El flamante jefe de gobierno demostró su espíritu fiscalista y recortó contratos de trabajadores en el Gobierno de la Ciudad, pero pretende continuar ajustando. Las negociaciones con Nación por la Coparticipación y los intereses en común con Milei.
Por Fernando Casasco
Ajuste. La palabra más de moda en la política argentina desde el arribo de Javier Milei a la Presidencia. Como alguna famosa franquicia de películas de terror ya los argentinos no sabemos ni por qué número va, pero apunta a convertirse en el “éxito” del verano.
Según la promesa del Presidente, el ajuste lo iba a pagar la que él denomina como “la casta”: los políticos, sindicalistas y empresarios prebendarios. Sus primeras acciones, que llevaron a casi triplicar la inflación que había permanecido “contenida” – según los propios dichos de los funcionarios nacionales – demostraron que la mayor parte del ajuste recaerá sobre la sociedad en su conjunto y en su mayor parte, sobre los sectores de menores ingresos.
En línea con la prédica que emana del gobierno nacional, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri esboza su propio ajuste a nivel local. Y, como siempre, el hilo se corta por lo más débil: entre los últimos días de 2023 y los primeros de este año el Gobierno de la Ciudad cortó unos siete mil contratos de distintas áreas y promete más.
La mayoría de los despedidos eran personal que ingresó en los últimos cuatro años al Gobierno porteño y que, en general, figuraba bajo la forma de contratos de locación de obras y servicios (LOyS), es decir que facturaban como monotributistas o sus contratos eran renovados anualmente. Esta es una de las maneras más usuales, desde hace más de 30 años, que utilizan los gobiernos de distintos niveles (nacional, provincial, municipal) y de todos los signos para precarizar el empleo público y evitar la contratación definitiva en planta permanente. En total, en el Gobierno de la Ciudad revistaban unos 21 mil agentes en esta modalidad.
La oposición de izquierda y ATE Capital denunciaron que el corte de los contratos se hizo a mansalva, sin ningún criterio especial. Y que se trataba de trabajadores comunes, no de militantes políticos. Las áreas más afectadas son la Dirección General de la Mujer, los Refugios para mujeres víctimas de violencia de género; el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; el Instituto de la Vivienda; Ecoparque: Tránsito: la Subsecretaría de Atención Inmediata y varias direcciones del Ministerio de Cultura.
En la sede de Uspallata prometen un recorte de lo que denominan “la planta política” que iría del 25 al 40% del personal. Además, Macri pretende eliminar cargos políticos de los distintos ministerios, entre secretarías, subsecretarías, direcciones y programas especiales. En otro capítulo más de la interna del PRO, los nuevos funcionarios acusan al ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de haber superpoblado algunas reparticiones como forma de pago a militantes o a aliados en su frustrada campaña para la Presidencia.
Así el mandatario porteño busca aumentar la sintonía con la Casa Rosada. Jorge Macri habla de hacer gestos de austeridad hacia la ciudadanía, aunque no redunde en un gran ahorro para las arcas porteñas. “Yo ando en mi auto. Hay una persona que lo maneja, pero es mi auto, no es un auto oficial. ¿Cambio con esto los números de la Ciudad? No. Es un mensaje”, graficó en una entrevista en el canal TN. Y subrayó: “La política tiene que empezar a estar un poco más incómoda. La política ha estado muy cómoda estos últimos cuarenta años y la gente muy incómoda. Tenemos que empezar a dar vuelta esa ecuación, creo que Milei intenta hacer eso”.
Pero se ve que para los funcionarios macristas esos gestos de supuesta incomodidad se circunscriben sólo a sus obligaciones oficiales y no a su vida social. Apenas 20 días después de asumir sus funciones al frente de la capital de un país con una profunda crisis, el funcionario viajó en un jet privado a Punta del Este, Uruguay, a pasar las fiestas de fin de año junto a su pareja, su familia y otros distinguidos dirigentes del PRO. Incómodo ma non troppo.
Copa medio llena o medio vacía
Una tarea más difícil que la de ajustar sus propias cuentas le espera a Jorge Macri: reclamar que el gobierno nacional le pague lo adeudado tras el amparo concedido por la Corte Suprema en materia de coparticipación. Para eso también cree que le servirán los “gestos” de austeridad de su administración y los buenos lazos con los funcionarios nacionales, algunos de ellos ya viejos conocidos de la gestión de su primo Mauricio.
Recapitulemos: la Ciudad de Buenos Aires recibía desde su autonomía el 1,4% de la coparticipación federal. Tras el traspaso de la Policía Federal (el personal de las comisarías porteñas y sus funciones), el gobierno de Mauricio Macri le aumentó unilateralmente el guarismo al 3,75%, aunque tras la queja de los gobernadores, la dejó en 3,5%.
Como nunca hubo una ley del Congreso que ratificara esa cifra, Alberto Fernández volvió a quitarle una parte de esa coparticipación para destinarla al combate de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Luego, una ley del Congreso volvió a establecer el porcentaje en el 1,4%, más una suma fija y actualizable por los servicios de seguridad transferidos a la Ciudad. La administración de Rodríguez Larreta rechazó la medida y se presentó ante la Corte Suprema, que en diciembre de 2022 otorgó una medida cautelar, estableciendo provisoriamente la cifra de coparticipación para la Ciudad en 2,95%.
La administración del Frente de Todos ofreció pagar la diferencia con bonos, pero el Gobierno de la Ciudad reclamó el dinero en efectivo. Actualmente la deuda por ese concepto asciende a unos 354 mil millones de pesos, según la cuenta de las autoridades porteñas.
Por este tema, Jorge Macri conversó en los primeros días de enero con el ministro de Economía, Luis Caputo. El funcionario nacional no asumió mayores compromisos más allá de reconocer que la deuda existe. Por su parte, el jefe de gobierno admite que el slogan de “no hay plata” del gobierno nacional torna complicada la resolución de la cuestión. Durante ese primer encuentro, Macri y Caputo sólo se pusieron de acuerdo en armar una mesa entre los equipos técnicos de ambas administraciones que estudie el tema. Sin plazos a la vista.
Las necesidades políticas y económicas juegan de un lado y del otro. Para el gobierno de Milei es fundamental tener una buena sintonía política con el mandatario porteño, sobre todo en lo que denominan el “control de la calle”: los operativos conjuntos entre Nación y Ciudad para evitar los cortes en el tránsito ante las manifestaciones políticas, principalmente de piqueteros y sindicatos.
Asimismo, el Jefe de Estado busca darle volumen parlamentario al descomunal paquete de medidas incluido en la ley ómnibus enviada al Congreso, por lo que debe tratar de sumar la mayor cantidad de apoyos del macrismo y sus aliados.
Por el lado de Jorge Macri interesan las oportunidades abiertas a partir de las desregulaciones y transferencias que pretende llevar adelante el Poder Ejecutivo Nacional: el mandatario porteño busca concretar los traspasos de la Justicia laboral, el puerto, la Terminal de Ómnibus de Retiro y la Inspección General de Justicia. Además, hay varias obras de la Ciudad que dependen de fondos o avales del gobierno nacional, como el proyectado viaducto del tren Sarmiento o las obras en la Villa Zavaleta.
Por último y no menos importante, la administración porteña sigue de cerca lo que ocurrirá con las tarifas del transporte y los servicios públicos. Los colectivos que circulan por la ciudad de Buenos Aires cuentan con subsidios tanto de Nación como del gobierno porteño. Sin subsidios, aumentaría el boleto fuertemente y también conllevaría un mayor aumento en el subte (único servicio de transporte que depende 100% de la Ciudad), sumando malhumor a los trabajadores y vecinos.
Macri está pendiente de la evolución en los aumentos de precios y también admitió la posibilidad de que en una primera etapa del gobierno de Milei haya “hambre en la clase media”. Como alguna vez dijo un gran estadista “la víscera más sensible del hombre es el bolsillo” y eso puede marcar el límite del aguante social a programas de ajuste y empobrecimiento.