El PRO logró aprobar cargos claves en el Máximo Tribunal porteño.
El ex titular del instituto de formación de la Policía de la Ciudad, De Langhe, y el ex Nº2 del Ministerio de Justicia Nacional, Otamendi, fueron aprobados por la Legislatura para ocupar dos plazas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Es el equivalente a la Corte a nivel porteño. Mahiques pasó del Consejo de la Magistratura a ser jefe de los fiscales a nivel local en reemplazo de Ocampo. Buenos lazos con Angelici, Larreta espectador en las nominaciones y negociación con los radicales para completar el enroque.
Por Gabriel Morini
El Gobierno porteño logró finalmente aprobar los pliegos de dos de sus candidatos para ocupar vacantes claves en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), el equivalente a la Corte Suprema en el ámbito porteño.
Y en la misma sesión de la Legislatura pudo hacer el enroque que necesitaba para colocar a un nuevo fiscal general, encargado de las investigaciones como jefe de todos los fiscales, y reemplazar así al renunciado Martín Ocampo, el único funcionario que pagó los costos del malogrado operativo de la final de la Copa Libertadores entre Boca y River.
En términos de distribución del poder no ha cambiado nada. Más bien hay una consolidación del poderío del presidente de Boca Juniors Daniel “Tano” Angelici. El único de los presuntos operadores judiciales que rodean a Mauricio Macri que puede mostrar un balance positivo para sus objetivos.
En sesión especial, la Legislatura hizo a un lado las impugnaciones que habían arreciado sobre los candidatos y aprobó los pliegos de Marcela Vivian De Langhe y de Santiago Otamendi para que integren el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y también dio su conformidad a la designación de Juan Bautista Mahiques como Fiscal General del Ministerio Público.
El apoyo político para alcanzar los 40 votos necesarios provino del radicalismo porteño y del bloque de Martín Lousteau. No hizo falta negociar con el PJ, el otro camino que tenía a mano Horacio Rodríguez Larreta. Curiosidad: el alcalde porteño no pudo nominar candidatos de tropa propia. Pero se cuadró ante la propuesta que “bajó” desde la Casa Rosada porque tampoco fueron postulantes a los que no podría asimilar a su estructura.
El 20 de diciembre Ana Conde y José Osvaldo Casás presentaron su renuncia, prevista desde comienzos de año, algo que fue recibido sin sorpresa por el Ejecutivo porteño que las aceptó. El cambio no es menor si se tiene en cuenta que dos nuevos lugares se abrieron en un tribunal con bastante estabilidad, cuya última ingresante fue en 2009 Inés Weinberg de Roca.
La jurista vio comprometido su pase como Procuradora General. Hoy es la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, lugar al que llegó en una continuidad de lazo con Rodríguez Larreta por iniciativa del propio Macri que la nominó. Junto a ella, permanecen dos miembros más en un “reducido” TSJ. Alicia Ruiz y Luis Lozano completan la nómina. Por esto se volvía urgente la cobertura de los lugares antes de ingresar de lleno al período electoral.
La Comisión de Justicia y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control analizaron los expedientes; y finalmente los candidatos para los cargos en la justicia tuvieron que exponer sus antecedentes en Audiencia Pública. De Langhe no tuvo objeciones. Los demás sí.
De Langhe es abogada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y en Políticas Públicas en Seguridad. Su postulación resultó aprobada con 43 votos a favor, tres más de los que necesitaba. El kirchnerismo tuvo 11 abstenciones y el bloque de izquierda votó en contra. Llegó luego de ser titular del Instituto de Formación de la Policía Metropolitana, hoy Policía de la Ciudad.
“Si llegara a tener el altísimo honor y privilegio de ocupar el cargo, aspiro a integrar un Tribunal Superior que asuma el rol protagónico para consolidar el proceso de plena autonomía jurisdiccional que corresponde a esta Ciudad”, aseguró De Langhe, al momento de cumplir con su audiencia ante los legisladores.
El fallo de la Corte Suprema, denominado caso “Bazán”, fue uno de los últimos movimientos en ese sentido, colocando al TSJ por encima de la revisión de las resoluciones que provengan de la justicia nacional, los tribunales cuya transferencia a la órbita de la ciudad es resistida por los propios jueces. Es un escenario que abre un signo de interrogación sobre cómo continuará, sobre todo luego de las elecciones.
Otamendi llega luego de haber sido Secretario de Justicia de Germán Garavano. Fue uno de los más prolijos funcionarios del gabinete en materia judicial, un terreno en el que el Gobierno derrapó en varias oportunidades. Tuvo actuación destacada y de bajo perfil al frente del GAFI, el organismo supranacional encargado de monitorear políticas referidas al lavado de dinero a nivel internacional.
La única mácula de Otamendi no es menor: fue impugnado por la asociación Memoria Activa, que agrupa a familiares de víctimas del atentado a la AMIA. La firma de Otamendi estuvo en el proceso en el que la querella oficial desinfló las acusaciones contra los fiscales cuya responsabilidad se probó en un juicio sobre el encubrimiento de la investigación inicial.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina cuenta con un curso de Posgrado en Actualización en Derecho Penal. Su postulación resultó aprobada con 41 votos a favor, 11 en contra y 6 abstenciones. Y fue objetado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Le adjudicaron que no contaba con autonomía respecto del poder gubernamental, y le cuestionaron “ser parte medular del Gobierno nacional y porteño al punto de verlo salir a participar de timbreos durante época de campaña”.
Juan Bautista Mahiques es quizás, como jefe de los fiscales, el caso más polémico. De familia judicial, su padre es actual presidente de la Cámara de Casación, luego de haber sido trasladado a instancias del Gobierno nacional y de desempeñarse fugazmente como Ministro de Justicia de María Eugenia Vidal.
Su hermano Ignacio Mahiques, es el fiscal que fue designado para instruir la causa Vialidad contra Cristina Kirchner. Su otro hermano se desempeña en el Ministerio de Justicia. La relación de Juan Bautista con Angelici, en ambientes judiciales, es conocida y considerada directa.
Mahiques venía de ser el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y su último movimiento estuvo dado en el pedido de juicio político que descerrajó el Gobierno contra el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla. Recibió impugnaciones de parte del CELS, ACIJ e Inecip por “no reunir los requisitos constitucionales de idoneidad para el cargo e independencia de criterio”.
Las tres propuestas y sus impugnaciones fueron analizadas tras la audiencia pública por los diputados, quienes acordaron, en mayoría, desestimar las objeciones y firmar el dictamen para que los expedientes con los pliegos sean girados al recinto de sesiones que los terminaría aprobando sin problemas.
El de Mahiques también cosechó 43 voto, 3 más de los que necesitaba, con lo que se podría concluir que fue holgado el triunfo del oficialismo para nominar piezas claves del sistema judicial.
El Gobierno porteño tenía dos opciones: pactar con el histórico dirigente del PJ porteño con amplios acuerdos de gobernabilidad con el oficialismo que era Juan Manuel Olmos, quien poseía un bloque de cuatro legisladores pero su ductilidad le permitía atraer “sueltos” como para arribar cómodamente al número.
La opción escogida por el larretismo fue acudir a los radicales versión Martín Lousteau. Esa pata radical tiene por detrás al histórico operador Enrique “Coti” Nosiglia, y Emiliano Yacobitti de muy buenos (y eternos) lazos con el Poder Judicial. Este bloque posee los seis nombres que necesitaría el oficialismo para asegurarse que prosperen los pliegos en la Legislatura. Les sobraron votos.