. Las direcciones se redujeron de 105 de la “era Arribas” a 65 como marcaba la ley. También se anuló el “pack futbol” que estaba contratado como gasto reservado del organismo. Allí radica el descontrol financiero que estaba previsto para 2020 en 1500 millones de pesos de fondos sin rendición.
Había planillas que debían completarse con tickets y luego solicitar el monto en concepto de reservado. El ítem bajo el cual se inscribían era vidrioso: “servicios no personales”. La última firma de control para aprobarlo era de quien los solicitaba. Curioso sistema de contralor. No hay casi nada en orden en la central de inteligencia.
El caos no es solo achacable a la última gestión que utilizó la agencia como un organismo parajudicial, sino a años de oscurantismo. Para peor, el área de ciberterrorismo había sido desmantelada y hubo mezclas de personal que vulneraban los criterios de preservación de información sensible. Eso apunta a ser corregido mientras el reloj sigue contabilizando el tiempo de la intervención, que debería cesar cuando la AFI ya este saneada y profesionalizada. No es un desafío menor.