En los primeros días de enero, Macri cumplió una de sus promesas de campaña y transfirió las 54 comisarías a la órbita del distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta. La medida tendrá un año para unificar las conducciones con la Metropolitana e implica un fuerte cambio en la matriz de la fuerza que ha generado recelos por parte de los federales y de la fuerza local. En el medio, el presidente dispuso por decreto casi triplicar la cantidad de fondos que la Ciudad recibe bajo concepto de coparticipación federal, desatando el enojo de las provincias. El gobierno lo justificó en la necesidad de solventar el pasaje de la Federal
Por Gabriel Morini
Dos noticias ocurridas durante el verano tuvieron un fuerte impacto político e institucional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El traspaso de las comisarías de la Policía Federal a la órbita porteña y el decreto que elevó el porcentaje de coparticipación en el presupuesto de la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.
Este último hecho generó un cisma entre los gobernadores peronistas del resto de las provincias que, desde hace años, cuestionan el régimen de participación en los fondos que gira el gobierno nacional a sus jurisdicciones.
El debate por un nuevo reparto siempre estuvo en la agenda federal, pero la gestión de Mauricio Macri lo resolvió fácilmente: por un decreto que, como el resto de los que dictó desde el 10 de diciembre, no estuvo exento de polémica.
El 19 de enero, la Legislatura aprobó el convenio que había sido firmado entre Macri y Rodríguez Larreta el 5 de ese mismo mes. Se transfirió personal, funciones, equipos e inmuebles, en un proceso que abarca a unos 20 mil agentes que respondían a cada una de las 54 comisarías dentro de los límites de la ciudad.
Con 39 votos afirmativos, el traspaso superó el trámite parlamentario, donde el oficialismo obtuvo un amplio respaldo. El kirchnerismo con sus once bancas en la Legislatura se abstuvo, mientras que la izquierda – con tres escaños – se inclinó por la negativa.
El proceso de unificación con los actuales efectivos de la Policía Metropolitana que fue creada por Macri durante su gestión, demandará, según las autoridades, alrededor de un año.
Las promesas del cambio, largamente reclamado desde la sanción de la autonomía de la ciudad y su particular estatus jurídico, incluyen la elaboración de estadísticas y la creación de mapas del delito que ahora tendrán a su disposición todo el personal que reportaba a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, quienes se sumarán a los 6.300 agentes metropolitanos que están en funciones en algunas comunas.
Solo el personal de comisarías trepa a 15 mil agentes pero también formarán parte de la transferencia las unidades de Policía Montada, Bomberos, la Guardia de Infantería y parte de las áreas de Policía Científica, de Investigaciones (Homicidios, Robo y Hurtos, Defraudaciones y Estafas, entre otras), de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de la de Aviación Federal.
Sistemas informáticos, inmuebles y demás bienes también quedaron de este lado de la General Paz. Tanto los servicios de custodias como los sectores que investigan delitos federales continuarán siendo controlados por la administración central.
Pero la idea de transferir los recursos para su manutención abrió paso a otra polémica por el porcentaje de coparticipación. Las dos cabezas controlantes continuarán divididas hasta que se finalice el proceso de transición que podría durar un año, pero que se advirtió, podría prorrogarse.
En materia salarial también deberán ser homologadas las situaciones de ambas fuerzas. Hoy la Metropolitana tiene algunos beneficios por sobre sus pares de la Federal. De todos modos, nada cambiará en lo inmediato: cada uno utilizará el mismo uniforme, cumplirá las 6 horas correspondientes en la dependencia que tenía asignada (los de la Metro cumplen un turno más extendido), y podrán seguir percibiendo las remuneraciones por adicionales, algo vedado para los que se desempeñan en la fuerza ideada por el ex comisario Jorge “Fino” Palacios.
Esta última cuestión fue mirada con mucho recelo por los “azules” sobre la noticia del traspaso. A veces, con el cobro de esas horas extras logran duplicar sus sueldos, un derecho que consideran adquirido. Es una condición innegociable de las que se pueden confesar. Existen otras que ingresan en el ámbito de la especulación y que giran en torno a negocios de algunos policías corruptos con el manejo de las comisarías y su injerencia en cuestiones delictivas cotidianas como el menudeo de venta de droga, el cobro indebido y extorsivo para proteger las redes de prostitución y demás abusos, inscriptos en las peores prácticas difíciles de desterrar de cualquier fuerza de seguridad con años de zonas liberadas, a pesar de las sucesivas purgas, re organizaciones e intento por evitar el autogobierno.
Fuentes oficiales aseguran que fue el primer paso para que todos los fueros de la justicia ordinaria sean también transferidos al área metropolitana, algo que implica el más grande movimiento que implicará una logística escalonada para que los tribunales pasen a depender de la ciudad, tal como fue pensada en 1996 para dotarla de autonomía.
Otro de los interrogantes a despejar es quién de los jefes de la Federal conservará su puesto en el nuevo esquema y quién será pasado a retiro, según las distintas opiniones en la gestión PRO acerca de su desempeño.
El jefe de la Policía Federal, comisario general Román Di Santo, dispuso horas antes de la confirmación del pase, el cambio de más de la mitad de los comisarios a cargo de las seccionales porteñas. La movida generará oportunidades en mandos medios que ya buscan obtener el favor de sus nuevos jefes políticos. Será solo el principio de una fuerte interna, nunca vista en las calles de la ciudad.
Pero con el argumento de financiar el traspaso, el gobierno dio lugar a una de sus medidas más polémicas: decretar la suba del 1.4% al 3.7% de la masa coparticipable. Sucedió menos de una semana después de que Macri vetara el decreto de Cristina Fernández que suprimía el descuento del 15% a todas las provincias, luego de que la Corte Suprema lo anulara en el caso presentado por las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis con su correspondiente devolución de fondos con retroactividad.
Esta decisión del Ejecutivo significó un aumento concreto del 168% bajo el justificativo de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial. El decreto 194/2016, fue publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay.
“El Estado Nacional entiende que para garantizar dicha autonomía resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento”, sostuvo el decreto publicado el 19 de enero y que repasó cuáles fueron los distintos niveles de giro implementados en los últimos años sobre la ciudad.
“Es procedente fijar el coeficiente de participación del 3,75% sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos a partir del 1° de enero de 2016”, concluyó. En ninguna parte del decreto explica lo que las autoridades se apuraron a aclarar: que era para financiar el traspaso policial. Los gobernadores no tardaron en hacer tronar su malestar, en un conflicto que se trasladó de inmediato al ámbito político.
En concreto, Macri retrotrajo lo dispuesto durante el interinato de Eduardo Duhalde en 2003. La posibilidad de hacerlo por decreto en la ciudad no es ilegal. Tanto Tierra del Fuego como la ex municipalidad de la ciudad, se encuentran dentro de las facultades presidenciales.
La decisión implica que los porteños tendrán mayor ingreso que San Juan (3,51 %), Jujuy (2,95 %), Catamarca (2,86 %), Río Negro (2,62 %), San Luis (2,37 %), La Rioja (2,15 %), La Pampa (1,95 %), Neuquén (1,54 %), Chubut y Santa Cruz (1,38 %) y Tierra del Fuego (0,7 %).
Esto se convirtió en un pase de manos de casi 17 mil millones de pesos, ya que la Ciudad tenía previsto recibir por coparticipación cerca de 10 mil millones y ahora recibirá alrededor de 27 mil millones.
Desde las provincias no tardaron en quejarse. El gobernador de La Pampa, Carlos Verna, advirtió que podrían presentar una demanda que escale a la Corte y así obtendrían un fallo favorable.
Su par tucumano, Juan Manzur lo consideró “un escándalo” aumentarle “al distrito más rico”, mientras que el ex mandatario misionero Maurice Closs la calificó como “la decisión más inequitativa de Macri”.
Todos cuestionaron la discriminación hacia provincias más desfavorecidas y con una tasa de necesidades superior. “Esta decisión se contrapone al DNU 73/2016, que entró en vigencia hace una semana, a través del cual se les quita a las provincias el 15 por ciento de los recursos que le corresponden, tal como había sido establecido por la Corte Suprema de Justicia y el Decreto 2635/15”, dijo el ex titular del Ejecutivo sanjuanino, José Luis Gioja.
Los peronistas salieron al cruce de la medida puntualizando que todas las provincias más pobres financiarían al distrito económicamente más favorecido, lo que implica una transferencia de recursos y una idea fallida del federalismo.
La saga podría sin dudas volver a quedar judicializada en medio del vencimiento de los plazos que implica el fallo de la Corte sobre Córdoba, Santa Fe y San Luis. Son nada menos que 90 mil millones de pesos que ya se les adeuda a esos distritos.