“En cada barrio nacían uno o dos clubes. Se los llamaba Club Social y Deportivo, que en buen porteño significaba ‘milonga y fútbol’. Los anarquistas y socialistas estaban alarmados. En vez de ir a las asambleas o a los pic-nics ideológicos, los trabajadores concurrían a ver fútbol los domingos a la tarde y a bailar tango los sábados a la noche”. (Osvaldo Bayer, “Fútbol argentino”)
“Un brindis por mis amigos, los gigantes de la vida /
de madrugadas perdidas y derrotas entre llantos. /
Esos muchachos sencillos que van con todo al rebote /
a cachetearle a la suerte y a ganarle por un tanto”. (Jaime Roos, “Altos”)
Por Fernando Casasco
Los clubes de barrio son – ¿qué duda cabe? – parte de la cultura y la identidad de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina toda. En sus canchitas de fútbol o de básquet muchos de nosotros aprendimos lo que es la solidaridad, el jugarse en cada pelota por un bien superior (“el equipo”, palabra hoy tan de moda) y hasta derramamos algunas lágrimas por una derrota sobre la hora.
El Social Club, aquel invento inglés, de resonancia política e ínfulas aristocratizantes, en el Río de la Plata se proletarizó y se convirtió en pieza clave del entramado social de clase media y media baja. Era el faro para el piberío y punto de encuentro de “la barra”, esos muchachones a medio andar entre la infancia y la adultez, que sin tener en qué gastar sus horas por fuera de la escuela o el primer laburo, practicaban algún deporte, como excusa para hacer amigos. O para los primeros encuentros amorosos.
Si bien toda esa cultura comenzó a ponerse en peligro con la destrucción de los lazos sociales que aparejó la última dictadura militar, proceso que se acentuó con el neoliberalismo en los años 90, aún subsisten, con más fervor y entusiasmo de parte de sus dirigentes que apoyos públicos y privados. Son la memoria barrial que se resiste a desaparecer en la cultura globalizada.
La lucha por la supervivencia de los clubes tiene en estos días un nuevo y gravoso capítulo: a partir de los aumentos generalizados de tarifas dispuestos por el Gobierno nacional, las entidades deportivas vieron incrementarse significativamente sus costos, muy por encima de sus posibilidades presupuestarias.
Servicios esenciales para el funcionamiento de los clubes, como la luz, el gas y el agua se encarecieron entre el 400 y el 1000 %, dejando a muchos de ellos al borde del cierre.
Por ello, los clubes de barrio se pusieron en pie de guerra y comenzaron un fuerte reclamo ante las autoridades para que se contemple la posibilidad de una “tarifa social” destinada a dichas asociaciones.
De hecho, la implementación de esta tarifa ya está contemplada en la Ley 27.098, de “Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo”, sancionada en diciembre de 2014. Se consideran como tales a las entidades que cuenten con personería jurídica vigente, acrediten una antigüedad mínima de tres años y posean entre 50 y 2.000 socios al momento de la inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo – que crea la ley -.
En su artículo 16, la norma establece que la entidad inscripta en dicho Registro “será beneficiaria de una tarifa social básica de servicios públicos”. El problema es que la ley nunca fue reglamentada y el registro fue puesto en funcionamiento recién después de que los clubes comenzaron a recibir las boletas con los aumentos en los servicios.
Asimismo, una redacción bastante vaga deja muchos de sus puntos en manos de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Deportes de la Nación, hoy a cargo del ex futbolista Carlos Mac Allister. Además, la ley exige la adhesión de los distintos distritos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los plazos de aplicación pueden variar.
En el caso específico de la Ciudad de Buenos Aires, existe la Ley 1807 que tiene por objeto “el fomento y promoción de las actividades de los clubes de barrio” y, para ello, entre otras cosas, otorga subsidios a los clubes que estén inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas.
Los dirigentes de clubes llevaron su reclamo hasta la Legislatura porteña, la cual aprobó por unanimidad la norma de adhesión a la Ley 27.098. Asimismo, la diputada por el Frente por la Victoria, Silvia Gottero, presentó un proyecto para “otorgar una ayuda económica mensual del 40 % del gasto de electricidad a cada club de barrio inscripto en el Registro Único de Instituciones Deportivas, hasta tanto no se implemente su acceso al régimen de tarifa social”.
Por su parte, el diputado socialista Roy Cortina presentó una iniciativa en el mismo sentido para que el Gobierno de la Ciudad subsidie hasta el 50% de las tarifas de luz, gas y agua de los clubes. Desde varios bloques abordaron la problemática de los clubes en términos más generales, referidos a establecimientos dedicados a actividades sociales y culturales.
El legislador de Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que “es preciso que exista un subsidio social a los teatros independientes, centros culturales y clubes de barrio” y elevó el reclamo a los ministros de Energía y de Cultura de la Nación.
El Frente para la Victoria también presentó una serie de proyectos para beneficiar con subsidios de hasta 15 mil pesos a centros de jubilados y pensionados, cooperativas y empresas recuperadas, clubes de barrio, salas y espacios teatrales independientes, centros culturales, milongas y medios comunitarios de la Ciudad.
A los reclamos de los clubes y centros comunitarios se sumó la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en donde se realizaron reuniones con varias de las entidades deportivas. Su titular, Alejandro Amor, sostuvo que “se les debe aplicar la Tarifa Social de manera retroactiva, tanto a aquellos que se encuentran legalmente constituidos como a los que no. La Ley de Clubes y la Ley de Entidades de Bien Público así lo establecen”. Y dejó abierta la puerta de posibles reclamos judiciales.
La respuesta desde el Poder Ejecutivo de la Ciudad, en cambio, fue bastante tibia. Sin referirse a la cuestión de posibles subsidios, se puso el foco sobre el ahorro energético. El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, afirmó durante una reunión realizada en el Club El Talar (en el barrio de Agronomía) que “el cambio de matriz energética es algo vital y que va a perdurar en el tiempo. Los artefactos de LED les van a permitir ahorrar un 40 por ciento en sus boletas de luz”.
En ese sentido, a través de la Subsecretaría de Deportes de la Ciudad, se creó un fondo especial de 5 millones de pesos para la reconversión a LED de las luminarias en los clubes. En cambio, de las tarifas de gas y agua poco se dijo.
Por último, el presidente Mauricio Macri anunció que se devolverá el 40% del valor de la tarifa eléctrica que se cobró a los clubes de barrio con retroactividad al 1 de abril. Tal como es costumbre en el gobierno de Cambiemos, la puesta en escena no se pasó por alto: el anuncio se realizó en el Club Atlético Social y Deportivo Juventud Unida de Lomas de Zamora, en el que tuvo lugar el rodaje de la película “Luna de Avellaneda”, de Juan José Campanella (en el acto se leyó una carta del cineasta en la que destaca los méritos de los clubes de barrio).
La medida, informó Macri, “alcanzará a las 4.500 instituciones incluidas en el Registro Nacional de Clubes que tengan entre 50 y 2.000 socios”. Sin embargo, desde la organización que agrupa a nivel nacional a los clubes de barrio advirtieron que actualmente existen 20 mil entidades de este tipo en todo el país, que se han inscripto en el registro 3.200, pero que apenas 600 pueden cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley nacional.
Pablo Font, integrante de la Mesa Nacional de la Unión de Clubes de Barrio (UCB), aseguró que los requisitos para acceder a la devolución serán superiores que los del propio registro y, sobre la indefinición respecto al resto de los servicios, remarcó: “No vamos a poder pagar el gas y el agua”.
Los clubes de barrio siguen esperando que les tiren un centro para poder seguir jugando.