El Gobierno de la Ciudad había recibido una denuncia de la fiscalía especializada en trata con fines de explotación laboral sobre un domicilio en Flores que funcionaba como taller clandestino. Evitó tomar acciones el año pasado y el local se incendió con dos niños de 7 y 10 años como víctimas fatales. Horacio Rodríguez Larreta primero negó haber tenido conocimiento y fue denunciado penalmente. Mauricio Macri justificó esta vía de explotación y dijo que “se enojan cuando uno va y los clausura”. Antecedentes y detalles de un flagelo que la justicia demora en perseguir. Víctimas bolivianas y empresarios absueltos.
Por Gabriel Morini
Orlando Camacho, era boliviano y tenía siete años. Su hermano Roberto, diez. La muerte los encontró el lunes 27 de abril, abrazados, en el sótano de un taller textil clandestino que fue devorado por las llamas de un incendio. Sus padres, que sufrieron quemaduras de tercer grado, eran explotados laboralmente en un domicilio de la calle Páez 2796, que el año pasado había sido denunciado ante las autoridades porteñas por este delito.
Mientras el gobierno PRO aun no había terminado de celebrar el resultado de las PASO que arrojaron ganador al Jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, el flamante candidato – quien intentó rápidamente desentenderse de la tragedia – terminó denunciado penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A esto se sumó otra denuncia penal contra el Subsecretario de Trabajo, Ezequiel Sabor y sus subalternos, interpuesta por uno de los inspectores porteños que viene denunciando irregularidades en el trámite de expedientes por clausuras, uno de los puntos débiles del macrismo.
La familia vivía en el sótano de ese domicilio de Flores que se quemó alrededor de las 10 de la mañana del lunes posterior a las elecciones locales. Ventanas tapiadas, puertas cerradas, ventilación insuficiente y material inflamable. Un coctel infalible para una tragedia previsible. Los padres de los niños fallecidos permanecen internados en el Hospital Álvarez.
La primera reacción de Rodríguez Larreta fue negar que la administración PRO hubiese recibido alguna denuncia sobre ese domicilio. La documentación existente en la justicia lo obligó a desmentirse de inmediato.
El legislador porteño Gustavo Vera, dirigente de la Fundación La Alameda, presentó una denuncia el 24 de septiembre de 2014 ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, por 40 talleres textiles esclavistas de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos, figuraba expresamente el de la calle Páez 2796, junto con otros cuatro lugares sobre la misma calle, en el 2766, 2710, 2775, 2721.
El fiscal Colombo había solicitado por oficio, el 31 de octubre de 2014, a la Dirección General de Protección del Trabajo dependiente del Gobierno de la ciudad que informara acerca de la existencia de informes e inspecciones, sobre ese lugar.
El 21 de noviembre, esa dependencia envió a la PROTEX una constancia oficial que informaba que el lugar “no había sido inspeccionado”. La Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad es el ente encargado de realizar los controles en los talleres apuntados por trabajo esclavo.
Esa revisión no se concretó y es por eso que, en la denuncia interpuesta por Vera contra Rodríguez Larreta, se especifica que “el taller habría continuado funcionando sin interferencias de la autoridad a pesar de que pesaba sobre éste una gravísima imputación”.
De las 40 locaciones sólo 17 habían recibido fiscalizaciones. El resto no. Junto a la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal; el subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ezequiel Sabor; y el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Juan José Gómez Centurión, fueron acusados por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y encubrimiento. Esa presentación recayó en el juez Sergio Torres, en los tribunales de Comodoro Py.
Pero no se trató de la única presentación judicial. El ingeniero Edgardo Castro, inspector de trabajo del Gobierno de la Ciudad lleva años denunciando “todos estos actos cotidianos de incapacidad, ineficiencia, impunidad y corrupción de los funcionarios”.
Castro denunció a Sabor pero apuntó también contra el director general de Protección del Trabajo, Fernando Macchi. Sostuvo que “en vez de proteger a los trabajadores, protege a los empleadores de estos talleres clandestinos y los pone en alerta. Cuando le llega una actuación de algún inspector porque se descubre un taller clandestino, en lugar de fiscalizar para clausurarlo, Macchi notifica por escrito al empresario de que hay una denuncia en su contra. Así, le avisa que lo pueden clausurar. Ya avisado, el empresario toma los recaudos necesarios para evitar una próxima inspección porque, cuando llegan inspectores con poder de clausura, o no les abren o directamente los sacan corriendo, porque se sienten poderosos, amparados, protegidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”
Aun con el escándalo desatado, el propio Mauricio Macri ensayó una insólita defensa de su gestión, y deslindó responsabilidades sobre la proliferación de talleres clandestinos en la ciudad, que son a su vez contratados por reconocidas marcas de ropa, entre las que se cuenta, la de la familia de su esposa, Juliana Awada.
“En la desesperación, la gente se agarra de estos trabajos y encima se enoja con uno cuando va y los clausura”, lanzó Macri en declaraciones a radio Mitre. “Es una situación de tipo que uno dice la gente ‘no puede trabajar en estas condiciones’ y la gente te contesta: ‘¿Usted qué se mete? Si yo quiero trabajar así, déjeme’. Pero no se puede trabajar así”, dijo textualmente.
“Es un tema muy traumático, que es que ante la falta de trabajo y en muchos casos combinando con la inmigración ilegal, hay gente que abusa y le da trabajo en condiciones inhumanas sin respetar las leyes locales y en forma clandestina. Sistemáticamente recibimos denuncias que atendemos como nunca se atendieron antes. El año pasado hicimos 6 mil inspecciones, una cifra impensada, inimaginable. Pero es complejo, porque finalmente en la desesperación la gente se agarra de estos trabajos y encima se enoja con uno cuando va y los clausura”, remató el alcalde.
Lo ocurrido en la calle Páez trajo el inmediato antecedente de un desastre de similares características acontecido en 2006. El 30 de marzo de ese año un voraz incendio mató a dos adultos de 25 y 45 años, y a cuatro niños (dos de 3 años, otro de 10 y el cuarto de 15). Todos ellos también eran bolivianos, como la mayoría de quienes son explotados y obligados a vivir en el hacinamiento de estos talleres, conocidos por los vecinos de cada barrio donde operan.
La diferencia es que el lugar estaba habilitado, aunque las condiciones de trabajo eran de servidumbre. Desde el Ministerio de Gobierno y Seguridad confirmaron que el lugar estaba habilitado como taller de bordado y otras actividades del rubro textil desde 2001. La tragedia ocurrió un año antes de que el macrismo llegara al poder por primera vez. Pero la situación continua en escalada, con la presencia de personajes que reclutan connacionales y los reducen a la servidumbre para confeccionar prendas que terminan exhibidas en las vidrieras de las principales marcas de indumentarias, presentes en todos los shoppings del país, a precios siderales. Todo lo contrario a lo que se les paga a quienes trabajan a “cama caliente” en los talleres ilegales.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral tiene a su cargo la causa por las muertes ocurridas en el domicilio de la calle Paéz, en la que se intentará dilucidar la existencia de una red de trabajo esclavo a la que era sometida la familia.
Pero en la justicia federal como en la nacional son pocas las causas que han prosperado y derivado en condenas. Las únicas sentencias dictadas por tribunales recayeron contra los denominados “talleristas” quienes regenteaban los locales. Nunca llegó a juicio ningún empresario propietario de las reconocidas marcas de ropa, quienes, según se comprobó, contrataban talleres con mano de obra esclavizada y, en algunos casos, fruto de la trata de personas con fines de explotación laboral.
Uno de ellos, precisamente, es el actual cuñado de Macri, Daniel Awada, titular de la firma Cheek SA, que fabrica ropa para niños. Fue sobreseído definitivamente por la Cámara del Crimen en 2014, en una decisión que no pudo llegar a la Cámara de Casación porque el fiscal de esa instancia no sostuvo el recurso de apelación.
Indagado por el fiscal Andrés Madrea, Awada sostuvo por escrito que no existe una figura penal que castigue “a quien a sabiendas (que de todas maneras no es mi caso) contratare los servicios de un establecimiento donde sus propietarios se aprovechan de trabajo de sus trabajadores quienes se desempeñan en condiciones laborales asimilables a la reducción a servidumbre”.
Esa declaración fue textual. Es decir que la contratación de un taller con trabajo esclavo en beneficio de su propia marca, no configura un delito. La justicia validó ese argumento y no parece preocupada por perseguir el flagelo del trabajo esclavo que es sistemáticamente denunciado por parte de la fundación “La Alameda”.
En cada barrio porteño están identificados los talleres clandestinos que funcionan con rejas, puertas tapiadas y con material textil que ingresa sin control. Las que salen son las prendas terminadas rumbo a los locales. Los ocupantes de los domicilios casi nunca ven la luz del sol.