La subasta del terreno lindero a la estación de Villa Urquiza está postergada. La Asamblea vecinal denuncia un “negociado” e irregularidades, mientras que el Gobierno Nacional frenó repentinamente la venta. El panorama es insólito en una de las esquinas más importantes del barrio. El valor inicial de subasta, fijado en 20 millones de dólares, se redujo a 11 millones.
Por Mateo Lazcano
Manzana de Roosevelt, entre Triunvirato y Bucarelli.
En noviembre de 2017 la Legislatura logró sancionar en forma definitiva la ley que permitió modificar el Código Urbanístico, y autorizó la construcción de torres (con una altura de 45 metros con una superficie edificable total de 30.000 metros cuadrados) en el predio de la estación ferroviaria de Villa Urquiza propiedad del Estado Nacional.
Esta norma – proyecto enviado por Rodríguez Larreta y votado por sus legisladores y aliados – transfiere de la Nación a la Ciudad el 65% de la superficie del terreno para uso público, mientras que el restante 35% (2.774 metros cuadrados) queda en manos de la Nación bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional (AABE).
En abril de 2018, Mauricio Macri autorizó a la AABE (Decreto 355/2018) a subastar seis predios, entre ellos el de Villa Urquiza, para desarrollar emprendimientos inmobiliarios luego de las rebonificaciones aprobadas por la Legislatura.
Desalojos y otras yerbas
En el primer momento, y casi como un símbolo, las energías estuvieron puestas en desalojar la histórica Asamblea de vecinos de Villa Urquiza. Esta organización, que funcionaba en el local de la expizzería “La Ideal”, había participado en las protestas durante la crisis de 2001. Posteriormente consiguió autoadministrarse ofreciendo talleres, cursos, comedor para personas en situación de calle y un lugar de encuentro entre vecinos.
El Gobierno Nacional demoró un año en conseguir el desalojo. Intentos abortados o amparos judiciales, posibilitaron que pase el tiempo sin que pueda cumplirse la voluntad gubernamental de dejar vacío el lugar.
Finalmente, en la jornada posterior a la Navidad de 2018, y aprovechando que muchos asambleístas estaban de vacaciones o con la atención puesta en otro lado, la Policía de la Ciudad pudo cumplir el objetivo, represión mediante.
La estrategia posterior fue desalojar los locales ubicados en el predio de la estación. La carnicería sufrió un extraño incendio y dejó el lugar. Tiempo después, la heladería “Cremolatti”, situada en la esquina de Roosevelt y Triunvirato, fue desalojada por efectivos policiales durante una jornada tradicional de atención. Ni siquiera se salvó el grupo de familias que vivían hace 30 años en la parte más cercana a Bucarelli: en abril de este año fueron obligados a retirarse de las viviendas, ubicadas en la parte del predio que debe subastarse.
Desde ese entonces, las vallas, el tapiado de los frentes de los locales, y la continua presencia de fuerzas policiales dominó una de las esquinas más céntricas de Villa Urquiza. Lo único que se mantuvo inalterable, como si no tuviera registro de lo que sucedía en la parcela, fueron las canchitas de fútbol (“Urquiza Fútbol”).
Éstas canchitas, precisamente, son las que ponen el mayor freno tácito a cualquier apuro del Ejecutivo nacional. Como existe un contrato de concesión, el gobierno por ahora no realizó el desalojo para evitar demandas judiciales. A medida que se acerca la fecha de caducidad del mismo, más cerca está de dejar de “rodar la pelota”.
Subasta, postergaciones y suspensión
Durante casi un año, la AABE repitió el mismo proceder. Publicaba la oferta en su sitio web pero, cuando faltaba poco para la fecha estipulada para acercar los pliegos, la posponía. Eso sucedió diez veces. En el transcurrir del tiempo el precio base fue en disminución: de 20 millones de dólares a 11,6 millones, casi un 50%.
El último remate tenía día y horario: 15 de octubre por la tarde. Cinco días antes la AABE informó que “habiéndose realizado el acto de cierre de inscripción a la subasta del inmueble, no se registraron inscriptos interesados para participar en la misma, motivo por el cual el llamado queda desierto”.
La insólita cantidad de postergaciones llamó la atención de asociaciones vecinales e integrantes de la Asamblea de Villa Urquiza, quienes definieron de “ilegal” la situación en la que se quería realizar el remate. Los denunciantes se basaban en que el pliego de condiciones de la subasta pública, tal como estaba catalogada, permitía tan sólo dos prórrogas a la fecha original.
La brusca baja en el precio base del remate también generó sospechas en los mismos grupos opositores a la venta del terreno. “Forma parte de una estrategia utilizada por el gobierno junto con la especulación inmobiliaria para efectuar la compra-venta de terrenos públicos a un precio irrisorio», denunció la Asamblea vecinal, y directamente calificaron de “precio vil” a los 11 millones de dólares.
En el medio, hubo distintas especulaciones acerca de por qué la Nación declaró desierta la venta de la parcela. En primer lugar, ninguna de las otras subastas de terrenos ferroviarios que fueron autorizadas por la misma ley (como el de Colegiales) se realizó, por lo que para muchos fue una decisión política de no generar un foco de conflicto a días de las elecciones.
En tanto, las dudas sobre el valor del dólar (que desde la primera fecha de remate hasta la última prevista pasó de $38 a $65) alimentaron las sospechas de especulación con el tipo de cambio. En la Asamblea, incluso, hablaron de “negociado”, basados en el valor del metro cuadrado en un área estratégica de Villa Urquiza, y comparándolo con la millonaria venta de los terrenos del Tiro Federal en Núñez. “Es una liquidación por cierre”, ironizaron.
Ante la situación de incertidumbre respecto al futuro del terreno, la agrupación Vecinos por Saavedra encabezó un pedido para que el lugar quede como un espacio público. “Nuestra intención es que quede libre de construcción, poder preservar su arboleda centenaria, la histórica casa ferroviaria y que sea un área de encuentro vecinal, recreativo, de esparcimiento y deportivo”.
Ante el cambio de gobierno a nivel nacional a partir del 10 de diciembre, la decisión sobre el destino del predio de Roosevelt y Bucarelli estará en manos de las nuevas autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que designe el nuevo presidente, Alberto Fernández.
De no mediar cambios, el final de año encontrará a la esquina en la que confluyen las estaciones de subte y tren y una de las avenidas más importantes de Buenos Aires con un escenario insólito: sin negocios comerciales, con vallas en sus veredas, tapiados y sin ingreso alguno para las arcas del Estado.