Un centenar de personas vivía en forma precaria en un predio situado en la traza de la Ex AU3, en Villa Ortuzar, al momento del feroz incendio del 24 de enero. El saldo fue una víctima fatal y las familias a la intemperie en una plaza. El Gobierno las ubicó en paradores y entregó subsidios habitacional provisorios, pero incumple con un fallo de la justicia previo al siniestro.
Por Mateo Lazcano
El martes 24 de enero la voracidad de las llamas volvió a poner en el centro de la escena la deuda habitacional que sufren las decenas de familias que residen hace años en los predios expropiados para la fallida construcción de la autopista AU3 durante la dictadura militar.
El incendio de la calle Charlone al 1600, en Villa Ortuzar, arrasó con la totalidad de las viviendas, en las que vivían 26 familias, totalizando una centena de personas. Nada quedó en pie de las precarias construcciones de chapa y mampostería.
Una de las residentes murió. Las familias quedaron a la intemperie y se trasladaron a la cercana Plaza 25 de Agosto, de Charlone y Heredia. Pero lo que era la solución para una noche se transformó en un inevitable acampe hasta que el Gobierno de la Ciudad les brindara un nuevo techo.
El lugar del siniestro fue vallado y se impidió el ingreso al predio. Ante este panorama, se desató una ola de solidaria de vecinos y vecinas de Villa Ortúzar e instituciones de la Comuna 15, entre ellas el Galpón de Ortuzar, centro barrial localizado en la plaza. Mientras tanto, se acercaron organismos oficiales y se formó una Mesa de Trabajo y Diálogo, que se reunió por primera vez el lunes 30 de enero.
La misma está conformada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el Buenos Aires Presente (BAP), legisladores y el comunero Leo Lucchese, del Frente de Todos.
“Allí se abordaron una serie de cuestiones en torno a los reclamos que tenían las familias. El Gobierno hizo promesas, pero no las cumplió de inmediato. La primera era encontrar hospedaje hasta poder recibir el Subsidio Habitacional, la otra el subsidio en sí mismo y la tercera, una solución al problema habitacional, que es un asunto precedente al incendio”, afirmó el comunero a este periódico.
Lucchese se encargó de coordinar la gestión de la documentación personal – perdida en el incendio – ante ANSES, Registro Civil y en muchos casos Migraciones, para poder solicitar el subsidio que permite alquilar provisoriamente habitaciones en pensiones y poder salir de la intemperie de la plaza.
Mientras tanto los funcionarios no daban respuesta a este tema y ofrecieron el traslado a Centros de Inclusión Social dependientes del Gobierno de la Ciudad. Paulatinamente, un grupo de familias fueron a estos centros, aunque otros permanecieron acampando por unos diez días más.
“Hubo poca empatía de cumplir lo acordado”, describió el comunero sobre el proceder de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. “Por ejemplo, por problemas administrativos les entregaron los cheques del subsidio un viernes a la tarde, y no podían cobrarlos hasta el lunes, debiendo permanecer en el acampe”, recordó, ya sobre el cierre de la semana del viernes 3 de febrero.
La falta de respuesta al problema de fondo
La cuestión de fondo es la “no respuesta” al problema habitacional que padecen estos vecinos, muchos residentes desde hace más de diez años en el predio. Lucchese destacó que la propiedad pertenecía a la traza de la fallida autopista AU3, cedida luego al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, por lo que está enmarcada en la Ley 324 del año 2000.
Esta ley de la ciudad creó el “Programa de recuperación de la traza de la ex AU3”, fijando los objetivos de: “a)reconstruir el tejido urbano y social del área en cuestión; b) brindar vivienda económica a los beneficiarios; c) iniciar el proceso de solución habitacional definitiva, y garantizar la estabilidad habitacional de los beneficiarios durante el proceso que demande el desarrollo del mismo; d) atender en forma integrada y coordinada entre los diversos organismos de gobierno, los problemas sociales de los beneficiarios”.
Al incumplimiento de esta normativa, se suma una sentencia judicial del año 2020 del Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº 5. Esta instaba a las partes a lograr una “solución pacífica, definitiva y final” en 30 días como máximo al problema habitacional, con el desalojo del lugar, y la creación de una Mesa de Trabajo.
El plazo y la sentencia estuvieron lejos de cumplirse, y al momento del incendio no había ningún plan de construcción de viviendas sociales en la zona, a diferencia de las urbanizaciones de otros barrios populares de la Ciudad como en “Rodrigo Bueno” o “Fraga”, este último en el barrio de Chacarita.
El propio juzgado, el 21 de diciembre de 2022, 35 días previos al incendio, cursaba una intimación: “Atento el estado de la causa, el tiempo transcurrido y lo ordenado mediante actuación 652324/2022 y 3296420/2022, intímese a las partes para que informen el resultado de la creación de la mesa de trabajo en sede de la Administración y, en su caso, presenten el informe detallado acerca de las gestiones que se hayan realizado y los resultados que se hayan alcanzado, indicándose detalladamente los rasgos del acuerdo arribado o, en su caso, puntualizar minuciosamente las causas o motivos de su fracaso, todo ello conforme lo ordenado oportunamente por el Tribunal”
Ante este panorama, se pronunció el Consejo Consultivo de la Comuna 15. “Es llamativa e indignante la incomprensión la desidia y la falta de solidaridad de las autoridades del ejecutivo de la Ciudad y de las autoridades Comunales. El derecho a la vivienda digna es un derecho humano básico que está previsto y resguardado en todas las normativas Nacionales y de la Ciudad”, indicó el organismo, que acercó su solidaridad a las familias afectadas.