La fiscal de Cámara de la Sala I, Nidia Karina Cicero, rechazó la apelación de la Subsecretaría de Comunicación Social porteña. Señaló que la demandada, para el cálculo de la pauta oficial, “se apartaría de las pautas dadas a tal efecto por el Decreto reglamentario N° 933/2009, el cual, junto con la Ley N° 2587, conforman el bloque de juridicidad al que deben ajustar su actuación”.
Por Ignacio Di Toma Mues
La Medios Vecinales, en su controversia judicial con la Subsecretaría de Comunicación Social, lograron otro dictamen favorable. En este caso, de parte de la Fiscal de Cámara de la Sala I, Nidia Karina Cicero, quién rechazó la apelación de la medida cautelar que suspendió la resolución dictada por esta subsecretaría por entender que se estaría apartando de la juridicidad en cuanto a la regulación de la pauta oficial.
Cabe recordar que el juez de primera instancia, Guillermo Scheibler, hizo lugar a la cautelar solicitada por 58 editores de medios vecinales y ordenó suspender los efectos de la resolución 813/18 dictada por el subsecretario Merchensky hasta tanto se dicte una sentencia definitiva.
La resolución cuestionada modificó la Ley 2587, sancionada en diciembre de 2007, que regula la contraprestación publicitaria entre los medios vecinales y el Gobierno de la Ciudad. Esta modificación de la ley alteró la forma de establecer la pauta publicitaria, que tuvo como correlato una reducción del 19%.
La Fiscal Cicero, indicó que “sin perjuicio de lo que pueda decirse sobre la cuestión de fondo, y dado el acotado marco de conocimiento que admite la tutela preventiva, no puede soslayarse que la demandada ha utilizado un método de cálculo de la tarifa publicitaria que, por lo pronto, se apartaría de las pautas dadas a tal efecto por el Decreto reglamentario N° 933/2009, el cual, junto con la Ley N° 2587, conforman el bloque de juridicidad al que deben ajustar su actuación los órganos intervinientes”.
En cuanto al peligro en la demora, que dio lugar a la cautelar apelada por la Subsecretaria de Comunicación Social, aseguró que “el objeto del nuevo modo de cálculo de la tarifa publicitaria era reducir el precio a fin de lograr un equilibrio financiero, siendo dicho ingreso de suma relevancia para la subsistencia de tales medios vecinales, cuya reducción – cabe presumir – traería aparejados perjuicios en su funcionamiento habitual”.
Con el dictamen de la fiscalía, queda esperar la resolución de la Sala I de la Cámara de apelación. Mientras tanto el Juez Scheibler abrió la causa a prueba, y se libraron oficios a la Subsecretaría “a fin de que indique los motivos por los cuales se ha dictado la Resolución 813/2018” y al Diario Clarín “para que indique los precios del espacio publicitario de toda la página siete (7) correspondiente a la anteúltima semana de cada mes y cuál es el precio efectivamente abonado por el Gobierno de la Ciudad desde el año 2015 a la actualidad”.