La Agencia Gubernamental de Control porteña anunció la vigencia a partir de hoy – lunes 23 de enero – de la ley que regula los de eventos masivos sancionada el 29 de septiembre del año pasado. Las productoras deberán estar inscriptas en el “Registro de productores de eventos masivos” creado por la nueva legislación.
(EBVP) A partir de hoy – lunes 23 de enero – entra en vigencia la ley que regula los eventos masivos. Así lo anunció la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismo que brindó una charla informativa en la cual el Director General del área, Diego Pérez Lorgueilleux, y su equipo explicaron los requisitos necesarios a cumplir por las productoras para adecuarse a la ley.
La flamante norma define a estos eventos como “todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo, capaz de producir una concentración igual o mayor a un mil asistentes, y que se lleve a cabo en establecimientos abiertos, cerrados o semi cerrados en el ámbito de la Ciudad y en el que el público concurrente es un mero espectador y/o participa del entretenimiento ofrecido y/o de la actividad que se desarrolla”.
“Deberán contar con promotores en todas las puertas de acceso especialmente capacitados para brindar información sobre seguridad y reducción de daños, entre otras cosas. Los cursos serán dictados por Cruz Roja, Defensoría del Pueblo y por personal del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat” indicaron desde AGC.
La nueva legislación establece que las personas físicas o jurídicas que planifiquen u organicen eventos masivos deberán estar registrada y poseer un certificado de vigencia anual, personal e intransferible.
Entre otros puntos, deberán tener previamente un “Permiso Especial” gestionado ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; presentar planos y gráficos de los predios, medios de salidas, servicios sanitarios, capacidades, condiciones de infraestructura; seguro de responsabilidad civil; evaluación de Defensa Civil; plan de evacuación; informe de impacto acústico y constancias del cumplimiento de las cuestiones de seguridad, suscriptas por profesional idóneo.
También fija que deberá brindarse a los asistentes acceso fácil, gratuito y seguro al agua potable por parte de los asistentes, servicio médico en el lugar, socorristas y baños adecuados a la cantidad de concurrentes. La Dirección General de Fiscalización y Control tendrá la obligación de realizar inspecciones in situ.
En cuanto a la cantidad de concurrentes, en predios abiertos se autorizará una capacidad máxima de tres personas por metro cuadrado para los espectáculos públicos y de dos personas por metro cuadrado para las diversiones públicas.
Para el caso de establecimientos cerrados o semi cerrados, deberá contarse primero con una habilitación en la que se estipulará la capacidad otorgada.
A su vez se dispondrá de un conteo electrónico de asistentes en tiempo real que tendrá que ser visible tanto para los responsables de controlar el evento como para el público.
Cuando se trate de eventos con más de 5.000 asistentes “el Gobierno de la Ciudad deberá implementar un plan de presencia estatal dirigido a mantener las condiciones de seguridad y mejorar el abordaje de las emergencias que pudieran producirse” y contar con la presencia de 6 inspectores como mínimo de la Agencia Gubernamental de Control. Se agregarán más cuando el evento supere las 10.000 personas.
Los incumplimientos a la norma tendrán como sanción 60 días de arresto o multa de casi un millón de pesos, además de la clausura del establecimiento e inhabilitación por el plazo máximo establecido por la ley para obtener cualquier autorización, habilitación o licencia para organizar o promover tales eventos.
Esta iniciativa del Poder Ejecutivo fue sancionada el 29 de septiembre de 2016, con 54 votos positivos y 4 abstenciones de los bloques de izquierda. La nueva norma estuvo impulsada por la tragedia ocurrida el 15 de abril del año pasado en la fiesta electrónica “Time Warp” en la que fallecieron seis jóvenes por consumo de sustancias sintéticas.
El texto final se consensuó entre otros tantos proyecto ingresados por los diputados María Rosa Muiños (BP), Gabriel Fuks (FPV), Andrea Conde (FPV), Roy Cortina (PS), Daniel Presti (PRO), Carlos Tomada (FPV) y la Defensoría del Pueblo.