Traspaso de la Justicia, Guerra Santa
que amenaza al Gobierno Nacional

Recrudece el choque entre jueces,
fiscales, gremios y el oficialismo |

Los tribunales están alborotados y pasando por su peor momento en la relación con el Poder Ejecutivo. Hay bronca del gremio de los magistrados con las decisiones del traspaso a la que se suma el pago del Impuesto a las Ganancias. La Casa Rosada abrió un frente que políticamente solo le puede traer problemas. Causa Correo en la mira.

Por Gabriel Morini

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La transferencia de la justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires es el tema central que hoy enfrenta a jueces, fiscales y empleados judiciales con el Gobierno. El retraso de su aprobación en la Legislatura porteña debido al repentino y trágico fallecimiento del presidente del Consejo de la Magistratura, Enzo Pagani, no fue obstáculo para que fijara una nueva sesión especial el 5 de abril.

Su resultado fue previsible. Sin embargo, en lo político, la avanzada oficial constituye el principal (e innecesario) frente abierto con un sector del Poder Judicial que aspira a resistir a como dé lugar la migración de juzgados.

¿Es el tema que más interesa a los magistrados? La respuesta es sí. ¿Piensan endurecer su postura y pintarse la cara para una batalla con final incierto? La contestación también es afirmativa, por lo que el último capítulo de la resistencia está lejos de escribirse.

Lo que la Legislatura debía tratar – sin obstáculos en contra – era la migración de un puñado de juzgados vacantes de la justicia penal ordinaria (incluyendo personal y mobiliario) y todos los juzgados de la justicia del consumo. Esto último no representaba un problema para nadie porque es un fuero fantasmal, creado por el kirchnerismo y nunca implementado porque el PRO en la Ciudad lo bloqueó con una medida cautelar. No tiene un solo nombramiento ni siquiera un lugar para funcionar.

Lo de la justicia penal es más complejo: uno de los argumentos contrarios al pasaje de juzgados es que con ellos irán también los delitos que aún restan transferirse, incluyendo los que son contra la Administración Pública, lo que incluye dentro del paquete lo que se conoce como corrupción. Esto significa que los que involucren a funcionarios porteños por delitos contra la propia comuna serán resueltos por jueces que ellos mismos podrían designar, en un Consejo en el que tenía dominio absoluto.

Parte de ese trabajo de anudar consensos para no sufrir sobresaltos fue gracias a la tarea desarrollada por Pagani, hombre cercano a Daniel “Tano” Angelici. El Gobierno va a extrañar además sus buenas artes para conciliar sectores de intereses divergentes siempre en beneficio del oficialismo.

El paquete de proyectos incluye los denominados organismos registrales (propiedad inmueble e inspección general de Justicia). El primero no enfrenta objeciones porque la lógica es que cada jurisdicción anote sus propios registros. El segundo, que involucra la inscripción de sociedades comerciales y define los alcances de su actuación es un preciado botín. La oposición alerta que con disposiciones más laxas, la Capital Federal podría convertirse en un paraíso fiscal con límites en la General Paz. Allí radicará el boicot que pueda llegar a tener el plan en el Congreso.

La resistencia de jueces y fiscales es inédita. Nunca había ocurrido que fomentaran paros de empleados, se enviaran comunicados incendiarios, o hubiera “asambleas” de magistrados que se congregaron a hacer catarsis en la planta baja del Palacio de Tribunales.

El último comunicado apuntó a una primeriada del gobierno: les mandó cartas a los postulantes para cubrir cargos vacantes en la justicia nacional, un formulario de conformidad para que den su visto bueno al traspaso de los tribunales a la Ciudad y al pago de Impuesto a las Ganancias. No se sabe cuál de los dos puntos les genera mayor rechazo a los jueces.

Constitucionalmente, en el primero no habría objeciones. Sobre el segundo, es prácticamente indefendible que exista un beneficio que los excluya de tributar, teniendo uno de los sueldos pagados por el Estado de mayor cuantía.

Los empleados también lo resisten. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Los trabajadores judiciales de la Ciudad tampoco pagan. Pero porque fraccionan el salario básico (que tributa) en varias partes, por lo que nunca entran por ese ítem en la denominada cuarta categoría. Sus recibos de sueldo requieren de la piedra Rosetta para decodificarlos.

La Asociación de Magistrados por primera vez le puso nombre al destinatario de sus dardos: “Teniendo en consideración que tanto el Ministro de Justicia como otros tantos funcionarios de alta jerarquía pertenecientes al espacio político Cambiemos suscribieron el Acuerdo Político Institucional en Defensa de la Independencia Judicial, el 4 de febrero de 2015, y considerando que las condiciones impuestas a los futuros magistrados por ese Ministerio afectan la independencia del Poder Judicial, solicitamos que se cumpla con lo pactado”.

En otras palabras, fue como decir que se sentían traicionados por la coalición gobernante, para la que en su gran mayoría, habían trabajado para su ascenso al poder, tras años de enfrentamientos con el Frente para la Victoria.

Julio Piumato viró de sindicalista ultra K a sindicalista ultra PRO mientras se plasmaba el alejamiento de Hugo Moyano de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aprovechó el enfrentamiento con la justicia para posicionarse como un dirigente crítico del kirchnerismo y se arrimó al macrismo hasta tejer nuevas alianzas.

El conflicto por el traspaso lo catapultó por presión de las bases a un nuevo enfrentamiento ahora con sus nuevos referentes políticos. Le hizo a la actual administración un paro de 36 horas que paralizó los tribunales porteños y tuvo réplicas en sus filiales provinciales. No fue el único paro ni el último. Desde el Gobierno se mostraron sorprendidos con la ruptura.

El oficialismo también está a punto de perder una alianza estratégica con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que preside Jorge Rizzo. Para entender la ligazón hay que revisar el organigrama del órgano oficial que registra a los abogados matriculados. Su vicepresidente segundo es Angelici, apuntado como uno de los operadores del macrismo en la justicia. La Ley que reforma el sistema de ART fue un punto medular de quiebre.

El colegio primero planteó un amparo para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial que lo puso en vigor en plena feria judicial. Luego, le apuntó a la ley votada por el Congreso, con un grado moderado de expectativa de voltearla.

Con motivo del Día de la Mujer, Rizzo no tuvo mejor idea que premiar a varias mujeres relacionadas con el derecho, entre ellas la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, enemiga N°1 elegida por el Gobierno para confrontar.

La novedad cayó como piedra en la Casa Rosada que no tuvo reflejos para obturar el acto que le dio una herramienta de fortaleza a la jefa de los fiscales. Luego hizo enviar una carta firmada por la Comisión Directiva del Colegio donde resaltaba la firma de Angelici para reclamar un desagravio por su inclusión en el homenaje.

La réplica fue peor: Rizzo – que parece haber levado anclas de su alianza táctica con el macrismo en sintonía con el sentir judicial- le recordó a Angelici cuando pidió que lo respalden ante las acusaciones de la aliada de Cambiemos Elisa Carrió sobre su rol y las acusaciones que a su criterio eras infundadas. Dijo que entonces se lo respaldó de acusaciones delictivas que no tenían pruebas que lo sustentaran. Exactamente lo que había hecho él con respecto a Gils Carbó. Los reclamantes quedaron enmudecidos ante el revoleo del archivo.

La justicia comercial – que también debiera ser traspasada – tiene un as bajo la manga que no estaba en los cálculos oficiales. La Sala B de la Cámara de Apelaciones tramita la causa por el Correo-Gate que impactó en la línea de flotación del gobierno y lo hizo trastabillar con un mega conflicto de intereses. Algún día esa cuestión deberá resolverse y crece el reclamo para que una de las juezas que definirá la cuestión (la presidenta de la Asociación de Magistrados María Lilia Díaz Cordero) demuestre por qué es tan relevante llevarse bien con los tribunales.

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