Desde que comenzó la cuarentena obligatoria se quintuplicaron las denuncias de lxs inquilinxs en la Defensoría del Pueblo por prácticas ilegales del mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. El 65% de los reclamos están directamente relacionados con el incumplimiento del decreto presidencial 320/20. Entrevista a Fernando Muñoz, Coordinador del Programa de Atención a Inquilinxs de la Defensoría del Pueblo porteña.
Por Agustina Cavalanti
A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que condujo a una fuerte recesión económica, el presidente Alberto Fernández decretó la prorrogación de los contratos de alquiler, la suspensión de los desalojos, el congelamiento de los alquileres y la bancarización de los pagos (DNU 320/2020).
Pero en la Ciudad de Buenos Aires el mercado inmobiliario es rebelde hasta en el contexto de emergencia sanitaria. Desde que comenzó la cuarentena por coronavirus se quintuplicaron las consultas de inquilinxs en la Defensoría del Pueblo porteña por incumplimiento a la normativa vigente. El 65% de las denuncias se relacionan con la negación del derecho a adherir al decreto presidencial 320/20.
“Entre los reclamos más frecuentes se destaca la exigencia por parte de las inmobiliarias a inquilinxs que terminan su locación a fin de mes, para que firme contrato nuevo, negándole el derecho a prórroga vigente hasta el 30 de setiembre. Los precios que pretenden aplicar están desordenados y no hay una política unificada del mercado inmobiliario: exigen desde el 50% hasta el 100% más del valor del alquiler a pesar de que la normativa actual congeló los precios a comienzos del aislamiento social obligatorio (marzo de 2020)”, explicó a este portal Fernando Muñoz, Coordinador del Programa de Atención a Inquilinxs de la Defensoría del Pueblo porteña.
Según Muñoz, los reclamos se focalizan en Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Recoleta, Belgrano, Palermo, Caballito y Almagro, barrios donde se concentra el 80% de la oferta de los alquileres de la Ciudad. “Las zonas donde el Estado más dinero del presupuesto invierte es donde el mercado hace los mejores negocios. Por lo tanto, la Comuna 12, la 13, la Comuna 6 y parte de la 5 son distritos donde hay mayor cantidad de oferta de alquileres, pero son los más caros y desde donde nosotros recibimos la mayor cantidad de consultas y conflictos”, aseguró.
La imposibilidad de pago por pérdida de empleo o por falta de ingresos directos representa el 15% de las consultas de inquilinxs. “Se trata de inquilinas e inquilinos que en general buscan salidas inferiores de calidad de vivienda, mudarse a una habitación en viviendas colectivas, o sumarse a una vivienda de un familiar, o pedir tiempo para buscar vivienda económica”, explicó Muñoz.
Dentro del ranking de las ilegalidades, también se encuentra la exigencia de pagar el alquiler o irse de la vivienda a fin de mes (pese a la vigencia del refinanciamiento de alquileres impagos o pagados parcialmente) y la negativa a bancarizarlo, que alcanza el 11% de las denuncias.
“A pesar del volumen que tienen la negativa de ofrecer la cuenta bancaria para evitar el pago en efectivo, está a las claras que la decisión presidencial ha tenido un efecto importante en un mercado locativo acostumbrado a cobrar ‘en mano’ alrededor de 7 mil millones de pesos mensuales en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Muñoz.
Otra práctica ilegal ejecutada por las inmobiliarias porteñas fue la exigencia a abandonar la vivienda a fines de mayo por finalización del contrato “con el argumento de que están habilitadas las mudanzas por lo tanto no es obligación extender el contrato, a pesar de estar vigente la prórroga hasta el 30 de septiembre. Este reclamo abarcó el 10% de los trámites iniciados en el área”, dijo el Coordinador.
Asimismo, señaló que algunas inmobiliarias de la Ciudad ofrecieron la prórroga, pero firmaron contratos “cortos” de seis meses o un año, que no respetan siquiera el plazo mínimo establecido por el Código Civil (art. 1198) de dos años para inmuebles destinados a vivienda.
Finalmente, las denuncias por el cobro ilegal de alquileres en inmuebles donde lxs inquilinxs no pudieron tomar posesión por haberse decretado la cuarentena obligatoria; las expensas más caras y la no devolución de señas o depósitos, se suman a la larga lista que representa el hostigamiento del mercado inmobiliario porteño.
Por una Ley de Alquileres
Este jueves el Senado de la Nación volverá a sesionar de manera virtual para convertir en ley el proyecto que, entre otros puntos, extiende de dos a tres años el plazo mínimo de alquiler, establece aumentos anuales (no semestrales) y blanquea los contratos.
“Hoy el precio del contrato está ajustado de acuerdo con la propuesta que te hace el locador o la inmobiliaria directamente, que ronda en un 17 por ciento semestral. Con la Ley de Alquileres, el precio sería fijado nuevamente por un Índice Estatal conformado entre el Índice del Precio al Consumidor y la Variación Salarial. Es decir, el Estado recupera la facultad de publicar cuál es el aumento que le tienen que aplicar a los alquileres”, explicó Fernando Muñoz.
La sanción de la Ley de Alquileres significará una importante reducción de gastos para lxs inquilinxs. Por ejemplo, no pagarán más el Impuesto Inmobiliario, ni las expensas comunes extraordinarias. El proyecto establece que lxs inquilinxs tendrán a su cargo únicamente las expensas que deriven de gastos habituales, es decir, aquellas que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del inquilinx.
“También se deberán registrar los contratos en la AFIP. Por primera vez en décadas, el Estado va a recuperar la potestad de saber qué es lo que pasa en las relaciones de alquiler, cómo se alquila, qué dicen los contratos, cuáles son los valores y quiénes son los dueños”, finalizó Muñoz.