En Tribunales porteños está planteada la pelea por las vacantes en la educación inicial, mientras que el Ejecutivo y la Legislatura no generan soluciones. En el primer periodo de gestión de Rodríguez Larreta (2016 a 2019) se crearon 2.146 vacantes nuevas en educación inicial, de las cuales sólo 310 fueron para salas de 45 días a 3 años. El presupuesto del Ministerio de Educación tuvo una caída real del 10,18%, y el correspondiente a Educación inicial del 23,4%.
Por Ignacio Di Toma Mues
La falta de vacantes en escuela inicial no parece tener solución política. En 2011 habían quedado fuera del sistema de gestión estatal 5.629 niñas y niños y en 2019 el número creció a 9.120, información esta brindada por el Ministerio de Educación porteño. No contamos con cifras oficiales del año 2020.
En el primer periodo de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, entre 2016 y 2019, en términos reales el gasto aumentó un 10,87% y la recaudación un 11,6%; mientras que el Ministerio de Educación sufrió una caída en su presupuesto ejecutado del 10,18%, y en particular, la inversión en Educación inicial tuvo una caída aún mayor: el 23,4%.
Falta de vacantes y justicia
En febrero de 2011, en audiencia pública celebrada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, tras dos sentencias judiciales favorables a la demandante por falta de vacantes en nivel inicial, se presentó un acuerdo rubricado por el ministro de Educación porteño Esteban Bullrich, su par de Desarrollo Social María Eugenia Vidal y el titular de la demandante, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El acuerdo fue avalado por el alto tribunal.
En este documento, el Gobierno porteño reconocía “los legítimos reclamos” de la ACIJ, el incumplimiento de la Constitución y expresó su voluntad de llevar adelante “una política pública que garantice la existencia de vacantes suficientes en el nivel inicial”. Y se comprometía a ejecutar un plan de obras para crear en dos años 6 mil nuevas vacantes de nivel inicial que comprendía a niños de 45 días a cinco años.
Cabe destacar que la causa de ACIJ (que fue reconocida como una causa colectiva, que contemplaba a todos los niños y niñas sin vacantes) se inició en 2006, y obligó al Ministerio de Educación porteño a presentar un plan de obras nuevas para absorber la falta de vacantes, especificando fecha de inicio, cantidad de vacantes a absorber, franja etárea y fecha de finalización estimada.
“Lo innovador de este plan es que con cada inscripción que haya se debe actualizar la lista de vacantes y ajustar el plan a las nuevas necesidades” había expresado en ese entonces Martín Sigal, representante de la ACIJ.
Sin embargo, el problema del déficit de vacantes se profundizó año tras año. En los primeros días del mes de diciembre del año pasado, un fallo del Tribunal Superior de Justicia construyó un dique para contener las demandas judiciales contra el Gobierno de la Ciudad.
Marcela De Langhe, integrante del máximo tribunal porteño, en los considerandos de su dictamen señaló que “el Estado local no tiene una obligación inmediata de provisión universal de vacantes en los niveles no obligatorios del sistema de educación de gestión pública a cualquier habitante que lo solicite, con independencia de su situación”. Y agrega en otro párrafo: “el deber estatal comprende la asignación de las vacantes existentes de acuerdo al régimen de prioridades que establece la normativa vigente”.
En igual sentido dictaminaron la presidenta del Tribunal, Inés M. Weinberg, y el juez Santiago Otamendi. Mientras que Luis Francisco Lozano, decidió “acumular estas actuaciones al proceso colectivo instado por la ACIJ y suspender el trámite de este expediente a las resultas de lo que ocurra en aquél otro”. Cabe recordar que Lozano presidía el tribunal en 2011 cuando se presentó el acuerdo.
Y la jueza Alicia E. C. Ruiz no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, pero rechazó directamente el recurso de queja de anticonstitucionalidad del fallo de la Sala I que exigía al Gobierno de la Ciudad otorgar una vacante a la demandante.
Recordemos que el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad o el período mayor que la legislación determine”.
Como veremos más adelante, durante el primer periodo de gestión de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta (2016-2019) las vacantes nuevas que se generaron para la educación inicial correspondieron en un 85,6% para salas de 4 y 5 años.
A pesar del fallo del Tribunal Superior, dos jueces de primera instancia, Darío Reynoso y Andrés Gallardo, fallaron en estos días a favor de dos familias que reclaman por vacantes en el nivel inicial en salitas de 1 y 2 años.
El Juez Reynoso, manifiesta en su dictamen que “existen – a mi entender – razones de índole constitucional que, en virtud del rol que se me ha asignado de velar la plena vigencia de la Constitución de la Ciudad y que – en mi carácter de magistrado- me convencen de no aplicar la doctrina del Superior Tribunal local al caso en cuestión”.
Y refuta la teoría sostenida por De Langhe, y argumenta que no se puede eximir al estado de la Ciudad de la responsabilidad indelegable que le impone la Constitución local de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita a partir de los 45 días de vida.
“En otras palabras – sostiene el magistrado – los padres pueden decidir no escolarizar a las niñas y niños antes de los cuatro años, pues no existe obligación de hacerlo. Ahora bien, cuando desean hacerlo, la Ciudad tiene la obligación constitucional de asegurar y prever los recursos para permitir el ejercicio de ese derecho a partir de dicho momento. Todo lo cual se materializa garantizando una vacante a quien la solicite”.
El Gobierno porteño apelará y recurrirá, de ser necesario, al Tribunal Superior de Justicia. Y todos sabemos como terminará la historia.
Volviendo al acuerdo del año 2011, debemos decir que gracias a esta causa judicial colectiva se destrabó la construcción en Villa Pueyrredón de la Escuela Inicial N° 5 (José Cubas 2410) con salas de 45 días y a 5 años, inaugurada en 2013 y que generó alrededor de 300 vacantes. Pero cada año quedan más niños y niñas afuera del sistema estatal.
“Transcurrida prácticamente una década desde que el Gobierno de la Ciudad se comprometiera judicialmente en febrero de 2011 a resolver de manera definitiva la cuestión, financiando y llevando adelante un plan de obras para la creación de vacantes, la situación ha ido empeorando” expresó en un comunicado la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en diciembre del año pasado.
Vacantes y presupuesto
Durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, el presupuesto del Ministerio de Educación perdió ponderación respecto al presupuesto total. Ejecutado el presupuesto de 2015, la participación del área de educación sobre el gasto total fue del 23,2%. Si tomamos la ejecución presupuestaria de 2019 se ubicó en el 18,82%, mientras que en el presupuesto aprobado para el 2021 la incidencia es del 17,17%. No tomamos el año 2020 porque todavía no está la información actualizada.
En términos reales, ajustado por el índice de precios de la Ciudad, en el primer mandato de Rodriguez Larreta, 2016-2019, el Ministerio de Educación perdió un 10,18 %; mientras que el total de los gastos creció un 10,87% y la recaudación un 11,6%.
En cuanto a la Dirección General de Infraestructura Escolar, dirección que se encarga de ampliación de escuelas y obras nuevas, tuvo un fuerte crecimiento en los años 2016 y 2017, partiendo de un piso muy bajo de inversión. En 2015 equivalía al 1,05% del presupuesto total de educación, último año de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno de la Ciudad, y en el 2017 llegó al 3,46%. A partir de 2018 se registró una marcada caída de la inversión. En el presupuesto sancionado para el 2021 se ubica en el 1,08%.
Para la educación inicial de gestión estatal, el Ministerio de Educación destinó en 2015 el 9,12% del gasto total y en 2021 está contemplado un 7,78%. En el periodo 2016-2019 la caída real fue del 23,4%.
En cuanto a la cantidad de vacantes, en 2015 se ofrecieron 54.325 en todas las salas de educación inicial (de 45 días a 5 años), y en 2019 la cifra llegó a 56.471. El incremento fue de 2.146 vacantes, de las cuales para salas de 45 días hasta 3 años le correspondieron sólo 310.
Justamente, es en ese rango de edades donde se generan las demandas judiciales, y es hacia donde está dirigido el fallo del Tribunal Superior de Justicia.
La Dirección General de Estadística y Censos informó que la población proyectada para 2019 fue estimada en 124.214 niños y niñas de 0 a 2 dos años; 40.766 de 3 años y 81.114 de 4 y 5 años. Hay que tener en cuenta que es una proyección y tiene su márgenes de error, aunque en la ficha técnica del informe no están especificados.
La matriculación estatal en 2019 fue de 8.063 para las salas de 45 días a 2 años; 11.070 para sala de 3 años y 37.338 para salas de 4 y 5 años. Si tomamos la matriculación en escuelas privadas, para 45 días a 2 años tenemos 11.122; para 3 años un total de 16.824 y para 4 y 5 años la cifra fue de 40.515.
Con estos datos, y estimando cálculos de error en la proyección de población, con la matriculación sumada de estatal y privada, podemos considerar que para 4 y 5 años fue cubierta la demanda en un 100%; para 3 años un 70% y para 45 días a 2 años apenas un 16%.
Está claro que en la gestión estatal en ese año estaban las vacantes un 100% ocupadas, ya que habían queda afuera 9.120 niños y niñas. No tenemos el dato sobre el nivel de ocupación en las escuelas de gestión privada.
Por último debemos mencionar que en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat funcionan los Centros de la Primera Infancia que albergan alrededor de 11 mil niños y niñas de sectores vulnerables de 45 días a 3 años en jornadas de 8 horas.