El expediente que involucra al presidente Mauricio Macri todavía adeuda una definición por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal. Allí debía definirse, como máximo en septiembre si el entonces alcalde y gran parte de sus funcionarios eran responsables por el operativo llevado a cabo el 26 de abril de 2013 por la Policía Metropolitana que dejó un saldo importante de heridos en el hospital neuropsiquiátrico. Con un fallo a su favor, la resolución quedó en medio del calendario electoral y nunca fue dictada. Uno de los jueces terminó designado como integrante clave en el gabinete de María Eugenia Vidal.
Por Gabriel Morini
Cuando el lector lea estas líneas el hecho habrá sucedido o estará por suceder. Inevitable como todo aquello que no depende de factores objetivos sino de la potencia que tienen los hechos políticos de los que depende gran parte de los judiciales.
Mauricio Macri, presidente electo con el 51% de los votos en el balotaje del pasado 22 de noviembre tendrá gran parte de su situación judicial resuelta. Su sobreseimiento en la causa escuchas ilegales es, o será un hecho, dependiendo de los tiempos judiciales que acompañan procesos políticos y sobre todo tiempos de dar una buena impresión desde los tribunales federales, los más poderosos y los más políticos del sistema judicial.
Pero no es el único expediente pendiente de resolución por parte de la justicia que involucra al presidente electo, por actuaciones en su rol como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El 25 de junio pasado, se llevó a cabo la audiencia en la Cámara Nacional de Casación Penal parta determinar si Macri junto a gran parte de su elenco de funcionarios debían o no ser investigados en el marco de la causa por la represión llevada a cabo en los talleres protegidos del Hospital Borda, el 26 de abril de 2013.
Un mes después de esa jornada debía decidirse si se hacía lugar al pedido de las querellas sobre su presunta vinculación. La decisión por problemas de agenda de algunos de los jueces nunca llegó. Así el calendario electoral se puso en funcionamiento con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias el 9 de agosto.
La decisión judicial no se entrometió entonces en el camino hacia la primera vuelta y volvió a quedar en un segundo plano pese a que el verdadero plazo para expedirse había quedado caduco a fines de septiembre.
Con el 25 de octubre encima, cualquier movimiento en el expediente hubiese significado un guiño o una palada de tierra al perfil electoral del candidato.
Curiosamente, la justicia no quiso tener influencia en el proceso electoral y así llegó el 22 de noviembre con el candidato de Cambiemos con serias chances de convertirse en el próximo presidente. El fallo evitó ser pronunciado en esas semanas y con el resultado puesto, dista de tener una resolución, pese a que todo indica que se resolverá favorablemente a la posición de la defensa.
En abril de 2013, más de dos años antes de celebrarse la audiencia ante Casación, un numeroso grupo de pacientes, profesionales, periodistas y hasta legisladores fueron reprimidos por la Policía Metropolitana en las inmediaciones de uno de los talleres del Borda que iba a ser demolido por contratistas privados.
Desde temprano se había apostado en aquella jornada un grupo de elite de la fuerza local que estaba allí con el objetivo de proteger a los empleados de la demolición. Ante la llegada de sindicalistas y médicos que se manifestaban en contra de la medida, un operativo de desalojo se llevó a cabo durante varias horas.
Sin que mediara contra orden fueron reprimidos con balas de goma, algo que también alcanzó a reporteros que cubrían en vivo el lugar de los hechos y legisladores de la oposición que se hicieron presentes para intentar – con su investidura – detener el accionar de la policía.
Por el episodio resultaron imputados un puñado de policías y la entonces vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal; el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el ministro de justicia y seguridad, Guillermo Montenegro; la ministra de Salud, Graciela Reybaud; el jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, y otros altos mandos policiales como Rubén Pachano y Enrique Pedace.
La Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional (conocida como Cámara del Crimen) los sobreseyó y solo avanzó en el proceso en lo que respecta a algunos oficiales de la Metropolitana sobre quienes comprobó “excesos”.
Las querellas apelaron la decisión y esto, dos años después, escaló a la flamante cámara de Casación ordinaria, donde la Sala III, integrada por los jueces Horacio Leonardo Días, Carlos Mahiques y Pablo Jantus escuchó los argumentos de las querellas para que se avance en el proceso contra los funcionarios por su presunta responsabilidad en la represión, mientras que las defensas profundizaron los argumentos de que la actitud de sus defendidos nada tuvo que ver con el resultado del operativo, mientras que en algunos casos, se justificó la actuación policial.
Luego del 22 de noviembre, se conoció otra decisión que puede postergar aún más una definición sobre la ya demorada causa Borda: Mahiques fue nombrado Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, de la gestión de… María Eugenia Vidal, la gobernadora electa el 25 de octubre.
Es decir que uno de los jueces que debía fallar sobre la responsabilidad o no de la funcionaria en los hechos represivos fue nombrado como funcionario clave en la administración de una de las supuestas imputadas.
Esto dejará al tribunal sin uno de sus integrantes y con la posibilidad real de tener que repetir las actuaciones ante la presencia de un tercer integrante de la sala, cuando se designe reemplazo. Como se ve, la causa Borda no ofrece mayores obstáculos para que el presidente electo se libere de responsabilidad en el hecho, salvo que los tiempos no han permitido una resolución que quedó entrampada en el calendario electoral.
Macri ya había tenido un fallo favorable en otra causa dilatada: los abusos y vejaciones de la ex Unidad de Control de Espacio Público (UCEP) donde había sido sobreseído en tiempo record, mientras que tribunales superiores ordenaron que siguiera investigado.
Finalmente, el juez Facundo Cubas dictó una serie de procesamientos y de sobreseimientos a los imputados en aquella causa. A Macri le tocó sobreseimiento, suerte que no tuvo el candidato al Parlasur por Cambiemos, el abogado Fabián Rodríguez Simón, a quien el juez consideró uno de los responsables del aprovisionamiento y de las directivas que recibía la patota que operaba de madrugada y que “liberaba” el espacio público de indigentes mediante métodos violentos.
En esta causa, los abusos y las vejaciones fueron comprobados, solo que no se consideró que Macri en su rol de jefe de Gobierno y por haber dictado el decreto de su creación como unidad, fuera el responsable por los hechos acontecidos en 17 casos comprobados por la justicia.
En la causa escuchas ilegales ocurrió otro tanto. Después de años de proceso (desde el 2009) el mismo fiscal que había pedido su elevación a juicio oral, terminó por sostener que no había pruebas para vincularlo con la red que realizaba pinchaduras a través de la falsa inclusión de las víctimas en expedientes de la justicia federal de Misiones.
Con órdenes “truchas” se solicitaban intervenciones telefónicas a la ex SIDE y las grabaciones eran recogidas en esta capital por el ex espía Ciro Gerardo James, un abogado que reportaba en la formalidad al Ministerio de Educación porteño bajo la órbita de Mariano Narodowski.
Sin embargo, a lo largo de la causa pudo comprobarse que solo era una fachada ya que su verdadero destino estaba dentro de la naciente Policía Metropolitana, bajo el férreo mando del ex comisario Jorge “Fino” Palacios.
Todos los imputados – con excepción de Macri – fueron enviados a juicio oral el 7 de marzo de 2014 por el juez federal Sebastián Casanello.
Ese proceso tiene fecha recién para septiembre de 2017, cuando el presidente electo ya casi cumpla dos años en el poder.